Con los tribunales federales con luz verde para decidir cómo retomar los juicios de lesa humanidad, la mayoría en suspenso tras el aislamiento social obligatorio, diferentes actores que participan del proceso de juzgamiento de los crímenes de la última dictadura siguen alzando su voz. La Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, que nuclea a varios sobrevivientes de centros clandestinos de detención, querellantes y testigos en los debates orales, reclamó ayer al Poder Ejecutivo y al Judicial recursos económicos y humanos “para que continúen los juicios con las condiciones de salubridad necesarias en esta pandemia en todas las instancias”. “Los juicios deben seguir y deben seguir siendo orales y públicos”, remarcaron, en respuesta a la intención general de continuar los procesos por la vía remota. La postura es contraria a la que vienen sosteniendo organismos   como Abuelas y el Cels, también la Secretaría de Derechos Humanos, que vienen pidiendo que la Justicia llegue, si es necesario, en forma remota, tomando como ejemplo el el juicio de la “Subzona 15” en Mar del Plata , cuya sentencia fue dictada de esa forma.

La semana pasada, la Cámara de Casación Penal habilitó a los tribunales federales a que retomen los debates , hasta el momento en su mayoría suspendidos, y les recomendó que utilicen, para eso, la vía remota. Lo hizo al responder a un pedido realizado la semana anterior por la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad con el objetivo de superar el parate en el que se encuentra el proceso de juzgamiento a genocidas frente a la pandemia.

En otra postura, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y Abuelas de Plaza de Mayo emitieronla semana pasada comunicados en los que pidieron la elaboración de protocolos para que se continúen los juicios de lesa humanidad más allá del aislamiento social, preventivo y obligatorio. Esto se da luego de la recomendación --festejada por los organismos de derechos humanos-- que tomó la presidenta de la Cámara de Casación Penal, Ángela Ledesma, para que los tribunales orales continúen con los procesos de forma remota.

Por el contrario, la AEDD sostiene que ”los juicios deben continuar”, pero con ciertas condiciones aseguradas que tradujeron en exigencias al Estado. No acuerdan con la vía remota como modo para desarrollarlos ya que “lo presencial es parte fundante en el sentido de reparación para las víctimas y señalización de los acusados”, señalaron. “Justicia y reparación son la esencia de los juicios”, remarcaron, en línea con otros sobrevivientes de violaciones a los derechos humanos que no integran el colectivo . 

Las víctimas nucleadas en la AEDD reclamaron recursos y acciones. Al Poder Ejecutivo y al Judicial les reclamaron recursos. Del primero, requirieron “la decisión política para brindar los medios económicos necesarios para que puedan continuar los juicios en las condiciones de la pandemia”. Al segundo, “la designación de personal y medios necesarios” para que los juicios sigan siendo “orales y públicos”.

En relación con los juicios específicamente, tradujeron recursos a espacios “apropiados” en donde “con las distancias necesarias poder realizar algunas audiencias”. “Lo que no debiera faltar es la presencia de quienes son juzgados y por otro lado la posibilidad, en caso de que sea algún compañero, compañera, o familiar el que deba declarar, que esta sea presencial y se permita la concurrencia de un grupo del público, además de las querellas y organismos de asistencia a las víctimas”, insistieron: “No estamos de acuerdo en que se dicten sentencias sin posibilidad de público y acto posterior”.

Pero, además, opinaron sobre la instrucción de las causas, una etapa que “no puede ni debe pararse” durante las circunstancias extraordinarias que impone el coronavirus. “Creemos necesario remarcar, no sólo la posibilidad, sino también la necesidad de que se amplíen y completen en forma urgente y eficaz todas las causas en instrucción, la pandemia no es obstáculo para ello, el movimiento de gente es mínimo y muchas de esos trabajos se pueden hacer en forma remota”, completaron.

El organismo posó, luego, la atención en el hecho de que las condenas que dictan los tribunales orales a genocidas no son de cumplimiento inmediato. “Todos los juicios de lesa terminan en la Corte”, señalaron, instancia que tarda en resolverse entre 6 y 8 años. “Lo que se vuelve remoto no es el juicio, sino la condena”, criticaron. En ese sentido, con signos de admiración, exigieron que la Corte Suprema de Justicia “se ponga a trabajar”. “La Corte, con su desidia en la que el coronavirus no tiene nada que ver, de hecho, esta indultando de por vida a la inmensa mayoría de los genocidas. Urge su resolución”, advirtieron.

Por último, rechazaron la habilitación de prisiones domiciliarias o excarcelaciones a investigados o condenados por delitos de lesa con la excusa del virus. “Las condiciones de detención de los genocidas son notablemente mejores que la de los presos ‘comunes’ tienen espacios amplios y limpios que le permiten el aislamiento necesario para evitar el contagio de la covid-19”, completaron. Según un reciente informe del Ministerio Público Fiscal, el 72 por ciento de pedidos de esta clase amparados en el coronavirus fueron rechazados. Al Poder Legislativo le encargaron la sanción de una ley que prohíba la morigeración en cualquier forma que sea de penas a quienes cometieron aquellos delitos.