El avance de la pandemia a escala global produjo, por un lado, el desencanto social ante algunos paradigmas civilizatorios que, hasta hace poco, se tenían por exitosos y, por otro, una revaloración de los Estados como agentes reguladores de la economía. 

Pese a que el mainstream económico sigue balbuceando su tradicional discurso en favor de achicar el déficit fiscal y los impuestos, sectores cada vez más amplios de la sociedad advierten y aprecian la importancia del gasto público sobre la vida cotidiana.

La teoría económica neoclásica afirma que los mercados de competencia perfecta son el mecanismo más eficiente para asignar bienes, siempre que cumplan con estas condiciones: (i) que existan muchos productores y consumidores, (ii) que puedan entrar y salir libremente de ellos, (iii) que ningún actor pueda fijar per se los precios, (iv) que los bienes ofrecidos sean homogéneos y (v) que todos los actores accedan a información completa, gratuita y simétrica sobre los bienes intercambiados.

Sabemos bien que la competencia perfecta es una construcción teórica y que los mercados “reales” funcionan bajo condiciones que los hace imperfectos y menos competitivos de lo que la teoría quisiera. Respecto de los bienes y servicios de la salud, sus características intrínsecas impiden que se puedan conformar mercados de competencia perfecta, por diversas razones que la teoría económica denomina “fallas” y que la actual crisis sanitaria puso en evidencia.

La primera falla es la existencia de asimetrías de la información. Bajo una lógica pura de mercado, el riesgo de contraer el virus y las consecuencias de un posible contagio dispondría a las personas a pagar un precio elevadísimo a cambio de obtener un bien que los inmunice o que los cure para evitar, así, la muerte. Desde el lado de la oferta, la ignorancia de un posible enfermo generaría un abuso de confianza por parte del médico asignado para tratarlo.

La información desigual impide, además, que los consumidores puedan tomar una decisión racional sobre cómo preservar o restaurar mejor su salud. Decidir con racionalidad significa, en el lenguaje económico, evaluar ante cada situación todas las alternativas posibles para elegir, luego, la más adecuada. Además de la falta de una respuesta médica infalible (hoy la Covid-19 no tiene cura) la imposibilidad de “elegir bien” se agrava por la “infodemia”, neologismo que designa al bombardeo de los medios de comunicación basado en datos de dudosa fuente o de escaso rigor científico que alimentan una espiral de pánico social.

La segunda falla para la formación de un mercado de salud competitivo se relaciona con el concepto de bienes tutelares, que la actual crisis sanitaria ha revalorizado. Un bien tutelar es aquel cuyo consumo reporta beneficios que exceden al individuo que los consume y que se extienden a toda la sociedad. Esto -que se conoce como externalidad positiva- justifica que el Estado avance sobre la soberanía del consumidor para promover el consumo de estos bienes, asumiendo la responsabilidad de financiar su provisión.

El debate sobre los bienes tutelares recuperó intensidad ante el avance de la tendencia “antivacunas”: hay sectores sociales que, aduciendo ejercer sus libertades individuales, se oponen a que sus hijos sean vacunados, mientras otros quieren que el Estado intervenga firmemente para garantizar la vacunación universal, aun cuando deba obligar a los reticentes. Aquí radica el límite a la soberanía de los consumidores.

La tercera falla se refiere al concepto de equidad que, en el problema aquí planteado, significa que todos los individuos tengan la misma oportunidad de acceder a los bienes de la salud. En este punto, el sistema de mercado sería ineficiente si el acceso a la salud se resolviera por el mecanismo de los precios, y esto se debe a que existen otras consideraciones de naturaleza diferente a la de la libre concurrencia de oferta y demanda.

Supongamos que nos hallamos en un mercado de competencia perfecta donde existiera un solo respirador artificial disponible y dos demandantes: usted, lector, y Paolo Rocca. Usted lo necesita imperiosamente porque ya está infectado, pero Paolo Rocca quisiera tener el respirador solo por si se contagia. ¿Quién de los dos obtendría el respirador en un mercado de competencia perfecta, donde el precio es la variable determinante? La respuesta es obvia y aun así ¿quién de los dos lo estaría necesitándolo más?

Lejos de ser un problema teórico, esto fue lo que ocurrió hace algunas semanas cuando el gobierno decidió comprar toda la producción de respiradores de la empresa cordobesa Tecme y abastecer al sistema público de salud. El gobierno solucionó un problema de equidad pero, como suele suceder, hubo voces que se alzaron en contra de la injerencia “distorsiva” del gobierno contra el mercado.

Ante la pandemia, la estrategia elegida por el gobierno fue la de acondicionar y abastecer el sistema público de salud para que pueda dar una respuesta eficaz a los contagios. Desde el inicio, y a diferencia de otras experiencias en el mundo, la atención estuvo puesta en administrar la curva de infectados para evitar un colapso de la capacidad hospitalaria.

¿Se soluciona así el problema? No, pero sería mucho más grave que una estrategia que requiere un nivel de coordinación tan fino -hablo de una ecuación “amigable” entre infectados, recuperados y muertos- quede exclusivamente librado a los mercados, que solo premian criterios como la maximización de los beneficios o la asignación eficiente de bienes mediante precios.

Sin duda, la pandemia nos ha situado frente a escenarios inciertos. Hemos aprendido que todos podemos contagiarnos, contagiar, enfermar, e incluso morir. Existe una vieja frase, muy conocida y no por ello menos brillante: “cuando concluye la partida, el rey y el peón duermen en la misma caja”.

La pandemia ha permitido advertir, entre muchas cosas que mientras dure la partida, existe una entidad llamada Estado, largamente vituperada, que en momentos de grandes crisis intentará, al menos, que el rey y el peón tengan las mismas posibilidades de seguir jugando la partida.

 

* Politólogo (UBA). Director de la consultora Tramas & Tendencias.([email protected] )