El gobernador de Tucumán Juan Manzur manifestó su apoyo a la adhesión de la provincia a la Ley Micela y le pidió esta mañana a su vice y presidente de la Legislatura, Osvaldo Jaldo, que el oficialismo vote el dictamen de mayoría, sin introducirle cambios que vacíen de contenido a la norma. A través de la red social Twitter, el gobernador dijo: “Somos conscientes de la grave situación de violencia e inequidad de género que se vive en toda la Argentina, y que se ha acrecentado en estos tiempos inéditos que nos atraviesan. Como gobernador quiero expresar todo mi apoyo para que Tucumán adhiera a la Ley Micaela”. En una videoconferencia, Jaldo se comprometió con la aprobación el próximo jueves ante el padre de Micaela García, Néstor “Yuyo” García, impulsor de la norma que establece la capacitación obligatoria en el abordaje de las problemáticas de género y las violencia machistas para todas las personas que se desempeñan en la función pública de los tres poderes --Legislativo, Ejecutivo y Judicial-- en todos sus niveles y jerarquías.

“El vicegobernador y presidente de la Legislatura se comprometió. Me dijo que el jueves habrá adhesión a la Ley Micaela en Tucumán”, precisó Yuyo García a este diario. “Me aseguró que solamente le introducirán algunos cambios para que cada poder del Estado tenga la responsabilidad de implementar las capacitaciones. Le pedí que haya una autoridad de aplicación por encima que controle y haga un informe anual y que no se incluya la objeción de conciencia”, señaló García.

Este jueves por la mañana, el presidente subrogante de la Legislatura, el peronista Regino Amado --ex ministro de Gobierno y Justicia de Manzur-- y su compañera de bancada Sandra Mariela Mendoza, retiraron su firma del proyecto que habían presentado un día antes, que directamente licua el objetivo de la norma, al contemplar la objeción de conciencia y quitarles obligatoriedad a las capacitaciones, eliminar la violencia que se ejerce en el ámbito gineco-obstétrico entre las modalidades de las violencias machistas que se deben abordar, y habilitar a instituciones privadas la posibilidad de impartir la formación.

En una reunión de bloque oficialista, este jueves, se discutió el tema y aunque todavía quedan algunos legisladores de díscolos, estarían los votos entre peronistas, aliados al gobierno provincial y otras bancadas que apoyan la adhesión, sin cambios sustanciales, para aprobarla en la sesión del próximo jueves.

El principal foco opositor a la norma es el bloque bussista, que directamente la rechaza, pero también hay legisladores del oficialismo que expresaron resistencias.

Una fuente del Gabinete tucumano confirmó a este diario que Manzur llamó este jueves por la mañana a su vice y presidente de la Legislatura y le pidió que intervenga para alinear posición a favor. Jaldo había dejado librado el voto a la opinión de cada legisladora. El lunes al mediodía la bancada peronista tiene previsto volver a reunirse para consensuar posiciones.

En la Legislatura hay 49 integrantes, de los cuales 32 son parte del bloque oficialista. La mayoría apoyaría la adhesión, sin modificar su espíritu, además de tres radicales, dos de la fracción del justicialismo que responde al ex gobernador José Alperovich y el único legislador de Libres del Sur.

La norma cuenta desde febrero con un dictamen de mayoría de la Comisión de la Mujer, en el que confluyen distintas iniciativas. Estaba previsto su tratamiento este jueves pero la presentación en los últimos días de otros proyectos para modificarla hizo que Jaldo decidiera posponer la votación una semana.

Uno de los proyectos en contra es el de la legisladora de Fuerza Republicana Nadima Pecci. La iniciativa, que firman también Ricardo Bussi y el macrista Walter Berarducci, pretende mostrarla como una manifestación de una supuesta “ideología de género”, que adoctrina en lugar de proteger, y ataca un modelo tradicional y ortodoxo de familia, en lugar de brindar herramientas para que diseñadores y decisores de políticas públicas puedan gobernar para todes, incluyendo a quienes se encuentran especialmente desprotegides y por fuera de estas formaciones tradicionales.

Tucumán es la única provincia que todavía no adhirió a la Ley Micaela, que lleva el nombre de la joven militante social Micaela García, víctima de femicidio en 2016. Su padre Yuyo García es el gran impulsor de la capacitación masiva del personal de Estado, el camino que eligió como forma de reparación del femicidio de su hija, a manos de Sebastián Wagner, un hombre con una condena a 9 años de prisión por dos ataques sexuales, que había sido beneficiado por un juez con salidas transitorias anticipadas, a pesar del informe que desaconsejaba su liberación, emitido por el Servicio Penitenciario. Corrientes y Formosa, las otras dos provincias que faltaba que adhirieran a la Ley Micaela --aprobada por el Congreso a fines de 2018--, lo hicieron en marzo. El desafío ahora es que efectivamente se cumpla con la normativa en cada jurisdicción del país, en los tres poderes, y que las capacitaciones sean apropiadas, con los contenidos y la duración necesarias para que sirvan efectivamente.

En el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad del gabinete nacional hay una Subsecretaría de Formación, Investigación y Políticas Culturales para la Igualdad, a cargo de la psicóloga Diana Broggi, que tiene la responsabilidad de realizar un informe anual sobre el avance de la implementación de la Ley Micaela en todo el país. Según confió una fuente del área, han hecho un balance negativo de una amplia mayoría de formaciones que se vienen haciendo en forma virtual y por esa razón armaron un curso ABC Ley Micaela que es tutorado (virtual, por el contexto de la pandemia por coronavirus, pero con tutoras) y han realizado varias anteriormente en forma presencial. La Nación puede proponer lineamientos, dispositivos y herramientas, pero luego los municipios, las provincias y otros poderes del Estado eligen cómo aplicarla.