Bombas de tiempo. Eso son las residencias de adultos mayores --todavía popularmente y mal llamadas "geriátricos", concepto que se corresponde con paradigmas arcaicos-- en tiempos de pandemia. Las noticias que llegan de Europa son alarmantes: más del 50 por ciento de las muertes que se contabilizaban en la última semana de abril habían ocurrido en residencias. Lo que sucede en el país espanta también: aparecen con frecuencia nuevos hogares como focos de contagio. Solo en la ciudad de Buenos Aires, ya son 29 los adultos mayores muertos en residencias y hay 132 casos positivos en 13 establecimientos. Las históricas debilidades en el sistema de cuidados a personas mayores --como la ausencia de una ley nacional para estos espacios-- quedan al desnudo. A lo mejor este escenario sea una oportunidad para prestarle más atención.

"La pandemia irrumpe en un mundo envejecido, que vive un fenómeno que he llamado 'gerontoglobalización': la humanidad, en todo el planeta, logró conquistar años de vida. Constituyó a la vejez en una etapa larguísima, de 20, 25 años promedio", dice la gerontóloga Isolina Dabove a Página/12. La población mayor de 60 años a nivel mundial está entre el 8 y 9 por ciento y la expectativa de vida promedio es de 80 años. "En los países más envejecidos, como Japón e Italia, enseguida apareció la pregunta: ¿qué hacemos con las personas mayores? La otra pregunta que apareció en el planeta, no sólo en la Argentina, es: ¿y con las residencias de larga estadía? ¿Qué hacemos?", describe la abogada e investigadora del Conicet.

"Viejismo" es el término que emplea para sintetizar el conjunto de respuestas y políticas de Estado que el coronavirus activó a nivel mundial. Término acuñado en 1969 por el psiquiatra Robert Butler para aludir a toda práctica que discrimine, invisibilice, desprecie o silencie a un ser humano sólo por ser viejo. "Se ha invisibilizado el fenómeno del envejecimiento. No se habla demasiado de él. Se ha desarrollado una cultura viejista, a partir del silenciamiento de los problemas específicos de personas mayores. Se las pone a todas en la misma bolsa, en el lugar de la dependencia. Nos equivocamos completamente", sentencia la especialista. En esa dirección se inscriben medidas como la obligación de llamar por teléfono antes de salir o actitudes como culpar a los jubilados que no saben usar el cajero automático.

Las residencias en la pandemia

La tasa de internación en residencias de larga estadía es muy baja en la Argentina. Está entre el 2 y 2,5 por ciento de los adultos mayores, según datos aportados por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires. Esto se debe a "nuestra composición de familia latina", plantea Eugenio Semino, director de Tercera Edad del organismo. En estos días viene visitando residencias afectadas y hablando con familiares. Se encuentra siempre con un mismo sentimiento: la culpa. "El nono tiene que morir en casa pase lo que pase. Los sajones tienen una altísima tasa y la internación es voluntaria", compara.

El viernes, el Ministerio de Salud porteño confirmó el fallecimiento de 29 adultos mayores en residencias en la Ciudad de Buenos Aires, donde fueron confirmados 132 casos positivos en 13 establecimientos. En la semana que pasó fueron noticia los 37 contagios (30 residentes, siete trabajadores) y la evacuación en la residencia Carpe Diem , de Paraguay al 2400, en Recoleta. También se confirmó el primer caso de covid-19 en una institución de Mendoza que mantiene convenio con el PAMI.

Antes hubo otros casos muy resonantes. El del Apart Incas, por ejemplo, residencia privada ubicada en el barrio porteño de Belgrano, donde además de 21 infectados se registraron siete muertes, y el del Santa Lucía de Saldán, en Córdoba (convenio con PAMI), donde contrajeron la enfermedad más de 60 personas, entre internos y trabajadores, y hubo 10 muertes. Hubo un episodio de contagios masivos en el partido bonaerense de Hurlingham, donde al menos siete personas se infectaron y varios mayores debieron ser trasladados para recibir atención médica. Otro caso importante en la provincia fue el de una residencia en Moreno, clausurada por no contar con habilitación (una muerte, 20 contagiados). En el ámbito porteño se sucedieron los allanamientos (en Flores, Devoto, Parque Avellaneda y Montecastro).

"Más allá de que son noticia, no son muchas las residencias las afectadas", dice Mónica Roqué, secretaria de Derechos Humanos, Gerontología Comunitaria, Género y Políticas de Cuidado de PAMI. "Se han tomado las medidas a tiempo, pero hay que saber que son el lugar de mayor riesgo. Seguramente vamos a encontrar muchos casos más y muchas personas, sobre todo mayores de 80 años, van a fallecer. Es lo que plantea el escenario mundial", añade. El PAMI creó una comisión de expertos y activó un protocolo sanitario --en "permanente actualización"-- para monitorear la evolución del coronavirus en residencias.

En el ámbito porteño, desarrolla un trabajo conjunto con la gestión de Horacio Rodríguez Larreta. La tarea de control recae fundamentalmente en el Ministerio de Salud porteño, pero también tiene participación la cartera de Desarrollo Humano y Hábitat. La Justicia deberá evaluar la responsabilidad de instituciones, autoridades encargadas de auditorías e incluso de las familias de los residentes.

Para Semino, más importantes que los protocolos son los testeos muestrales. En España, el 45 por ciento de las muertes de personas mayores acontecieron en "estados de internación geriátrica", en espacios de "mejor infraestructura" que los que pueden hallarse en la Argentina. "La gran diferencia con respecto a Alemania, que prácticamente no tuvo muertes en internación, es que testearon personal y residentes en forma permanente. Nosotros no tenemos la guita de Alemania. Planteamos que se hagan testeos muestrales de cada lugar empezando por el personal", explica. Es una tarea que viene demorada en la ciudad de Buenos Aires: iba a comenzar el 4 de mayo, pero los insumos de China para realizarlos no llegaron aún al país. "Si no se hace metódica y sistemáticamente el testeo, los infectados ya están".

Un mapa posible

Según cifras de la Defensoría, en el país hay 150 mil "camas" de internación en 3800 establecimientos. A su vez, hay otros mil a los que se define como clandestinos. Semino sostiene que el asunto central en torno a la actividad es que es "Pamidependiente": de aquellos 150 mil servicios, "un tercio" son los que PAMI otorga a sus afiliados. "Esto hace que los geriátricos y sus dueños, durante toda la vida, terminen teniendo a PAMI como referencia económica y demanda cautiva. Por lo cual existió una corrupción estructural en todos estos años. Nunca despegaron como actividad comercial competitiva", sugiere el abogado y gerontólogo, que sí detecta "negocios inmobiliarios", sobre todo en los últimos años. Una visión que se distancia de otras voces críticas en relación a cómo el Estado deja que el mercado y el lucro hagan de las suyas en este tema, como las que aparecen en una nota publicada por este medio a mediados del año pasado .

En ese artículo, Vilma Paura, especialista en Planificación y Gestión de Políticas Sociales, decía: “Cuando el Estado participa en la atención y el bienestar de las personas mayores garantiza el acceso a bienes y servicios más allá de la posibilidad de comprarlos en el mercado. En cambio, cuando no lo hace o tiene una participación restringida, esto queda librado a la posibilidad que tengan ellos y sus familias de poder pagar los precios del mercado”.

Sintetizando mucho, pues hay variantes de lo más diversas, la tipología de residencias de larga estadía arroja por lo menos tres categorías: las privadas, las "caras", como la que estalló en Avenida de los Incas, de entre 150 y 180 mil pesos de cuota. Un segundo gran sector trabaja con PAMI. Son "más chicas, más modestas, con menos hotelería". Y el tercero, que se "extendió mucho", es el de las clandestinas, "que cobran conforme a la cara del cliente, entre 10 y 20 mil pesos, y trabajan en negro y con personal en negro".

En la ciudad de Buenos Aires se cuentan aproximadamente 500 espacios. PAMI tiene convenio con 200. Otro grupo importante lo integran los hogares privados que rondan los 60 y 70 mil pesos de cuota. Existen también espacios administrados por el Estado, pero su escasez es llamativa. "Los cuidados de larga estadía no han sido política de ningún gobierno. Esto es de larga data, de hace dos siglos atrás. Y se corresponde con cómo nacen estas instituciones en la historia argentina: no con el Estado, sino por las sociedades de beneficiencia", explica Dabove.

El Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat porteño tiene bajo su órbita los edificios que componen en la Ciudad la oferta estatal. Nada más dos están en la capital: el Guillermo Rawson, en Constitución, y el San Martín, en Paternal. Los otros se encuentran en Ituzaingó (Martín Rodríguez Viamonte) y Necochea (Raimondi). El secretario de Integración Social para Personas Mayores del GCBA, Sergio Costantino, añade que hay además "tres hogares conveniados", a los que ingresan adultos que viven en la calle. Hay cuatro residencias de PAMI y un hogar dependiente de la Dirección Nacional de Políticas para Adultos Mayores (Balestra).

Costantino detalla que la cartera de Desarrollo "acompaña"; que el poder de "policía" sobre las residencias lo posee el Ministerio de Salud. "Estamos acompañando día a día. Esta es una situación que nunca pasó en el mundo. Estamos tomando todas las medidas, accionando todos los protocolos. Tenemos muchos empleados que trabajan en otros lugares y ámbitos y eso complica. Tratamos de hacer que se queden en los hogares la mayor cantidad de horas", asegura. Entre recientes medidas para incrementar la bioseguridad en los espacios que dependen de la cartera, están los turnos de 12 horas para restringir la rotación del personal de enfermería. También cabinas de sanitización para ingreso y egreso de personal y su sectorización para buscar que estén en contacto siempre con los mismos residentes.

Costantino responde a una denuncia periodística en torno al Martín Rodríguez Viamonte, que aloja a 737 ancianos. Hubo tres casos de covid-19 entre los trabajadores, quienes señalaron falta de protección sanitaria y riesgo de trabajo por desidia de las autoridades. "Uno estaba con licencia y con los otros activamos el protocolo dentro del hogar. Charlo permanentemente con los trabajadores", afirmó el funcionario. Ante la consulta de si era verdad que los empleados debieron ir a trabajar igual tratándose de casos sospechosos y sin conocerse los resultados de los testeos, contestó que no era cierto. Al momento, no hubo ningún caso de contagio entre los residentes de hogares dependientes del GCBA.

"Hay muy pocas residencias públicas en todo el país. Tampoco hubo de parte del Estado, en ningún nivel, una política de promoción de empresas", remarca Dabove. "Cuando en las décadas del '60 y '70 crece la cantidad de personas mayores, aparece un mercado nuevo: el del cuidado de la persona mayor. Por el servicio que brindan, las empresas deberían ser supercontroladas por el Estado. Cumplen un servicio que el Estado no puede o no quiere dar", agrega la gerontóloga.

Por todo esto es cuestionable la caza de brujas hacia lugares clandestinos. En CABA muchos pasaron a moverse en las sombras tras un endurecimiento en las exigencias para las habilitaciones. "Hay cada vez más personas mayores y una necesidad creciente. Si no hay un Estado que cubra esa necesidad o empresas privadas que quieran invertir de manera legal, van a dar ese servicio emprendimientos de manera paralela, y los va a contratar gente en la inmediatez y la urgencia. El Estado ha mirado para el costado convirtiéndose en cómplice de la clandestinidad", sugiere Dabove. "Agradezco que este tema haya salido a la luz", dice Roqué. "El Estado hasta el día de hoy nunca miró a las residencias clandestinas. Debe ayudarlas a dejar de serlo. Son lugares necesarios", apunta.

De hecho, es muy curioso que el primer precedente de la actividad a nivel mundial esté ligado, justamente, a la clandestinidad. En el siglo VI después de Cristo, los aristócratas que precisaban de cuidado y estaban solos fueron a buscarlo a los conventos. Hacían un acuerdo con las órdenes religiosas: donaban sus bienes a modo de pago por alojamiento, cuidado y alimentación. "Nacen de manera espontánea y sin regulación, son hijos de la necesidad", define Dabove.

Hacia una ley nacional

La Constitución Nacional no dice una palabra sobre el cuidado hacia los adultos mayores. Tampoco existe una ley nacional dedicada a las residencias de larga estadía. Desde el siglo pasado, municipios y gobiernos provinciales son los que regulan y controlan con ordenanzas y leyes. Algunas aparecieron como consecuencia de tragedias (incendios, inundaciones). El problema es que se inscriben en el derecho administrativo. Son normas en torno a cantidad de habitaciones, dimensiones de las mismas, autoridades, servicios básicos, etcétera, que no atienden a los derechos humanos de quienes habitan los espacios.

Espacios que se encuentran tan en un limbo que resulta complejo definirlos. Aunque aún sea lo más común mencionarlos como "geriátricos", es un término inválido y obsoleto porque los reduce a la dimensión médica cuando es de suponer que ofrezcan otro tipo de servicios, como actividades recreativas y culturales. Y cuando van mucho más allá de aquella dimensión: son el centro de vida de muchas personas.

La más reciente de todas las normas es la de la Ciudad de Buenos Aires (5670), reglamentada en 2018. "Hay un artículo que habla de una práctica que no debió siquiera ser nombrada en una ley: las sujeciones. Se establece de manera explícita que por razones de cuidado o seguridad la institución puede sujetar a una persona por orden médica. Se puede hacer por siete días y prorrogarse por siete más. Si tuviera que seguirse prorrogando se debe pedir autorización judicial. Hoy en los tribunales de CABA han crecido de manera sustanciosa los pedidos de los establecimientos de continuación de prácticas de sujeción", advierte Dabove. Prácticas que pueden requerir de "cables, sábanas o fármacos", y que contradicen "a todas luces" la Convención Interamericana para la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores , vigente y obligatoria en la Argentina desde hace tres años. "La ley de CABA lo puso sobre la mesa, lo reguló, pero en la práctica sabemos que se hace en otros lados."

La especialista trabajó en la elaboración del Proyecto de Ley sobre Régimen Jurídico del Contrato de Servicios Residenciales Gerontológicos, en colaboración con la senadora Norma Durango, para incorporar una perspectiva de derechos humanos al escenario. También lo está apoyando el legislador Mario Fiad. El rasgo esencial es que coloca "en el centro de la escena a la persona mayor, como contratante, ubicando a la familia en el papel de garante o fiador". "La familia tiene que actuar pero siempre bajo la protección del sistema de salud mental que rige en la Argentina y con la participación de abogados para que se respete la autonomía y la capacidad jurídica de las personas mayores, así como también su espacio para decidir por sí. No invadiría las jurisdicciones, sino que complementaría sus normas", explica la doctora en Derecho. Discriminación, destrato, abusos: esos son algunos viejismos que la iniciativa pretende desterrar.

El problema de la atención

Eugenio Semino, director de Tercera Edad de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, repasa otras problemáticas que registra en las residencias de larga estadía. Una es "estructural": la de recursos humanos. Son las mujeres las que en general se dedican a la "sacrificadísima" tarea de cuidados en los hogares. "No son consideradas personal de salud y se les paga una miseria. Los sueldos de convenio son de 20 lucas. Es un sector absolutamente inobservado. Y es una de las grandes formas de explotación y exclusión", afirma el abogado. Las cuidadoras y auxiliares que trabajan en CABA y en el primer cordón de la provincia de Buenos Aires suelen vivir en "barrios humildes del segundo y tercer cordón". Viajan muchísimo hasta llegar a sus lugares de trabajo y la mayoría de las veces completan sus salarios desempeñándose en diferentes espacios.

En tiempos de pandemia, otro eje es la "fragilización de la atención". De por sí, las residencias suelen trabajar "con el mínimo exigido por la ley, con pocos insumos de protección y bioseguridad". "A partir de la cuarentena, el mínimo empieza a mermar aún más", advierte Semino. Parte del personal debió ser licenciado por tener más de 60 años, por embarazo o enfermedades preexistentes. Por protocolo no pueden ingresar familiares. "El familiar, sobre todo en el caso de los postrados, funcionaba como rueda de auxilio al personal, especialmente en la ingesta. Hay menos personal y no hay ayuda externa, lo cual fragiliza la atención, sobre todo la de los más frágiles. Si se los cambiaba cuatro veces se los cambia dos, con lo cual aparecen escaras. Tienen malas ingestas, aparecen la desnutrición, la deshidratación", grafica el director de Tercera Edad de Defensoría del Pueblo.

Un tercer problema es la "reubicación" de los mayores a quienes se les va dando el alta, "más cualitativo que cuantitativo": "no hay nada establecido" en torno a este tema y "se va haciendo lo que se puede". El caso de la residencia Santa Lucía de Saldán, que fue clausurada, sirve para ilustrar este punto: la semana pasada los familiares de los residentes difundieron una carta abierta porque PAMI no había conseguido un nuevo lugar para ellos. La mayoría se encontraba en hospitales y varios estaban ya en condiciones de recibir el alta.