Repercusiones de una muerte anunciada. El procurador general de la provincia, Abel Cornejo, reclamó, sin decirlo expresamente, que el Poder Ejecutivo, su Ministerio de Seguridad y la Jefatura de la Policía, dejen trabajar sin presiones a los fiscales que investigan el femicidio de la docente Rosa Sulca, cometido el 28 de abril pasado en Villa Mitre, y a los policías involucrados en la no respuesta al pedido de auxilio que lanzó la mujer cuando era atacada. Además, advirtió que hay "una suerte de insubordinación" de la Policía. 

La Procuración organizó dos unidades fiscales que tramitan causas vinculadas a este crimen, una donde se investiga el accionar de la Policía tras el pedido de ayuda de la víctima al Sistema de Emergencias 911, en la que hay tres imputados, dos de ellos detenidos. La otra investiga al diputado provincial Gustavo Orozco, un policía retirado que anunció que pedirá la destitución del fiscal Gustavo Torres Rubelt, al que acusa por al filtración del audio de la llamada de la maestra. Cornejo dijo que "se han iniciado una serie de presiones sobre los fiscales del Ministerio Público absolutamente impropias, para tratar de atemorizar y que fundamentalmente no podamos avanzar en la investigación".

"Por supuesto que hace falta una reestructuración de la Policía y además de eso hace falta que quienes están involucrados dentro de la agenda política adviertan determinadas cosas, porque la sensación que yo tengo en este momento es que nosotros no tenemos garantías para investigar. Hemos recibido no amenazas veladas, sino amenazas directas y me parece que quiere volverse a imponer el miedo y, como ha sucedido en el pasado reciente, que otra vez la Policía esté por encima de las instituciones", afirmó el procurador general en una entrevista con Salta/12. 

Como para que no queden dudas de su referencia a la participación que tuvo la fuerza policial en los crímenes de la última dictadura cívico militar, añadió que la provincia "ya sabe qué es eso, ya vivió eso, tiene un gobernador desaparecido". Ya está probado que en el secuestro y desaparición de Miguel Ragone, el 11 de marzo de 1976, participaron miembros de la Policía de Salta. 

Cornejo insistió en que desde que "se repite el patrón constante" de que "cada vez que hay un femicidio en Salta, que desgraciadamente han sido muy frecuentes, el Ministerio Público tiene serios problemas para poder investigar”. Consideró que esto se debe a "varios factores", por un lado "una suerte de machismo patriarcal" en el que "de la boca para afuera se dice que se superó, pero yo creo que no". 

Y por esto mismo "tiene que haber una convicción de acompañamiento a esas investigaciones de todos los poderes del Estado y así hacerlo saber", y eso "creo que es una gran asignatura pendiente porque han sucedido una serie de hechos aberrantes como son los femicidios" en los que "uno tiene la sensación de que hay no solo una falta de respuesta sino una falta de colaboración" y "es mucho más difícil todavía es cuando está involucrada la Policía".

Antecedentes policiales 

Hay, reseñó el procurador, un historial que deja mal parada a la Policía en relación a hechos de violencia de género. 

En el caso de Sulca, en el 911 quedó grabada su llamada, "por primera vez en tiempo real en la historia judicial argentina, una mujer está anunciando como la matan, entonces, lo que hubiese correspondido es que inmediatamente cuando se envió el cuerpo de Rosa al CIF (Centro de Investigaciones Fiscales) para que se pueda practicarle la autopsia (...), debió haber venido esa famosa cinta, que resulta que el fiscal se entera 16 horas más tarde del femicidio" y luego "le demandó cinco horas más de discusión con el jefe de Centro de Operaciones de la Policía del cual depende el 911, el comisario mayor (Fabián) Tolaba, que le exigía que le mande una nota pidiéndole una prueba que es fundamental para el resultado de la causa".

El 24 de diciembre, en Cerrillos, el policía Edgar Exequiel Almirón asesinó a su ex pareja, Liliana Flores, a pesar de que tenía consigna policial. Cornejo recordó que este femicidio se cometió en un contexto en el que "se habían disminuido las consignas policiales con toda la oposición expresa por nota del Comité de Evaluación de Femicidios y Transfemicidios que yo formé en la Procuración General", y de fiscales. 

Señaló que el femicida (que luego se suicidó) escribió a su padre diciéndole que iba a matar a su ex esposa y "al día siguiente cuando va a matarla, había una consigna y nunca se supo bien cuál era el rol que cumplió esa consigna porque tendría que haber estado en la casa y repeler la agresión", en cambio, "estuvo 40 minutos" sentado "afuera del domicilio de la víctima y entró y la mató de tres tiros delante de sus hijos". En el acta policial se hizo constar que hubo un solo disparo, pero fueron tres, destacó Cornejo, y esto se pudo determinar por investigación de la fiscal. Y añadió que "la similitud que hay con el caso Rosa Sulca" es que "se pretendió enlodar todas las medidas preventivas que había dispuesto anteriormente" la auxiliar fiscal.

También recordó el asesinato de Roxana Alderete, cometido en 2004, por su marido. "Hizo 41 denuncias ante la Policía" y "después fue brutalmente asesinada ella con dos de sus hijos, una niña se pudo escapar de forma casi milagrosa". "Yo pensé que iba a ser un caso testigo que nos iba a cambiar de una vez y para siempre. Eso no ha ocurrido así, si bien se adelantó, (...) creo que eso todavía no es suficiente porque nosotros vemos que cada vez que ocurre un femicidio tenemos problemas serios de investigar", denunció. 

Para el procurador, que los policías no parezcan tener conciencia de la gravedad de la violencia de género "obedece a la falta de políticas claras y a falta de disciplinamiento que debería existir en la fuerza policial", a veces parece que le hace falta "un baño de civismo", aseveró. Añadió que "todo aquel que se niega a recibir una denuncia de una víctima o potencial víctima, debería ser automáticamente sancionado" y recordó que viene planteando la creación de la División de Violencia de Género.

Torturas y vejámenes 

Orozco preside la Comisión de Seguridad de Diputados, como tal se reunió con el ministro de Seguridad y luego dijo que ambos consideran que se está acusando injustamente a los policías en relación al asesinato de Sulca y anunció que pedirá a la Comisión de Juicio Político que trate la destitución del fiscal Torres Rubelt. 

“Esa es una de las tantas presiones que han desatado", sostuvo Cornejo sobre este último aspecto. Enseguida recordó que Orozco "tuvo la suerte" de que se inició la cuarentena cuando se aproximaba la fecha del juicio oral al que iba a ser sometido en Metán, acusado por torturas y vejámenes agravados. "Es preocupante que utilice la banca de diputados y pretenda decir que se avasallaron sus fueros", añadió. 

Agregó que le preocupa que "se intente una suerte de insubordinación de la Policía en contra de una investigación criminal como es el caso de Rosa Sulca". De paso criticó también que "apenas aparece una mujer muerta (...), se empieza a investigar a las víctimas en vez de investigar al femicida". 

Señaló en este sentido que en las denuncias por violencia de género se debería poner el acento en el victimario, aunque añadió que en eso "también hay una decisión política, cuando la Policía actúa bien estamos todos tranquilos y es su deber hacerlo, pero cuando la Policía actúa mal y se corporiza es sumamente peligroso porque lo que se quiere es subordinar a las instituciones del Estado", reiteró.

Un decreto de excepcionalidad 

El procurador general ya ha dicho que no concuerda con el decreto 255 por el que el gobernador Gustavo Sáenz le otorgó a la Policía la facultad de detener a una persona hasta por 60 días. “Nunca voy a aceptar, así lo voté también cuando era juez de la Corte, que la Policía tenga facultades de detención, porque si tiene facultades de detención está por encima de un juez y se criminalizan determinadas costumbres que son simples faltas como si fuesen delitos", aseguró. Añadió que la posibilidad de detener hasta por 60 días "se contrapone absolutamente con lo que es una mínima noción de estado de derecho”.

En estos días el procurador mantuvo reuniones con el ministro de Gobierno, Ricardo Villada, y con su par de Seguridad, Juan Manuel Pulleiro, con este último habló sobre las dificultades para investigar los femicidios, lo planteó "varias veces” y el ministro lo escuchó pero “después hubo declaraciones" con las que el procurador no coincide "porque se trató de hacer una defensa corporativa de la Policía cuando yo no estoy atacando a la Policía", sino que "cuando se cometa un delito que estén involucrados policías, que nos dejen investigar".