Por Juan Manuel Boccacci
La Corte Constitucional (CC) de Ecuador le puse un freno a los recortes en la educación que pretendía llevar adelante el presidente Lenín Moreno. En el marco de pandemia el mandatario está impulsando un plan de ajuste económico. El mismo contemplaba la quita de casi 100 millones de dólares al presupuesto ya pautado para las universidades. Ante esta situación rectores, docentes y estudiantes organizaron jornadas de protestas en varios puntos del país. En paralelo presentaron recursos ante la CC ya que la medida viola la Carta Magna. La Corte les dió la razón y suspendió provisoriamente el recorte. “La universidad viene sufriendo ajustes desde el 2018 como parte de un proyecto político de desmantelamiento del Estado”, dijo en diálogo con Pagína/12 Andrea Guillén del Parlamento Universitario que reúne a varios colectivos estudiantiles.
En pleno ciclo lectivo las universidades públicas de Ecuador se enteraron que sufrirían un recorte en su presupuesto. En total el gobierno de Moreno achicó la partida presupuestaria en 98 millones de dólares. Eso significa entre un 10 y 15 por ciento del presupuesto de las 32 facultades públicas que hay en Ecuador. La medida fue tomada por el ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez. Además del recorte el ministro les ordenó terminar con contratos de miles de empleados. De haberse aplicado la medida hubieran quedado en las calle cientos de profesores y personal administrativo. Ante esto, las autoridades de la Universidad Central del Ecuador (UCE), la segunda más grande del país, dijeron que no podrían garantizar el pago a 500 profesores y técnicos docentes. Por eso, suspendieron la inscripción para el próximo cuatrimestre. A su reclamo se unieron casi la totalidad de las facultades públicas del país.
El recorte en el presupuesto educativo se decidió bajo el amparo del Estado de Emergencia decretado por Moreno el 16 de marzo. Sin embargo, la Constitución de Ecuador prohíbe que aún bajo estas circunstancias se toquen las partidas de Educación y Salud. Esto motivó a que la comunidad educativa presentaran demandas a la CC para que se expida sobre el asunto. “La Corte aprobó de manera provisional las medidas cautelares que pedimos para que se suspenda el recorte y se proteja el derecho a la educación. Sin embargo todavía no se expidió sobre la cuestión de fondo que es la demanda de inconstitucionalidad de la medida”, explicó Guillén. De esta manera la administración Moreno deberá restituir el dinero que ya le había sacado a las universidades. “Además el recorte es ilegal ya que una medida de este tipo sólo podría hacerla el Ejecutivo y en este caso fue emitida a través de una circular del ministerio de Economía”, sostuvo la estudiante universitaria. Además denunció que en varias facultades ya que echaron a decenas de profesores y personal administrativo.
Desde el gobierno se justifican diciendo que la crisis económica por el coronavirus obliga a revisar las partidas presupuestarias. Sin embargo el ajuste en educación viene desde hace tres años, sostuvo Jonathan Báez Valencia, investigador de la UCE. “Los recortes vienen desde que el expresidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, Richard Martínez asumió el Ministerio de Economía. En 2018 se quitaron 83 millones de dólares, en 2019 fueron 90 millones y ahora 98 millones”, sostuvo Valencia. Además explicó que Moreno viene sacándole al Estado herramientas fundamentales para generar más ingresos. “En plena pandemia el gobierno decidió pagar 328 millones de dólares de deuda externa. Eso quitó recursos para atender la emergencia sanitaria con las nefastas consecuencias que estamos viendo, sobre todo en Guayaquil. Además, permitió el no pago del impuesto a la renta durante 12 años a inversiones. Cambió la ley de hidrocarburos lo que disminuyó la renta petrolera que obtiene el país, nuestra principal fuente de ingresos”, informó el economista. Esas son tan sólo algunas de las medidas neoliberales que tomó la administración Moreno.
Lejos de las luces de la gran ciudad, en las comunidades indígenas la situación de la educación pública es alarmante. Sólo tres de cada cien indígenas que logran terminar la secundaria llegan a la universidad en Ecuador, informó Katy Machoa, exintegrante de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (CONAIE). “Los profesores de secundarios en la Región Amazónica nos cuentan que por el coronavirus perdieron comunicación con muchos estudiantes. Bajo estas condiciones es muy difícil para nuestra gente llegar a la Universidad”, dijo Machoa. El ajuste de Moreno es como una gota más sobre un vaso derramado hace mucho tiempo. “Con la reforma educativa del 2010 empezó un proceso de homogenización que borró las particularidades por las que tanto habíamos luchado para la educación en las naciones indígenas. Ahora mismo seguimos en esa pelea”, informó Manchoa. El plan de educación a distancia que anunció Moreno se recibió como un chiste de mal gusto en las comunidades.
El achicamiento del Estado tiene un nuevo capítulo en Ecuador. En este caso le llegó el turno a la educación pública, sostuvo Richard González Dávila abogado de Acción Jurídica Popular, uno de los organismos que pidió a la Corte Suprema intervenir. “Estamos yendo hacia una privatización de la educación pública. Con estas medidas sólo resulta favorecido el sector privado”, sostuvo González Dávila. Además informó que ante la gravedad de la situación intervino la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). “El organismo advirtió que el recorte afectaría gravemente el acceso y la calidad de la educación para miles de estudiantes. La falta de respuesta es tal que tuvo que venir un organismo internacional a cuestionar lo que están haciendo el gobierno”, informó el abogado.
