En plena pandemia de coronavirus, la cuestionada Ley de Urgente Consideración (LUC) avanza a paso firme en el Parlamento uruguayo. El extenso bloque de 500 artículos es una fiel expresión del proyecto de país del presidente de ultraderecha, Luis Lacalle Pou . Los artículos más criticados por la oposición y los sindicatos del país incluyen la privatización de empresas públicas, una serie de leyes fiscales que favorecen al sector privado, medidas de seguridad que le otorgan más poder a las fuerzas represivas, y la criminalización de la protesta social. Este jueves, sin embargo, senadores opositores lograron que el Ejecutivo retire un artículo que habilitaba a ser titulares de inmuebles rurales a sociedades anónimas. El pasado 23 de abril, el gobierno concretó el ingreso formal del proyecto de ley al Parlamento, y ahora contará con 90 días para su debate y posterior aprobación.
Si bien por el momento el Poder Ejecutivo no se dispone a debatir los artículos más candentes de la LUC, este jueves cedió en parte al retirar del articulado el capítulo sobre titularidad de inmuebles rurales y explotaciones agropecuarias. De esta forma queda trunca la idea de permitir la explotación y tenencia de tierra a sociedades anónimas cuyos titulares sean personas jurídicas. En 2007, la administración de Tabaré Vázquez promulgó una ley que lo prohibía a excepción de autorización expresa del Poder Ejecutivo, recordó al respecto el diario El Observador .
Pero el cambio resulta insuficiente para la oposición uruguaya. El espíritu de la "megaley" atenta contra los bienes del Estado y promueve limitaciones al legítimo derecho a manifestarse en la vía pública. En el terreno represivo, libera de consecuencias penales a la llamada legítima defensa. En relación a las empresas estatales, promueve la "desmonopolización" de ANCAP (Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland) y proyecta además una reforma presupuestaria en el área de la educación.
Frente a ese escenario, el Plenario Intersindical de Trabajadores - Convención Nacional Trabajadores (PIT-CNT) definió un plan de lucha que comenzará el 4 de junio con un paro parcial (el primero desde la asunción de Lacalle Pou) y una "gran movilización" al Palacio Legislativo. En los días posteriores habrá varias marchas que se harán a través de caravanas vehiculares, similares a las organizadas con éxito el pasado primero de mayo , día del trabajador.