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La reducción del gasto público es una de las obsesiones del equipo económico. “Hay que mirar bien donde se gasta. Queremos gastar bien, gastar de manera eficiente”, fue una de las primeras declaraciones públicas del ministro Nicolás Dujovne. En ese sentido, ratificó que cumplirá con la pauta de déficit fiscal (4,2 por ciento) prevista en el Presupuesto 2017. La implementación de un fuerte ajuste suena inviable en un año electoral. Sin embargo, la estrategia oficial incluye desde limitar la recomposición salarial de los empleados públicos (la paritaria docente es un caso testigo) hasta reducir diversas prestaciones sociales.
La intención sería avanzar en un “silencioso” recorte presupuestario. Por ejemplo, la eliminación del reintegro del 5 por ciento del IVA a las compras implicó un “ahorro” de 7500 millones de pesos. La supresión de ese beneficio fue menos “visible” que otro tipo de ajustes. El fallido retoque de la fórmula de movilidad jubilatoria y prestaciones sociales estaba en esa línea. Pequeñas detracciones, realizadas a millones de beneficiarios, hubieran permitido “ahorrar” cerca de 3000 millones de pesos anuales.
El secretario de Coordinación Ministerial, Mario Quintana, sostuvo que “no nos pueden correr por corregir un error matemático de veinte pesos de impacto”. “Para un rico veinte pesos no es nada. Para un jubilado es mucho”, contestó la diputada oficialista Elisa Carrió.
Los datos de ejecución presupuestaria revelan que no se trata de “errores” sino de un rumbo definido: reducir los fondos estatales dirigidos a los sectores más vulnerables. El tratamiento mediático hegemónico contribuye a invisibilizar esa cuestión. El padecimiento de los sectores populares no merece la tapa de los “grandes diarios”. Por caso, el faltante de remedios en los hospitales públicos permanece excluido de la agenda noticiosa. La fuerte caída de beneficiarios del Plan Progresar es otra muestra del ajuste “por goteo” que padece la población más vulnerable. Ese programa, creado en 2014, garantiza una transferencia monetaria a los jóvenes entre 18 y 24 años que cumplen dos condiciones: 1) continúan estudiando y 2) habitan en hogares con ingresos inferiores a tres salarios mínimo vital y móvil.
El padrón del Progresar se redujo de 904.950 (diciembre 2015) a 723.085 jóvenes (junio 2016, última información publicada). El Estado se “ahorró” alrededor de 1000 millones de pesos, en el primer semestre de 2017, por esa caída de beneficiarios.
La evolución del Plan Conectar Igualdad muestra idéntica tendencia. El programa había entregado 5.300.000 netbooks en la etapa 2010–2015. La gestión macrista apenas entregó 94.111 netbooks en 2016, cuando se requieren alrededor de 600.000 para cubrir a todos los ingresantes al nivel secundario. Por otro lado, esas máquinas eran una “pesada herencia” (ya habían sido compradas) de la administración anterior.
Los investigadores del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) sostienen en Mejorar el Gasto. Análisis de la evolución del Progresar, Conectar Igualdad y pensiones no contributivas de Anses en 2016 que “los números muestran que no sólo se redujo drásticamente el Programa Progresar y el Conectar Igualdad, sino que además hubo ajuste en las pensiones no contributivas; las pensiones por invalidez se redujeron en el primer semestre de 2016) en 13.087 casos, las de madres de siete o más hijos en 6.528 casos y las graciables en 6.353 casos.
@diegorubinzal
