Tucumán es la única provincia que no adhirió a la Ley Micaela. Este jueves estaba previsto el tratamiento de un proyecto para adherir a la norma, que establece la capacitación obligatoria en el abordaje de las problemáticas de género y las violencias machistas para todas las personas que se desempeñan en la función pública de los tres poderes --Legislativo, Ejecutivo y Judicial-- en todos sus niveles y jerarquías. ¿Quién puede estar en contra? Pero la fuerte resistencia de legisladores de la oposición --entre bussistas y macristas-- y también de oficialistas y aliados al gobernador Juan Manzur obligó a postergar el debate hasta la semana próxima. Cuestionan la norma por su supuesta “ideología feminista” y pretenden imponer la objeción de conciencia.

Sin embargo, la Ley Micaela responde a obligaciones asumidas por el Estado a través de la Ley 26.485 para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra las mujeres y de tratados internacionales incorporados a la Constitución Nacional. La discusión del tema genera la siguiente paradoja: quienes más se resisten a aprobar la adhesión son quienes más necesitan recibir la capacitación que marca la Ley Micaela. El ejemplo más claro lo encarna el legislador de Fuerza Republicana Ricardo Bussi, hijo del genocida Domingo Bussi, quien en declaraciones a la FM Futurock este miércoles dijo: “No conozco casos de asesinatos por la condición de mujer. Conozco hombres que han asesinado a mujeres por celos, envidia, por depresión, por drogas, pero por el hecho de ser mujer… no conozco ningún homicidio”.

En lo que va del 2020, en Tucumán se registraron al menos ocho femicidios, de los cuales cinco se produjeron durante el aislamiento social preventivo y obligatorio por la pandemia de coronavirus, según informó la ONG Andhes.

En febrero, el proyecto de adhesión a la Ley Micaela obtuvo dictamen de mayoría de la Comisión de Mujer, que encabeza la peronista Marta Najar, una de las principales promotoras de la norma. Pero los sectores antiderechos --del oficialismo y la oposición--, que ven “ideología de género” o “feminista” donde se protegen o amplían derechos de mujeres y personas LGBT, empezaron a tejer alianzas para frenarlo.

Semanas atrás se acordó que el proyecto se votaría en la sesión de este jueves de la Legislatura tucumana. Unas doscientas organizaciones de derechos humanos, sociales, y políticas y referentes del movimiento de mujeres y LGBT --entre ellas Ni Una Menos Tucumán-- firmaron un documento en apoyo a la sanción de la ley, que lleva el nombre de Micaela García, la joven víctima de femicidio en 2016 en Entre Ríos. Pero por la polémica que insólitamente despertó el tema en Tucumán, se decidió postergar la discusión una semana.

En ese contexto, el 5 de mayo, la legisladora de Fuerza Republicana Nadima Pecci presentó un proyecto de ley que se opone a su adhesión. La iniciativa, que firman también Ricardo Bussi y el macrista Walter Berarducci, pretende mostrarla como una manifestación de una supuesta “ideología de género”. “Desde su punto de vista, la Ley Micaela adoctrina en lugar de proteger, y ataca un modelo tradicional y ortodoxo de familia, en lugar de brindar herramientas para que diseñadores y decisores de políticas públicas puedan gobernar para todes, incluyendo a quienes se encuentran especialmente desprotegides y por fuera de estas formaciones tradicionales”, señaló a PáginaI12 Fernanda Rotondo, coordinadora de Género de Andhes.

Este martes, el presidente subrogante de la Legislatura, el peronista Regino Amado --ex ministro de Gobierno y Justicia de Manzur-- presentó otro proyecto que directamente vacía de contenido la Ley Micaela: establece que las capacitaciones las pueden dar entidades privadas --y no exclusivamente desde el Estado--, incorpora la objeción de conciencia --es decir, deja de ser obligatoria la formación-- y además, saca de las modalidades de violencia machista que hay que abordar aquella que sufren las mujeres y personas con capacidad de gestar en la atención gineco-obstétrica, que sí están previstas en la Ley 26.485. El proyecto lo firman también la oficialista Sandra Mendoza, Walter Berarducci, aliado del gobernador (ex macrista) y el radical Raúl Albarracín. “Es un mamarracho, habilita la objeción de conciencia y excluye las violencias en la atención gineco-obstetricas tan luego en nuestra provincia, cuna de estas violencias. Está en juego qué conducción política prima en la provincia: la que afianza la igualdad de género o la que vacía de contenido la Ley Micaela”, cuestionó en diálogo con PáginaI12 la abogada de la ONG Mujeres X Mujeres Soledad Deza.

“La Ley Micaela no pretende imponer a nadie cómo pensar, en todo caso es una herramienta para que profesionales del sector público cuenten con conocimientos adecuados y puedan ponerlos en práctica de manera crítica en la tarea que corresponde a su sector”, explicó Rotondo, de Andhes.

Hasta ahora, Tucumán no ha mostrado voluntad política para adherir tampoco a la Ley de Salud Sexual y Reproductiva. Pero sí intenciones de obstaculizar derechos de mujeres y niñas violadas para acceder a los abortos legales, como ocurrió obscenamente en 2019 en el caso de Lucía, la niña de 11 años violada por la pareja de su abuela, a quien desde el sistema de salud provincial se pretendió obligar a continuar con un embarazo forzado, aunque ella claramente había dicho: “Quiero que me saquen esto que me puso adentro el viejo”.