El secretario de Integración Social y Urbana porteño, Diego Fernández, fue a la Legislatura a explicar la situación con la pandemia en la Villa 31. Además, debió responder por el contrato en dólares a una consultora para la reubicación de las personas bajo la autopista . "Con respecto a la contratación sobre la que salió una nota en PáginaI12, hicimos un proceso de contratación aprobado por el Banco Mundial. Hubo ocho consultoras invitadas a participar, a los efectos de proveer ingenieros, psicólogos", indicó el funcionario, que no pudo explicar por qué terceriza en una consultora la contratación de estos profesionales que podrían trabajar directamente para el Estado.

El legislador del PO-FIT Gabriel Solano fue uno de los que le preguntó por esa contratación y le recordó los despidos de otros profesionales contratados, que se habían organizado sindicalmente. “Diego Fernández debe ser apartado de su cargo por ser el responsable directo del fracaso de la política de urbanización que tanto publicitó el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta. Luego incluso después de haber tomado deuda en dólares del Banco Mundial para la urbanización, no se ha garantizado siquiera el elemental servicio de agua potable, lo cual agrava considerablemente la crisis sanitaria actual”, remarcó el legislador.

"Resulta inentendible que, en medio de la grave situación que viven los habitantes de la Villa 31, la Secretaría de Integración Urbana haya pagado más de 2 millones de dólares por servicios de consultoría sobre la Villa 31. Queda claro que para el Gobierno de la Ciudad existen otras prioridades antes que las personas que están sufriendo", advirtió el legislador del Frente de Todos Santiago Roberto.