Los diputados que siguen el concurso de acreedores de Vicentin viajaron ayer a Reconquista para entrevistar a distintos actores involucrados en el histórico default de la empresa privada más grande de Santa Fe. Y entre las reuniones previstas que continuarán hoy con directivos del grupo, destacó el pedido formulado al juez del proceso preventivo, Fabián Lorenzini: impedir que Renova -la fábrica de biodiesel creada por Vicentin- termine definitivamente en manos de la multinacional Glencore.

Ocho legisladores de la comisión legislativa ad hoc entrevistaron en Reconquista y Avellaneda al juez que lleva adelante el concurso de acreedores, se reunieron con dirigentes de los sindicatos aceiteros, textil y de la carne, los tres rubros principales de los negocios de Vicentin, y con los intendentes de esas dos ciudades donde el principal factor de poder es precisamente esa empresa que empezó hacia 1929 con una molienda de oleaginosas para producir algodón y aceites. 

El objetivo principal, contó el diputado Carlos Del Frade, fue pedirle al juez Lorenzini que no permita el traspaso del principal patrimonio de la empresa -la fábrica Renova, en San Lorenzo- a manos de su socia Glencore, que ya detenta el 66% de las acciones. "No queremos que termine en manos de una multinacional, sino que haya algún capital nacional en su estructura", dijo el diputado de Ciudad Futura-FSyP. "Además, porque los acreedores no deben permitir la pérdida de un activo en medio del concurso", apuntó Rubén Giustiniani, del bloque Igualdad. Es que esa transacción es una posibilidad rumoreada para que la firma concursada se haga de fondos para afrontar un pasivo de 99.345 millones de pesos en manos de unos 2600 acreedores.

Con los gremios, en tanto, oyeron la principal preocupación que impera en esa zona del norte santafesino, pero también en el cordón industrial de Rosario: la incertidumbre acerca del futuro de los 7000 empleos que hasta hoy cuenta Vicentin. 

La otra inquietud de los legisladores en su viaje es indagar en el destino real del préstamo por 300 millones de dólares que la empresa obtuvo del Banco Nación presidido por Javier González Fraga durante la gestión de Mauricio Macri, y cuando uno de sus empresarios emblema, Alberto Padoán, era el mandamás en la Bolsa de Comercio de Rosario. De eso iban a conversar anoche con los intendentes de Avellaneda y Reconquista; mientras que hoy por la mañana tienen previsto una reunión con ejecutivos de la compañía.

Mientras tanto, el juez Lorenzini extendió hasta el 9 de junio los plazos del concurso para recibir reclamos de pago por parte de acreedores. Hasta ahora acreditaron derecho a cobro algo más de 2600 acreedores. En orden de importancia son bancos ($63.961 millones), acopios y productores ($25.657 millones), sociedades ($5.428 millones), bienes y servicios impagos ($2.292 millones), impuestos y aduana ($1.655 millones) y accionistas ($351 millones).