La provincia de Tucumán todavía no adhirió a la "Ley Micaela", la norma que busca transmitir herramientas y deconstruir sentidos comunes de desigualdad y discriminación contra las mujeres en la órbita de lo tres poderes del Estado. Recién ahora la Legislatura tucumana está por debatir su adhesión para dejar de ser la única provincia que no adhirió a esta norma. En ese contexto aparecieron tres legisladores, entre los que se encuentra Ricardo Bussi, el hijo del genocida, que presentaron un proyecto donde sostienen que la norma nacional, “empodera a la mujer como una suerte de Gestapo ideológica”.

No termina allí el texto presentado por estos legisladores provinciales. También sostienen que “se evidencia que en realidad, la verdadera intención no es la lucha contra la violencia de género, sino la de imponer por la ventana una visión ideologizada y confrontativa, utilizando para ello una tragedia social”.

El proyecto lleva la firma, además de la del hijo del genocida Antonio Domingo Bussi, la del macrista Walter Berarducci y la bussista Nadina Pecci. Estos pretenden imponer un proyecto de ley “con modificaciones” a la ley nacional Ley Nº 27499, que aún espera ser instrumentada en Tucumán.

Los parlamentarios fundamentaron sus dichos por escrito en la iniciativa al destacar que la norma no es necesaria, sino que además atacaron al Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, conducido por Elizabeth Gómez Alcorta que “tiene la potestad de marcar contenidos conforme a su ideología que luego serán impartidos a los agentes públicos provinciales, bajo pena de sanciones y escraches en páginas gubernamentales, los contenidos, metodologías y sanciones de la ley son abiertamente contratarías a nuestra Constitución. Este ministerio tiene una orientación ideológica ULTRA FEMINISTA Y ABIERTAMENTE ABORTISTA (las mayúsculas están en el texto original)”, dicen los legisladores.

Los parlamentarios de derecha entienden que la capacitación e información sobre la violencia de género en todas las áreas del Estado provincial es “un caballo de Troya”, para que desde ahí “se impongan ideologías sectoriales y autoritarias”.

Mientras tanto, más de 200 organizaciones de mujeres, estudiantiles, políticas, Lgbtiq+, organismos de Derechos Humanos y familiares victimas de femicidios, presentaron esta mañana el petitorio para que la Legislatura de Tucumán adhiera “sin modificaciones”, ni más “demoras” a Ley Micaela. Tucumán no sólo es la única provincia que no adihiró a esta ley sino que además es la que, por iniciativa del vicegobernador Osvaldo Jaldo, se votó una ley que declara a la provincia como "Provida" y, por lo tanto, se opone a una posible ley de aborto pero también se persigue a los médicos que aplican la ILE (interrupción legal del embarazo).