En lo que fue la quinta sesión de la Cámara de Senadores de Salta, se dio media sanción al proyecto de ley de la senadora por La Caldera, Silvina Abilés, por el cual se crea el Registro de Obstructores de vínculos familiares, que funcionará en forma conjunta con el Registro de Deudores Alimentarios, en el ámbito del Poder Judicial.

Su autora sostuvo que en muchos casos de divorcio, una de las partes obstruye a la otra sostener el vínculo con sus hijos, por lo que la ley busca que se puedan registrar los nombres de las personas que impiden ese contacto. “Utilizan a los niños como un botín de guerra, sin respetar el registro de visitas”, subrayó la legisladora.

“Tenemos un registro de deudores alimentarios, también es importante que se pueda cumplir con el régimen de visita o acercamiento del menor con sus padres o sus abuelos”, prosiguió Abilés en su fundamento.

Aclaró que será el juez quien ordene que se agregue a determinada persona al registro, con las sanciones correspondientes, y añadió que se pueden aplicar las mismas que a los deudores, es decir, retirarles el carnet de conducir, el impedimento para acceder a algunos espectáculos públicos o a salir del país.

“Estamos protegiendo a los niños y sus derechos, no a sus progenitores”, manifestó. El proyecto fue aprobado por unanimidad y pasará a la Cámara de Diputados para su tratamiento.

El debate por el quinto caso

Luego del repudio generalizado por los sucesos ocurridos en la localidad de Rosario de Lerma el martes pasado, en donde algunos vecinos apedrearon tanto la casa de la mujer que había contraído la Covid-19 como la ambulancia que la retiró del domicilio, el senador por aquel departamento, Sergio Ramos, se sumó a la polémica para poner un manto de dudas sobre el accionar del sistema de salud, del Comité de Emergencia y del intendente Enrique Martínez.

Ramos utilizó el momento de las manifestaciones para denunciar que la mujer en una primera instancia se encontraba realizando la cuarentena en la capital salteña y, según él, “por expreso pedido del intendente, la llevaron al tercer día a Rosario de Lerma a un lugar sin condiciones” para realizar el aislamiento obligatorio.

Además, aseguró que en ese domicilio “realizaron reuniones el primero de mayo”, y que cuando la ambulancia retiró a la persona que se contagió del virus, “había dos personas más adentro de la casa”. El legislador contó a su vez que desde el miércoles último comenzaron a recibir comentarios de personas que querían hacerse estudios por haber estado en contacto con la mujer en cuarentena, algo que “ya informé a las autoridades sanitarias y al COE”, subrayó.

“Cómo habrá sido de fuerte lo que pasó, que el Comité cambió el protocolo y ahora todos los que realicen la cuarentena lo harán en la ciudad de Salta”, concluyó el senador justicialista.

Pedido a Defensa del consumidor

Fue justamente Sergio Ramos quien minutos más tarde presentó un pedido de informe a la Secretaría de Defensa del Consumidor, sobre el funcionamiento de algunas entidades financieras que a nivel nacional ya fueron denunciadas a través del Banco Central de la República por cobrar intereses usurarios a jubilados o beneficiarios de asignaciones universales.

Ramos adujo que el Banco Central “recibió denuncias por cobrar intereses de hasta 1500%”, por lo que solicitó que la entidad encargada de representar a los consumidores informe si existen denuncias en la provincia de Salta sobre las empresas Smart Cash SA; Punto Click SA; Patagonia Cred SA; Efectivo Urgente; Wenance SA; Wenance Credit Argentina SA y Wenance Inversiones AAGI SA, “para que se sepa cuáles son las empresas que estafan a jubilados o personas que cobran asignaciones universales y saber también, cuáles son las sanciones que les han aplicado”, explicó el representante por Rosario de Lerma.

Un intento para avanzar en el decreto 255

Llamó la atención un pedido del senador por Rosario de la Frontera, Javier Mónico, quien solicitó que en la próxima sesión se trate el decreto de necesidad y urgencia 255/20, que crea el régimen excepcional sancionatorio para conductas que transgredan las disposiciones de la emergencia sanitaria por la Covid-19 en toda la provincia.

Dicho decreto ya recibió el repudio y una presentación ante la Corte de Justicia de Salta por parte de organismos de derechos humanos para que declare su inconstitucionalidad por considerar que da a la Policía amplias facultades en el control del aislamiento y habilita detenciones arbitrarias.

Luego de un cuarto intermedio en donde al parecer se habló de estas controversias, Mónico anunció que retiraba su solicitud “hasta tanto se resuelvan algunas presentaciones judiciales”.

El Ente Regulador justificó a Edesa

Antes de la sesión, los representantes de la Cámara Alta se reunieron con el titular del Ente Regulador de Servicios Públicos, Carlos Saravia, que se refirió a los aumentos en las facturas de luz de Edesa durante la cuarentena, inclusive en muchos locales comerciales que ni siquiera estaban funcionando.

Sobre el hecho, reconoció que por la pandemia Edesa aplicó en marzo, por causas de fuerza mayor, la facturación estimada al 32% de los usuarios (10.000) tomando como base el consumo del mismo mes del año anterior, “lo que en algunos casos provocó que la boleta llegue con un importe menor y se corrija en la boleta siguiente, lo que no constituye un aumento”, justificó Saravia.

“He visto a algunos comunicadores que están planteando esta situación y nosotros los invitamos para que haya precisión a la hora de informar, porque si no se sugestiona a los usuarios”, agregó el funcionario, cargando culpas en la prensa  por el lógico malestar de los vecinos 

Explicó además que están trabajando para solucionar el problema que significa para empresas y comercios el pago del ítem Potencia instalada, ya que la compañía administradora del mercado mayorista eléctrico (CAMMESA) cobra ese servicio aunque las empresas hayan estado cerradas u ocupado el mínimo de esa potencia, que en el caso de Salta asciende a una suma de $15 millones.