Ocho policías, seis varones y dos mujeres, de la comisaría 3ª de La Tablada, que este miércoles fueron detenidos dentro de una investigación por abusos y vejámenes a 28 mujeres detenidas en esa seccional, fueron citados a declarar esta mañana para ser indagados por los fiscales Fernando López y María Julia Panzoni, de la Ayudantía de Gravedad Institucional del Departamento Judicial La Matanza, a cargo de la causa penal.

Este miércoles fueron detenidos los ocho, luego de una denuncia por torturas y vejámenes presentada por la Comisión Provincial por la Memoria y la Defensoría General de Casación bonaerense, por al menos dos hechos de violaciones ocurridos en la comisaría entre diciembre de 2019 y principios de enero de este año. La denuncia provocó la intervención de la comisaría por parte del Ministerio de Seguridad de la provincia y el apartamiento del jefe de la comisaría, el 30 de enero pasado.

Cuatro de los detenidos ya habían sido apartados después de la denuncia y los otros cuatro aún se encontraban en funciones y quedaron desafectados inmediatamente, por obvias razones.

Según informó la CPM, "además del entonces subcomisario Lionel Gómez, fueron detenidos los policías Javier González, Cristian Aliaga, Ángel Reales, Ariel Pasquale y Leandro Maidan, y las agentes Maida Celeste Ruiz y Johana Romero, esta última del Grupo de Apoyo Departamental (GAD)."

Las detenciones fueron ordenadas por el juzgado de Garantías 1 de La Matanza, a cargo de Mabel Mari Castillo, por "resultar presuntos autores, coautores y partícipes necesarios de los delitos de severidades, vejaciones agravadas y ocho hechos de abuso sexual con acceso carnal agravado por ser cometido por funcionario de la fuerza policial reiterados".

Margarita Jarque, directora de Litigio Estratégido de a CPM, que asiste a las víctimas, sostiene que los hechos por los que fueron acusados los policías constituyen torturas por su gravedad. 

"Desde septiembre de 2019, a partir de la asunción del subcomisario Lionel Gómez, hasta enero de este año, las mujeres detenidas en la comisaría 3ra de La Tablada, partido de La Matanza, fueron sometidas sistemáticamente y mediante diversos métodos a prácticas violentas, degradantes y humillantes, que configuran hechos de torturas", señaló la CPM.

En enero pasado, al tomar conocimiento de las graves violaciones a los derechos humanos, el defensor de Casación de la Provincia Mario Coriolano pidió la intervención de la CPM, en calidad de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura. El organismo realizó una inspección sorpresiva a la comisaría donde, a partir del relato de las detenidas, relevó estos hechos. Los defensores oficiales de la Matanza también intervinieron impulsando la investigación.

La CPM había advertido que las mujeres alojadas en la comisaría tercera de La Tablada padecían aislamiento extremo, requisas vejatorias, golpes y otras prácticas de tortura de manera reiterada, hasta llegar a dos hechos de abusos sexuales ocurridos el 19 de diciembre de ese año y el 5 de enero de 2020.

La Comisión informó que "desde el 22 de septiembre del año pasado hasta el 21 de enero, agentes de la comisaría 3ª ejercieron distintos hechos de violencia contra, al menos, 23 mujeres detenidas. Además de atentar contra la integridad física de las mujeres, las sometían a sanciones y castigos abusivos: aislamiento extremos hasta de cuatro días, impedimento de comunicación con sus familias, retraso prolongado de la entrega de la comida, falta de atención médica, además de obligarlas a orinar en botellas plásticas y defecar en bolsas de nylon."

El 19 de diciembre pasado, entre las 17 y 20 horas, dos mujeres —una de ellas conocida como la “ginecóloga”, aún no identificada— junto con cuatro agentes policiales abusaron sexualmente con acceso carnal contra al menos ocho mujeres. "De a una a la vez, las hicieron pasar a un calabozo donde las sometieron a vejaciones, las obligaron a desnudarse y realizar infames posturas, para luego abusarlas sexualmente", sostiene el informe de la CPM.

"El último de los hechos ocurrió el 5 de enero de este año, durante una requisa policial por parte de la agente del GAD y dos efectivos de la comisaría 3ª. Los funcionarios obligaron a diez detenidas a ingresar en un baño de ínfimas dimensiones y, una vez allí, las obligaron a desnudarse, mientras las hostigaban y amenazaban con los palos que portaban".