La vida de Marisa Cáceres transcurrió en un carro de pochoclos en pleno centro salteño, y así crió a uno de sus hijos, el más grande, que hoy tiene 13. Desde que comenzó la cuarentena volvió a su casa a sabiendas de que si no sale a vender todos los días, no tiene qué darles de comer a sus hijos.
Con la vuelta de la actividad comercial y el comienzo de la Fase 4 del aislamiento social, preventivo y obligatorio, ella junto a otros 21 vendedores de pochoclo de la zona centro y el Parque San Martín, están reclamando por su derecho de retornar al trabajo "como lo hicieron casi todos".
Desde el jueves, la ciudad de Salta vive otro color, la gente ya camina por las calles, aunque con barbijos y protocolos, la actividad económica quiere volver a recobrar algo de la fuerza perdida. Sin embargo, nadie desde el gobierno provincial y municipal ha pensado en este sector precarizado de la economía popular.
“Si venden de todo en los negocios, hasta panchos al paso, ¿Porqué no podemos vender nosotros?”, le dijo a Salta/12 Marisa, y se preguntó “¿Alguna vez te quedaste comiendo pochoclo ahí?”, a lo que contestó, “la gente compra y sigue”.
La vendedora, que tiene su carro en peatonal Alberdi y Alvarado, contó que prácticamente nació y vivió en un carro. Su madre comenzó con ese trabajo hace 45 años, con una bicicleta adaptada, siete años más tarde nacería Marisa.
“Mi mamá tenía su puesto frente el Teatro Alberdi, ahí me crié yo, viendo cómo jugaban otros chicos en los jueguitos de Sacoa o iba a Ding Dong (otra casa de juegos) cuando era adolescente, viví entre las peatonales y debajo del carro”, explicó mientras señalaba hacia el ex cine-teatro.
Mientras ellas descansaban por la noche, confesó que sus tres hermanos se turnaban para dormir en un banco de la peatonal, “cuidando el lugar para no perderlo”.
Ya más grande comenzó a trabajar acompañando a su madre, quien años más tarde y con problemas de salud, accedió a una jubilación de ama de casa. Así, junto a uno de sus hermanos, heredó el puesto que hasta la cuarentena sostenía a dos familias. El emprendimiento familiar se abría a las 7 de la mañana y cerraba “entre las 22 y las 23, dependiendo de la gente”.
Ella vive con su pareja y dos hijos (uno de 7 y el otro de 13), “él trabaja de albañil y hoy está muy difícil conseguir trabajo”, subrayó. Su hermano tiene cinco niños que alimentar.
Con 38 años, Marisa asegura que su hijo más grande también se crió en ese puesto, “le ponía unas colchas abajo del carro y se pasaba horas jugando ahí, ya más grande salía caminando hasta la esquina y volvía”. "Un día nos pegamos un gran susto porque se nos perdió en la Plaza 9 de Julio, se había ido a ver la fuente”, comentó.
Ya pasaron más de 50 días desde que tuvieron que dejar su herramienta de sustento y lo único que recibieron son los $10.0000 del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), “¿me querés decir que hago con eso 45 días?”, preguntó Cáceres, quien afirma que nadie más se acercó desde el Estado, “al menos algún concejal se debería preocupar por nuestro tema, les estamos pagando sus sueldos con nuestros impuestos”, añadió.
Desde que el miércoles por la tarde se rumoreaba con la posibilidad de reabrir los locales comerciales del centro, los 22 puesteros recorrieron todos los rincones municipales hasta conseguir una autorización “de palabra” a través de la Subsecretaría de Control, para volver el mismo jueves que se flexibilizó la cuarentena. Sin embargo “a medio día vinieron los inspectores con la policía a decirnos que no podíamos estar”.
Por lo que volvieron a visitar el Centro Cívico Municipal y al subsecretario de Control, Jorge Guido, quien recién el martes les contestó que “ya no es un tema que les incumba y que la decisión depende de la gobernación”.
“Hay gente que se viene de zona sur caminando, para que te digan que no hay respuesta todavía y tiene que volver de la misma manera porque no tienen un peso, mientras desde el gobierno se tiren la pelota entre ellos”, añadió ofuscada.
Marisa Cáceres manifestó que lo que están haciendo con ellos es discriminatorio, ya que muchos locales céntricos de gastronomía venden al paso, y que incluso ellos ya tienen un protocolo de actuación “que nos elaboró una de las profesionales de bromatología de la municipalidad”.
“Nosotros pagamos impuestos, rentas, habilitaciones, monotributo, hacemos todo, ¿porqué no nos dejan volver si ya lo hicieron los demás?”, reclamó la trabajadora.
Cáceres informó que este jueves por la mañana irán los 22 expendedores de pochoclo a reclamar a la casa de gobierno provincial el permiso para volver a trabajar, "esperamos que el gobernador nos reciba", concluyó.
