Cuando la Argentina reconoció formalmente al coronavirus como pandemia y decretó el aislamiento como principal medida para frenar su expansión, el juicio por los crímenes que la última dictadura llevó a cabo en los pozos de Banfield y Quilmes que funcionaron en la provincia de Buenos Aires se acercaba, lento pero por fin, a su fecha de inicio. Por entonces, 20 de marzo, sobrevivientes y familiares de víctimas no querían imaginar que el parate producto de la covid-19 significaría una extensión en la demora de la Justicia, que todavía no llega. Pero sucedió y el juicio, agendado para el 5 de este mes, se pospuso. Ahora, el Tribunal tiene la intención de reconvertir el proceso en un debate remoto, algo que no conforma a las querellas.

“No es aceptable. Lo que buscamos es algo simbólico, poner un mojón que recuerde qué fue lo que pasó, que quede en la memoria. Eso se diluiría con la vía remota”, evaluó Gustavo Calotti, uno de los 10 estudiantes secundarios platenses de La Noche de los Lápices. Junto a parte de ese grupo estuvo secuestrado en el Pozo de Quilmes, que funcionó en la Brigada de Investigaciones de la Policía bonaerense en ese partido del este del Conurbano, y su testimonio es uno de los casi 400 que se prevé escuchar en el debate oral.

El lunes pasado, dos días antes de la fecha de inicio fijada en enero, el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata informó a las partes la postergación del juicio por los crímenes de dos de los centros clandestinos más importantes del Circuito Camps y a su vez su intención de concretarlo en breve de manera remota. Para eso, contaron los jueces Eduardo Farah, Walter Venditti y Esteban Rodríguez Eggers, que consultaron a la Corte Suprema de Justicia y al Consejo de la Magistratura sobre “los medios técnicos, de conectividad y de personal especializado que resultan mínimamente indispensables para la celebración remota de las audiencias de debate”, algo que puso nuevamente en alerta a las querellas que reúnen a sobrevivientes y familiares de víctimas de ambos centros clandestinos.

Es que no era la primera vez que los magistrados, subrogantes de San Martín intentaban flexibilizar las condiciones del debate, que cuenta con una demora de más de un lustro. Antes de finalmente fijar fecha, intentaron realizar el juicio en San Martín, participar de manera remota y hasta reducir la lista de testigos. Entonces, el coronavirus recién comenzaba a avanzar en China. Pero unos meses después, la pandemia se extendería por todo el globo imponiendo la reconfiguración de las actividades que requieren reunión de personas. Entre ellas, los juicios orales. Oportunidad perfecta para que los jueces volvieran a la carga.

Emilce Moler es otra de las víctimas de ese operativo de secuestros y asesinatos que tuvo lugar el 16 de septiembre de 1976. Coincidió con Calotti en el centro clandestino quilmeño y también lo hace ahora, en un análisis adverso a que el método online gane la totalidad del juicio oral. “Por supuesto uno quiere que cuanto antes se den inicio a los juicios de lesa, con lo que no acordamos es con que se haga de cualquier manera. En ese sentido, propone “buscar un equilibrio” entre la necesidad de comenzar el debate, algo que “se espera desde hace años”, y “el respeto que se merecen los testigos, los sobrevivientes, los familiares de las víctimas de poder ser escuchados en un contexto que brinde amparo”.
Antes de que finalizara la semana pasada, la querella unificada de la Secretaría de Derechos Humanos de la nación y la subsecretaría homónima bonaerense, así como la Fiscalía solicitaron al TOF que realizará una audiencia preliminar para analizar las condiciones en las que el debate sería llevado a cabo, algo con lo que coinciden el resto de las partes acusadoras en el juicio, entre las que se encuentran Calotti y Moler.

Pero, ¿qué es lo que incomoda de la vía remota? La posibilidad de que reemplace de una vez y para siempre la posibilidad del “encuentro con la Justicia”, algo que esperaron por décadas, es uno de los temores más urgentes. “No sería bueno que el TOF cierre condiciones para el debate que, quizá en unos meses, van a ser más estrictas de las condiciones en las que viviremos post pandemia”, apuntó Moler.

Noemí Diggiani, secuestrada el 30 de marzo de 976 y encerrada en el Pozo de Banfield durante todo el siguiente abril, reconoce la intención de “las políticas de Estado en que los responsables de los crímenes no mueran sin condena”. Su compañera en la Mesa de Trabajo del Sitio de Memoria que funciona hoy en lo que fue aquel centro de secuestro, tortura y maternidad clandestina del terrorismo de Estado, Berta Horen --secuestrada por la Triple A en abril del 75 y torturada allí--, advierte, no obstante, que el hecho de que el juicio se desarrolle a través de aplicaciones digitales “le restaría visibilidad, cuando lo que necesitamos respecto de los juicios por estos crímenes es que trascienda, que sea ejemplificador”. Ninguna de las dos es querellante ni será testigo en el debate, pero lo aguardan con ansias y, desde el sitio de memoria, habían preparado una serie de actividades en torno del acontecimiento.

Pozo de Quilmes-Comisión Provincial de la Memoria



Otro de los puntos es el hecho de testimoniar en la soledad del hogar, algo que podría suceder en caso de que se lleve a cabo de manera remota el debate. Para Moler, “es abandonar en cierta manera a quien da testimonio, nos deja en una situación indefensa a los testigos ya que estamos solos, desprovistos de la mirada de nuestros abogados y de las personas queridas, que siempre apoyan”, señaló. En ese sentido, Calotti opinó que si el tiempo apremia para los represores y también para algunas víctimas y familiares, que son mayores, “el tribunal podría habilitar las indagatorias y el testimonio de esas personas. Pero muchos otros no queremos participar de esa forma. Yo quiero dar testimonio en una sala en la que pueda ver a los jueces”, completó.

Por último, Calotti mencionó el carácter reparatorio de los juicios orales: “La reparación queda en el olvido con el método remoto porque parte de ese proceso tiene que ver con con lo que le pasa a uno cuando le dice a un tribunal y al público lo que vivió. A mí, como ex detenido, me sirve para darle un cierre a esa historia”.