Represión policial y detención de adolescentes, agresiones de jóvenes a trabajadores, acefalía institucional, reclamos presupuestarios, paro y medidas de fuerza de los empleados. Un clima caótico se vivió en la delegación local de la Dirección de Niñez desde fines de octubre a mediados de diciembre del año pasado, dejando al descubierto una administración deficiente de esta área, que desembocó en el recambio de funcionarios, tanto en la Dirección como en la Subsecretaría de la provincia. A poco más de tres meses de haber asumido las nuevas autoridades, la tensión pública parece haberse aplacado, fundada en nuevas medidas que se vienen tomando, pero según el testimonio de varios trabajadores la problemática de fondo está lejos de haberse encaminado hacia una resolución, e incluso denuncian persecución y castigos ejemplares para los que "más han abierto la boca", todo esto ante la mirada pasiva de los gremios.
En contacto con Rosario/12, la actual directora de Niñez para Rosario, Claudia Aguilera, se mostró optimista por lo realizado hasta el momento: "Estamos un poco más estabilizados, saliendo de la crisis que se atravesó y que culminó con el paro de los trabajadores, atendiendo los distintos reclamos". De esta manera, la funcionaria dio cuenta de una serie de medidas que buscan reestructurar el funcionamiento de la Dirección.
La directora Aguilera subraya el cambio en la dinámica de trabajo de los equipos que reciben a los chicos.
Una de las modificaciones que se van a implementar tiene que ver con un cambio en la dinámica de trabajo de los equipos que reciben a los chicos. Por un lado, cada grupo ya no va a tener una pertenencia territorial sino que va a recibir todos los casos que ingresen en el plazo de una semana sin distinción de distritos, y luego tendrá aproximadamente dos meses para abocarse a las situaciones que ingresaron en ese tiempo, sin tener que recibir nuevos casos. Según explicó Aguilera, esto le va a permitir a los profesionales de cada uno de los siete equipos que se van a formar "trabajar tranquilos sin que estén ingresando situaciones nuevas", como ocurría anteriormente.
Sin embargo, esta iniciativa no fue considerada beneficiosa por algunos de los trabajadores. En ese sentido, Natalia Juárez, presidenta del Colegio de Profesionales del Trabajo Social 2ª Circunscripción y también trabajadora de la propia Dirección de Niñez, expresó a este diario: "Me parece contraproducente esta reestructuración porque distritalmente los territorios no son lo mismo, no tienen las mismas lógicas, en el sur no se da la misma complejidad que se da en el oeste". Además, explicó que las instituciones de primer nivel, que son las que trabajan territorialmente con los jóvenes y convocan ante una urgencia a los equipos de la Dirección, van a perder el nivel de coordinación porque tendrán que estar constantemente con un equipo diferente.
Otro de los inconvenientes que plantea Juárez tiene que ver con la falta de profesionales necesarios para formar equipos interdisciplinarios, ya que actualmente están constituidos solamente por dos o tres integrantes, que no logran cubrir la excesiva demanda que tiene el organismo, en donde se reciben por semana veinte pedidos de intervención ante la vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes.
Cuestionan que no se distingan territorios. "La complejidad del sur no es la misma que la del oeste".
Sobre este punto, Aguilera contó que se abrió una convocatoria para contratar nuevo personal con el objetivo de reforzar a todos los equipos con uno o dos miembros más. Se trata del escalafón 522, un concurso en el que ya se anotaron profesionales en las distintas disciplinas (abogados, trabajadores sociales y psicólogos). Si bien esta medida fue bien recibida en el gremio UPCN, ya que consideran que permitirá descomprimir a los servicios llenando los cargos vacantes, Natalia Juárez consideró que se trata de un concurso "que no otorga regularidad al trabajador, ya que no permite un ingreso en planta permanente, y establece renovación cada un año".
Peor situación laboral es la de los Acompañantes Personalizados, que son trabajadores que están por fuera del gobierno provincial y prestan un servicio sin ser reconocidos como empleados directos del Estado. Por esta situación, desde 2010 vienen pidiendo por derechos laborales ante la precarización en la que se encuentran, y un régimen legal con respecto a sus contrataciones que les dé un marco de regularidad. En ese sentido, Jorge Mosca, coordinador gremial de UPCN en el Ministerio de Desarrollo Social provincial, contó que se va a realizar próximamente una convocatoria para que las designaciones se hagan de manera ordenada a través de un escalafón por orden de mérito, puedan cobrar de manera blanqueada sus ingresos y tengan los aportes correspondientes. Hasta tanto no se efectivice este concurso, estos trabajadores están privados de derechos elementales como los aportes previsionales y el derecho a ser parte de la negociación paritaria.
La falta de recursos concretos es otro de los problemas que plantea Juárez respecto de las soluciones que debe dar el estado de manera inmediata. En ese sentido, la directora local de Niñez le adelantó a este diario que tienen previsto mudar la sede de calle Ricardone, donde no hay espacio suficiente para albergar a todos los trabajadores ni poder desarrollar el trabajo de los grupos adecuadamente, a un edificio ubicado en la esquina de Mitre e Ituzaingó, que va a contar con tres plantas con lugares diferenciados para que los equipos puedan realizar sus actividades de forma más ordenada y con mayor espacio.
Sin embargo, el recurso específico con el que trabaja la Dirección y que configura actualmente su principal demanda es la de los lugares de alojamiento para los niños y adolescentes que deben ser separados de sus familias cuando se ven vulnerados en algunos de sus derechos. Hasta el día de la fecha hay 196 jóvenes, entre varones y mujeres menores a 18 años, distribuidos en 18 centros, entre propios y pensiones privadas, ubicados en la ciudad de Rosario y alrededores.
Ante la falta de plazas de alojamiento oficiales, muchos adolescentes que deben ser retirados de su núcleo familiar debido a situaciones graves o de extrema urgencia, como por ejemplo amenazas de muerte, terminan ubicados en hostels o pensiones precarias a la espera de que aparezca alguna plaza oficial. Además, no existen en Rosario lugares específicos que trabajen con niños que presentan problemas de salud mental, por lo que se deben realizar internaciones en instituciones privadas.
Frente a la consulta sobre la necesidad de aumentar el presupuesto, la directora Aguilera no consideró necesario llegar a esa medida: "Manejamos más de la mitad de las partidas del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia, y junto con los recursos que el gobernador nos puso a disposición estamos resolviendo los distintos inconvenientes que se presentan". Ante esta perspectiva, Juárez expresó: "Si la directora considera que está bien el presupuesto, entonces hay un problema de gestión de recursos, caso contrario la dificultad tiene que ver con una cuestión de prioridad política".
Todos estos inconvenientes en torno a las políticas de infancia y adolescencia vienen teniendo su eco en el Consejo Municipal de Niñez, un órgano autónomo integrado por distintos sectores políticos y sociales, destinado a hacer un seguimiento de las políticas públicas referidas a la infancia, adolescencia y sus familias. La concejala Norma López, integrante de este organismo, reconoció que a las reuniones mensuales que se realizan para tratar estas problemáticas no acuden representantes de la Dirección ni del gobierno provincial, como así tampoco los jueces de familia, quienes tienen la obligación de hacer un control de legalidad sobre la situación de los jóvenes que debieron ser retirados de sus hogares. Por eso, la edila busca promover junto a otros bloques del Concejo Municipal la convocatoria a una audiencia pública para lograr que obligatoriamente asistan funcionarios de los tres niveles del Estado con el objetivo de que brinden datos oficiales sobre la situación actual en Niñez, dado que"no contestan los pedidos de informes y no se tiene una evaluación de lo que se viene realizando".
