A pesar de que la pandemia de coronavirus profundizó la crisis económica e incrementó todo tipo de demandas sociales, el oficialismo porteño pone sus fichas, como lo ha hecho en sus doce años de gestión de la Ciudad, en los negocios inmobiliarios. En este caso, la Legislatura se apresta a aprobar la rezonificación de dos terrenos fiscales, que fueron traspasados el año pasado por la Nación a la Ciudad de Buenos Aires, para construir dos torres de 45 metros de altura en el barrio de Villa Crespo, que permitirán ampliar el polo comercial del megaestadio Movistar Arena, propiedad del diario La Nación. El proyecto que propone crear la Urbanización Especial Entorno Estación Villa Crespo , el cual se votaría la semana próxima, avanza pese al rechazo de vecinos, organizaciones sociales, comuneros, sectores de la oposición, y a que aún falta el resultado del informe de la Agencia de Administración de Bienes del Estado, a quien el presidente Alberto Fernández ordenó revisar las cesiones de tierras que hizo Mauricio Macri a la Ciudad durante su gestión presidencial.

La semana pasada, a través de una reunión virtual, las comisiones de Planeamiento Urbano y la de Presupuesto le dieron despacho al proyecto de Ley N° 2.795-J-19, que autoriza a construir dos torres de 45 metros en los terrenos públicos ubicados en avenida Corrientes N° 6094/6102 (3930 m2). De acuerdo a la normativa, se permitirán edificaciones destinadas al uso comercial, residencial, de alojamiento y cultural, en estos inmuebles que fueron parte de los predios ferroviarios que Nación transfirió a Ciudad, que, así como los recibió, los sacó a subasta a través de la Ley N° 6179.

Para hacer un poco de historia, esta ley, que autorizaba la venta de de 13 inmuebles con una superficie de aproximadamente 23 hectáreas, fue aprobada el 4 de julio pasado. Menos de cinco meses después, el 21 de noviembre, la Legislatura aprobó en primera lectura la ley N° 2795 para darle una nueva normativa urbanística al predio, determinando su capacidad constructiva. Y en marzo de este año, diez días antes de que se declarara la cuarentena, se realizó la audiencia pública, obligatoria por ley pero formal en los hechos, ya que no es vinculante y los reclamos vecinales y de las organizaciones que se presentan caen en saco roto.

Ahora, cuando la ley se encamina a su sanción definitiva, las críticas se multiplican. Por una parte, hacen centro en las prioridades que fija el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta en medio de la pandemia; por otra, apuntan a un negocio llave en mano, ya que sospechan que quienes se quedarán con los predios son los mismos que explotan el Estadio Arena. “El 6 de diciembre la Dirección General de Concesiones y Permisos le dio un Permiso de Uso Precario, oneroso, por un año a la firma Buenos Aires Arena para el predio de Corrientes 6094. Comenzaron a limpiar el terreno e hicieron una especie de entrada para facilitar el ingreso al megaestadio. Es decir, parecen estar preparando todo para la construcción. Lo previsible entonces es que sea vendido al Arena”, explicó a PáginaI12 el abogado y titular del Observatorio del Derecho a la Ciudad, Jonatan Baldiviezo.

“En su momento presentamos un amparo pidiendo la inconstitucionalidad de la ley que autorizó esta venta de tierras porque violó la Constitución al omitir la participación ciudadana y no convocar a audiencia pública. Si se activa la venta, pediremos a la justicia que avance con la inconstitucionalidad. Es decir, no cuestionamos que se pueda construir sino la venta de tierras, que el Estado se desprenda de bienes públicos”, señaló el letrado, quien advirtió también que hay presentada una denuncia penal anterior por la transferencia de las tierras que hizo Macri de Nación a Ciudad porque “tendrían que haber pasado por el Congreso nacional”.

Baldiviezo señaló que, “a raíz de estas irregularidades, Fernández sacó el decreto que ordena investigar todas las transferencias de Nación a la Ciudad. Y no deja de ser llamativo que, si bien está vencido el plazo de 60 días y la AABE no emitió el dictamen, el gobierno porteño avance con estos proyectos inmobiliarios, entre los que está también Costa Salguero”. “Esto muestra la prioridad del gobierno porteño que, a pesar de la crisis acentuada por la pandemia, ponga el foco y convoque a la Legislatura para los negocios inmobiliarios, cuando hay resoluciones judiciales para que se abastezca de agua potable a las villas, faltan protocolos de actuación contra la covid-19 en los barrios populares, hay déficit habitacional...”.

En una línea similar, el legislador porteño del Frente de Todos Juan Manuel Valdés dijo a este diario que “no deja de soprendernos que avancen en esta política de venta de tierras cuando ha sido objetada por el Gobierno nacional y se espera el informe definitivo sobre los traspasos de tierras”. Y señaló que “en un contexto de derrumbe de los precios inmobiliarios, el Estado va a entregar un recurso escaso como la tierra, cuando hay déficit habitacional y faltan espacios verdes, y malvender las tierras. En este marco el único que puede hacer un negocio es el comprador. El gobierno (porteño) tendría que registrar que la etapa de vender tierras del Estado terminó con Macri”.

Los vecinos se oponen a las torres

“Fueron descuartizando el barrio para avanzar por partes, porque el bajo viaducto, el Movistar Arena y el Entorno Estación Villa Crespo son parte de un mismo plan que los enhebra”, dijo a este diario Oscar Zuazo, coordinador de la Comisión de Ambiente del Consejo Consultivo de la Comuna 15,. “El rechazo de los vecinos y las organizaciones ante este proyecto quedó plasmado en la audiencia pública del 10 de marzo”, agregó, y remarcó que “están gentrificando el barrio y ampliando el entorno comercial del Arena”.

“Aunque hay poco tiempo, queremos que la Junta comunal tome intervención en el tema, ya que es la que representa directamente a los vecinos”, dijo Zuazo, y remarcó que “lo que más lamento es que no se haya dado una mayor pelea. Hay un concepto errado por el que se cree que la Ciudad es una sola entidad jurídica, cuando en realidad las comunas son como las intendencias bonaerenses, el problema es que no se está cumpliendo con la ley de comunas, y se las deja de lado, que es dejar de lado a los vecinos”.

Para Ricardo López, de la Asamblea de Juan B. Justo, que funciona desde 2001 y que corre peligro de desalojo si avanza el proyecto que plantea la construcción de las torres en la zona lindera al viaducto de la Estación Chacarita del FFCC San Martín, “la rezonificación que se quiere aprobar va a contrapelo de lo que reclaman los vecinos de Villa Crespo, que es un barrio residencial, de casas bajas, al que le quieren cambiar la fisonomía sin medir el impacto ambiental y social que puede tener”.

Según explicó Gustavo Perrone, integrante de Vecinos Autoconvocados Contra el estadio Movistar Arena, “estamos en estado de alerta y viendo qué medida de conjunto tomar porque por la transformación del barrio ya nos llaman Villa Arena cuando queremos seguir siendo Villa Crespo”.