Si se creara una línea de tiempo de la empresa Ledesma se podría comprobar una cosa: en 111 años de existencia hizo sentir su poder en Jujuy con una continuidad asombrosa. Este 13 de mayo se cumplen 43 años de la desaparición del intendente que le quiso cobrar impuestos municipales, el radical Luis Arédez. Desde su pueblo, Libertador General San Martín, no consiguió que respetara una ordenanza para el pago de tributos en 1973 que le costaría la vida cuatro años después. 

Hoy sigue todo igual. La compañía de los Blaquier no abona el impuesto inmobiliario urbano porque su predio figura como ejido rural. Otro radical, el gobernador Gerardo Morales, apenas le cobra el 0,75 % de ingresos brutos a la producción primaria gracias a que el gobierno de Mauricio Macri permitió una baja escalonada desde el 3,5 % que rigió hasta fines de 2017. En ese marco el emporio azucarero, papelero, citrícola, ganadero y de energías renovables rebajó un 30 por ciento los salarios de su personal en abril pasado con el visto bueno del sindicato local de Obreros y Empleados de Papel, Cartón y Celulosa de la provincia. En 2019 la sociedad anónima había facturado por más de 20 mil millones de pesos y sus ganancias aumentaron un 128%.

El médico Arédez asumió su cargo al frente de la intendencia el 1° de junio del 73. El municipio le debía 32 millones de pesos a la Caja de Ahorros y distintos proovedores por la instalación de la red cloacal. Esa deuda que el dirigente de la UCR mencionó en su discurso de asunción era la más alta de la tesorería. Necesitaba fondos y por eso le reclamó a Ledesma que pagara impuestos en una nota del 27 de noviembre de 1973. 

La compañía le respondió con una carta firmada por su administrador general de aquella época, el ingeniero Alberto Lemos, que entregaría un cheque por 200 mil pesos imputables “a cuenta de las obligaciones fiscales que se determinen conforme al ordenamiento jurídico que se halle vigente”. Además se comprometía a desembolsar 100 mil pesos mensuales desde el 1° de enero de 1974 hasta agosto de ese año. En total un millón de pesos cuando Libertador General San Martín debía 32 millones solo por sus cloacas.

La empresa le negaba a la intendencia la atribución de cobrarle impuestos o tasas ya que según la nota de Lemos sus pagos “no significaban de modo alguno dar cumplimiento a la notificación practicada por la Dirección de Rentas el 27 de noviembre último ni a la ordenanza impositiva y código tributario de esa Municipalidad”.

Ricardo Arédez, el menor de los hijos de Luis, recuerda que el conflicto entre Ledesma y el médico radical venía de antes: “El ingeniero Arrieta, el padre de Nelly, la esposa de Carlos Pedro Blaquier, le dijo a mi padre que ocasionaba muchos gastos para la empresa porque recetaba medicinas para saber el estado de salud de los niños. Fue así que lo echaron, pero como estaban en plena zafra, el sindicato de obreros hizo una huelga general y Arrieta se vio obligado a reincorporarlo hasta que terminara la cosecha de caña”. 

Olga, la viuda del intendente y Madre de Plaza de Mayo que durante años dio vueltas en soledad a la plaza central de Ledesma, “siempre se interesó muchísimo en qué había pasado con el cobro de los impuestos que exigió mi padre. La vida hubiera sido otra en el pueblo si la empresa pagaba lo que correspondía”, agrega Ricardo.

Gastón Remy es economista, docente en la Facultad de Ciencias Económicas de Jujuy y escribe con continuidad artículos sobre Ledesma en Izquierda Diario. Dice que ahora “se está preparando todo para hacer la zafra, se tiene un protocolo y la empresa salió a publicitarlo en el diario El Tribuno y el gobierno se lo va a dar automáticamente. Morales habló antes de que se pronunciara Ledesma diciendo que la actividad del azúcar tenía que empezar”. El 28 de mayo se iniciará la zafra como sucedió siempre a esta altura del año.

En su página corporativa, la compañía sostiene que “hace 111 años trabajamos en Jujuy y cuidamos 100.000 hectáreas de sus bosques. Generamos riqueza y 7.800 empleos en seis provincias argentinas”. Una de sus unidades de negocios, la industria papelera, les redujo el 30 por ciento de sus salarios a los trabajadores con el agregado de que no realizará los aportes patronales. De esa forma además desfinanciará al sistema jubilatorio. El convenio por sueldos a la baja lo firmó el Sindicato de Obreros y Empleados de Papel, Cartón y Celulosa de Jujuy pero todavía no fue homologado por el Ministerio de Trabajo.

Roberto Fernando Balanza es el secretario general del gremio. Trabajó 32 años en Ledesma y dice que el acuerdo abarca a 350 empleados papeleros. Desde Jujuy le informa a Página/12 que “nosotros fuimos y hablamos con la empresa. Acá está todo parado, no se vende nada. Como sindicato de base tenemos la facultad de hacer acuerdos y en este los empleados cobraron el 70 por ciento del salario neto más adicionales. Yo agarré el sindicato hace cuatro años y antes no se conseguía nada, ni una categoría. Las paritarias se hacen acá, no en Buenos Aires entre gallos y media noche”. 

El gremialista comentó también: “Desconozco si Ledesma tramitó el subsidio para pagar sueldos, aunque la contadora nuestra me informó que puede hacerlo. Yo no estoy ni a favor ni en contra de lo que haga la empresa con eso”. Esa ventaja debería aplicarse ante hipotéticas dificultades económicas causadas por la pandemia del coronavirus que la SA de la familia Blaquier no tiene si se analizara su último balance.

Ledesma conserva el 40 por ciento de la producción nacional de papel y según su memoria y balance al 31 de mayo de 2019, procesó durante ese ejercicio 3.892.324 toneladas de caña, un 5,5% más que en el período anterior. A pesar del contexto recesivo que profundizó el macrismo con sus políticas socio-económicas, vendió 324.681 toneladas de azúcar que representaron un 11,5 % más con respecto al ejercicio del 2018 (291.259). Al mismo tiempo reconoció que hace un año le debía al sistema previsional 65.418.924 pesos que no eran exigibles a la fecha del cierre de su balance. Los datos constan en las 184 páginas de su última memoria y estados financieros.

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