La respuesta del Gobierno ante la escalada del dólar de esta semana fue una sucesión de medidas para poner límites al sector financiero y al comercio exterior. El Banco Central, la Comisión Nacional de Valores y la AFIP reforzaron las defensas del Estado en un escenario desafiante, porque se viven instancias cruciales de la negociación de la deuda y por los enormes desequilibrios que provoca la paralización de la economía a causa del coronavirus. La acción del Estado debe lidiar con ambos asuntos mayúsculos al mismo tiempo, con los acreedores metiendo presión en el mercado cambiario y el Banco Central obligado a emitir para paliar la crisis.

Grandes fondos de inversión que llegaron masivamente con el macrismo y son actores principales en la negociación de la deuda operaron en el segmento de contado con liquidación para empujar hacia arriba la cotización de los dólares financieros. Vienen agitando la suba para forzar al Gobierno a firmar aunque sea un mal acuerdo antes de arriesgarse a un escenario de desestabilización cambiaria, con su consecuente estampida inflacionaria, en medio de la pandemia. La jugada encuentra acompañamiento mediático, con el dólar blue a 138 pesos como estandarte, frente a los 96 pesos de un mes atrás.

Alberto Fernández y Martín Guzmán repiten que están dispuestos a escuchar contrapropuestas, pero en los términos de sustentabilidad de pago que estableció la oferta oficial. Es una estrategia que empezó a gestarse el 26 de agosto del año pasado, cuando el entonces candidato a presidente del Frente de Todos le dijo al delegado del FMI, Alejandro Werner, que la Argentina no pagaría la deuda a cualquier costo, y que para poder hacer esos pasivos sustentables, el país primero debía recuperar la capacidad de crecer. Esa definición fue la que ganó en las urnas por el voto popular y es la que reúne al día de hoy las mayores adhesiones en la opinión pública.

En términos políticos, los acreedores vienen perdiendo por amplio margen contra el Gobierno. Existe un acuerdo inédito entre oficialismo y oposición en respaldo a la oferta de reestructuración del Poder Ejecutivo. También se ha producido la virtual confesión del FMI del fracaso de las políticas de endeudamiento que acompañó durante la gestión de Mauricio Macri. Figuras centrales del pensamiento económico mundial avalan la oferta argentina. La crisis global por la pandemia refuerza los planteos de primero cuidar la salud de la población y después ver qué se hace con las deudas, como indicó el papa Francisco.

Esa acumulación política intenta ser minimizada por los acreedores con los movimientos del dólar. Sin embargo, al Gobierno le da margen para avanzar con más fuerza sobre los actores económicos y financieros que especulan o tratan de sacar un beneficio de la situación. Es lo que se vio esta semana con las medidas que adoptaron el BCRA, la CNV y la AFIP, con regulaciones para aumentar la tasa de interés de los plazos fijos en pesos, reducir la cartera en dólares de los Fondos Comunes de Inversión, acelerar la liquidación de divisas y combatir maniobras de sobrefacturación de importaciones o subfacturación de exportaciones.

El Estado tiene para desplegar controles y normas sobre el mercado financiero y cambiario todavía más potentes. No es cierto que esté indefenso para enfrentar una eventual situación de default, en caso de no llegar a un entendimiento con los acreedores. Frente a la emergencia, se ha visto reiteradas veces, se genera espacio para avanzar con medidas que en otras circunstancias no parecen posibles. Le ocurrió al propio Macri, que terminó declarando el default sobre una porción de la deuda en pesos –lo que el entonces ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, llamó el “reperfilamiento”- y poniendo un cepo de 200 dólares para el atesoramiento de divisas.

A diferencia de ese momento, las presiones cambiarias hoy no se producen de manera directa sobre el dólar oficial, que el Gobierno sostiene sin mayores inconvenientes, lo cual resulta clave en materia de precios. Es claro que la brecha con el contado con liquidación, el MEP y el blue genera comportamientos defensivos y especulativos de empresarios e inversores, como la retención de las cosechas o los aumentos de precios “preventivos”, por la expectativa de devaluación. Frente a ello el Gobierno deberá encontrar las soluciones en el instrumental heterodoxo, como el que empezó a desplegar para frenar la inflación.

El aumento del Indice de Precios al Consumidor de abril del 1,5 por ciento mostró en parte el resultado de la política de precios máximos y el congelamiento de tarifas y combustibles, resistida en otros momentos por sectores del poder económico y que ahora resultan indispensables. La situación extraordinaria de la cuarentena y el derrumbe estrepitoso de las ventas le abren oportunidades al Gobierno para actuar con otra lógica.

Un nuevo sondeo nacional de la consultora Analogías lo refleja en distintos planos. El 86,4 por ciento se manifestó de acuerdo o muy de acuerdo con que el Estado intervenga directamente en los supermercados para garantizar los precios máximos. El 85,2 por ciento dijo el Gobierno debe actuar con más fuerza para enfrentar la crisis económica por la pandemia. El 75 por ciento apoya un aporte extraordinario de las diez mil personas más ricas de la Argentina. Incluso el 63,7 por ciento opinó a favor de estatizar las distribuidoras de luz y gas para garantizar el acceso a esos servicios, aunque no sea un tema que hoy forme parte del debate público.

Los escenarios social y político también son elementos centrales en la negociación con los acreedores. Asumir el apuro de un acuerdo de reestructuración de la deuda a cualquier precio solo juega a favor de los bonistas.