Alcira Daroqui es una conocedoras en profundidad del mundo carcelario. Socióloga, investigadora de Sociología del Castigo y del Sistema Penal, Directora del Grupo de Estudios sobre Sistema Penal y Derechos Humanos del Instituto Gino Germani de la UBA, fue una de las impulsoras activas para que el programa UBA XXII llegara a la cárcel de mujeres de Ezeiza. Durante 16 años, fue también coordinadora de la Carrera de Sociología en ese programa.
¿Qué es la cárcel?
La cárcel es la pena moderna -desde hace 300 años-, a partir de lo que podemos llamar el despliegue del Estado Moderno. El capitalismo funda la cárcel como espacio de castigo “legal”. La cárcel es una maquinaria política del orden social dominante, un espacio de producción de sufrimiento y de dolor. Se “justificó” a partir del siglo XIX y buena parte del siglo XX, en nombre de la resocialización de aquellos que habían roto el pacto social. En realidad, quienes van a la cárcel son los que son seleccionados por el sistema penal con una persecución selectiva, discrecional y arbitraria sobre los sectores más desposeídos. Es una forma del gobierno de la pobreza. Quienes están en la cárcel, en su gran mayoría, lo están por delitos de bajo impacto, lesivo y dañoso, salvo excepciones que son por delitos vinculados a la integridad física. En los últimos 50 años se desenmascara que la cárcel no resocializa ni reeduca. Es una maquinaria de producción de delincuencia y violencia por parte del Estado, y de una fuerte degradación de las personas alojadas allí.
En las cárceles de Argentina se violan sistemáticamente los derechos humanos, ayer, hoy y mañana, desde la violencia directa física, la moral, la simbólica, la económica, produciendo falta y escasez, que es una forma de gobierno donde se rompen las relaciones de solidaridad, con la falta de comida, elementos de limpieza, colchones, asistencia a la salud, falta de remedios, producción permanente de incertidumbre que es una de las peores violencias. La incertidumbre en relación a su causa, si va a seguir sufriendo esa cárcel u otra, si le dejarán ingresar a la visita. La gente que está ahí, pobre en su mayoría, no solo debe garantizarse la sobrevivencia, sino además preservar su integridad física, porque siempre está en juego vivir o morir en la cárcel.
¿Quiénes habitan las cárceles en Argentina?
En los últimos diez años se ha incrementado muchísimo la población carcelaria. Desde el 2013 estamos registrando el crecimiento de la población, que en los últimos años de Macri fue exponencial. Ahora hay alrededor de 100.000 personas presas, en distintos dispositivos, no solamente carcelarios. En todo el sistema federal hay unos 12800 presos y presas. De ellos y ellas, 1300 personas con menos de tres años de condena, por delitos muy leves. Hay gente que está por cumplir las condenas, o tienen pasadas las libertades asistidas, y las libertades condicionales. Esto se suma a cantidad de presos y presas en prisiones preventivas, con presunción de inocencia. En el caso de los varones es el 50% en el país. En el Sistema Federal, casi el 70% de las mujeres estan en carácter de procesadas. Toda esa gente no debería estar en la cárcel.
¿Cuál es la situación de las cárceles de mujeres?
Las mujeres son aproximadamente el 10% de la población carcelaria. En los 90 las mujeres y trans eran una cifra muy poco representativa en cuanto a personas encarceladas. A partir de los 90, desde la sanción de la Ley de Drogas 23737, y simultáneamente cuando la mujer sale al mercado de trabajo a partir de la irrupción fuerte del neoliberalismo en la Argentina, hay un crecimiento fuerte de mujeres presas. La Ley de Drogas se empieza a debatir durante los últimos años del alfonsinismo y se sanciona en el primer año del gobierno de Menem. Esas leyes de “lucha contra el narcotráfico” tuvieron un impacto notable sobre las mujeres, y las mujeres pobres, no solamente de nuestro país sino de Latinoamérica y del mundo, porque toda mujer pobre que anda circulando por el mundo teniendo que sobrevivir -muchas veces la sobrevivencia tiene que ver con el microtráfico o comercialización de drogas-, empezó a caer presa. No es casual que tuviéramos en nuestras cárceles mujeres polacas, húngaras, rumanas, después de la caída del Muro de Berlín en el 89. También mujeres bolivianas, peruanas, chilenas, ecuatorianas. Ahí está el sistema penal para gobernarlas.
Las mujeres encarceladas padecen el fuerte abandono del Estado en clave asistencial, y una presencia punitiva severa del mismo en clave de castigo. Muchas tienen serias dificultades para poder garantizar la continuidad de sus lazos familiares. Tienen hijos, sus familiares se hacen cargo, y no hay posibilidad de ambas cosas: de hacerse cargo de los hijos, hijas, y visitarlas, mantener el lazo afectivo, amoroso. Las mujeres siempre fueron enormes trabajadoras adentro de la cárcel. Por supuesto las explotan con trabajos casi todos de una feminización dominante. Tienen que trabajar, porque no solamente tienen que sobrevivir en esa cárcel que no les da nada, que no les da artículos de limpieza, que les da comida podrida, en mal estado. Además de mantenerse, suelen sacar dinero para ayudar a sus familias. La situación es de mucha soledad, y de bastante invisibilización. En general se habla siempre de los varones, y se habla de la situación de las cárceles que se constituyen en mitos: Devoto, Olmos. Pocos hablan del Complejo 4, de la Cárcel de Batan en Mar del Plata. Así que las mujeres tienen el problema del abandono, de cierta soledad, y al mismo tiempo una fuerte invisibilización política, cultural, y sociológica. Nosotros estamos haciendo una investigación sobre mujeres. Una la hicimos en el 2000, que se llamó Voces del Encierro, y esta otra, a 20 años, para ver qué sucede hoy en las cárceles a las que fuimos, cuáles fueron las transformaciones, las continuidades, los cambios en el gobierno violento sobre las mujeres.
Para el Poder Judicial, la cárcel es el primer recurso. Cuando se entra a la cárcel, se va al pabellón de ingreso. Es el peor pabellón en cualquier cárcel de cualquier lugar del mundo. Ahí las mandan los jueces a esperar si les dan un arresto domiciliario, o incluso una libertad. ¿Por qué no las mandan a sus casas?
El Complejo III de Salta, por ejemplo, que alberga a casi 200 mujeres, el año pasado 190 eran extranjeras presas por delitos menores. Fueron detenidas cruzando la frontera con dos o tres paquetitos de drogas. Algunas habían estado alojadas un año y medio en un escuadrón de Gendarmería. Durante largas horas estuvieron atadas a una pata de mesa, porque en los escuadrones las tienen alojadas en oficinas. Esas mujeres tendrían que irse inmediatamente, y no estar en la cárcel 2 años, hasta que se tramita su expulsión. Prácticamente es una cárcel para mujeres bolivianas. Fue la cárcel donde más me impactó la producción de falta y escasez. Verdaderamente no tenían nada. Eran todas mujeres muy pobres, cosechadoras, trabajadoras del campo de Bolivia. Ésas son las personas que captura el sistema penal, una maquinaria judicial federal que gana fortunas para poner presas a estas mujeres pobres.
¿Cuál es la situación de travestis y trans?
Las personas travestis y trans suelen estar detenides por delitos menores, muchos vinculados a la Ley de Drogas. A las que se definen como mujeres, primero las alojaron en cárceles de varones, y luego las llevaron a las de mujeres. La convivencia no es sencilla, porque se producen divisiones, discriminaciones. La confrontación entre las detenidas es una de las estrategias del gobierno penitenciario. Son las que generalmente tienen menos visitas, menos vínculos con el exterior, las que tienen que hacer una sobrevivencia grupal. En algunos casos conviven en otros pabellones, no de travestis. Nunca deja de ser una convivencia conflictiva con las presas, pero también con el personal penitenciario, porque en nombre del respeto a la identidad de género, en toda esa producción discursiva de los últimos tiempos que ha redundado en reconocimiento de derechos, a pesar de eso en la cárcel hay siempre un plus de degradación sobre estas personas. A partir de la Ley de Drogas, fue un colectivo especialmente capturado por el sistema penal. Antes lo regulaba la policía, en nombre de las contravenciones, de la prostitución, del desorden público, de distintas faltas que se les imputaban, pero además ahora se agrega a eso que les imputan delitos que pueden ir desde distintas formas delictuales de la Ley de Drogas, hasta lo que llaman resistencia a la autoridad. Hay una respuesta del sistema penal que tiene que ver con una captura sistemática. ¿Qué quiere decir sistemática? Es un colectivo que aunque no es numeroso, no deja de estar poblando todas las cárceles del país. Es un colectivo sobre el cual el Sistema Penal ha fijado su mirada. En el mismo momento en que hablan de reconocimiento de derechos -de la identidad de género en particular- hay otras formas de gobierno sobre esos sectores, donde el sistema penal comenzó hace muchos años a ser parte activa de esa gestión. En lo que denominamos cadena punitiva -agencia policial, agencia judicial y carcelaria-, las personas travestis y trans llegan asiduamente a la cárcel, al último eslabón, al que viola todos sus derechos. Me parece siempre importante buscar la palabra de este colectivo, porque son quienes pueden hablar de cuáles son las singularidades del gobierno penitenciario, que es siempre un gobierno violento, que se focaliza justamente en esa identidad de género.
¿Cuál es su propuesta frente a la emergencia sanitaria por el COVID19?
La propuesta es que garanticen espacios sanitarios, para que si se presentan casos de COVID, tengan espacios de aislamiento. No buzones. No celdas de castigo. Espacios de aislamiento sanitario con los insumos mínimos necesarios en este momento: oxígeno, suero, barbijos, batas, ropa de cama limpia, asepsia. Hay que crear esas condiciones, que consideramos que tienen que ser supervisadas, promovidas por el Ministerio de Salud de la Nación, y de las Provincias para los servicios provinciales, y no por el área de salud de los servicios penitenciarios, que son los que no asistieron nunca en salud, que además han participado y participan en algunos casos en actos de tortura. Que haya también una asistencia a los otros problemas de salud. La cárcel enferma.
Por otro lado, está el tema de las libertades. En el debate sobre este tema, me llamó poderosamente la atención, cómo se produce desinformación. La mayoría de las personas que se encuentran en las cárceles, no deberían haber estado nunca presas. La cárcel es la pena máxima que tenemos. Podemos pensar que la pena máxima esté para los crímenes horrendos, pero no es posible que igualemos esa pena para quienes han cometido delitos menores.
Se instala el tema de los arrestos domiciliarios. Una cosa son los arrestos domiciliarios de las personas condenadas. Otra son como acción judicial, para que no ingresen a la cárcel, o para que la persona que no está condenada, está con preventiva, ahora el juez le da lugar al pedido de prisión domiciliaria. La pregunta es ¿deberían tener una prisión preventiva? ¿No podrían ser personas excarceladas que vayan a sus casas y esperen la investigación? El arresto domiciliario es una sujeción. Es una sujeción en general a gente muy humilde, que a veces no puede sobrellevar el arresto domiciliario adentro de sus precarias casas, de sus organizaciones familiares, también muy precarizadas.
Además, el Poder Judicial no va a dejar libres a 60000 o 70000 presos. No les importa que la gente se muera en las cárceles, no les importa que los torturen. Gran parte del Poder Judicial otorga impunidad a los torturadores en la cárcel. Pero si hubiese alguna voluntad política del poder judicial de reducir la cantidad de gente presa, debe empezar por aquellos que no deben estar presos ni presas, y las personas que están haciendo hace mucho tiempo sus trámites de libertad condicional y de libertades asistidas. Esas personas tienen que salir, pero no por la pandemia. La pandemia nos convoca a debatir estas detenciones.
¿Y qué sucede con los femicidas, los violadores, los homicidas?
Las personas que han cometido delitos muy graves y más en esta coyuntura, deben quedar en la cárcel, y deben ser asistidas si lo necesitan por el Ministerio de Salud, por el sistema de Salud Penitenciaria, o incluso que tengan asistencia de salud propia. Las personas con esos delitos no es pertinente que accedan a arrestos domiciliarios Creo que son los delitos los que definen, más allá de las personas que son.
Hay delitos, los que la literatura criminológica llama crímenes horrendos, que corresponde que sus autores estén en la cárcel. Solo deberían estar presos o presas quienes han cometido esos crímenes: homicidios, femicidios, violaciones. Lo que nosotros tenemos que pensar no es sólo en la víctima, ni sólo en la persona que cometió el delito, sino en el acto. Los homicidios, las violaciones, los femicidios, son delitos que no pueden ser resueltos en un debate coyuntural vinculado a una cuestión sanitaria, requiere de una discusión más amplia, incluso sobre el castigo carcelario.
Quiero hacer mención especial al tema de los genocidas. Los delitos graves que pueden cometer personas singulares, no pueden ser comparables con un genocidio. No es lo mismo un homicidio, por grave que sea, que personas que han cometido esos delitos que representan un plan sistemático de exterminio. Más allá de la singularidad de nombrar a algunos de ellos: Astiz, Etchecolatz, todos los genocidas deben continuar en la cárcel, porque sus crímenes no pueden ser impunes, por problemas de salud. Sabemos que la mayoría de ellos son ancianos. Deben resguardarles la salud, pero mantenerlos en la cárcel. No se les puede dar arrestos domiciliarios.
¿Qué más tendríamos que considerar en este debate?
Aspiro a que el debate sobre para qué está la cárcel, quiénes las habitan, qué delitos captura el sistema penal, no se limite a un problema coyuntural y lamentable como el del COVID, sino que se instale un debate más amplio, que nos permita cuestionar la cárcel, el encierro, y sobre todo cuestionar al sistema penal en todas las agencias: policía, agencia judicial, y por supuesto la cárcel. Debatir también que la tortura y la violencia de la cárcel no la debe padecer nadie. Los derechos en las cárceles deberían ser respetados para todos y todas, como horizonte de sentido en clave de lucha, aunque sabemos que en su materialidad se hace inviable porque “la cárcel” renunciaría a su función política en el marco del orden social capitalista. Por ello, la propuesta es siempre menos cárcel.
