Las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires acordaron que mientras dure el aislamiento social, las escuelas no pondrán calificaciones numéricas en las evaluaciones. La evaluación durante este periodo será de “carácter formativo” y tendrá como propósito “retroalimentar el proceso de aprendizaje”. La norma fue decidida en el marco de una asamblea virtual del Consejo Federal de Educación (CFE) que encabezó el ministro de Educación de la Nación, Nicolas Trotta junto con los ministros de educación provinciales y otras autoridades del gabinete educativo. También participaron del debate diputados de la comisión de Educación, representantes del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y del Consejo de Rectores de Universidades Privadas (CRUP), y los representantes de los sindicatos docentes Suteba, Ctera, Sadop, Uda, Amet y Cea. Asimismo, en la reunión virtual también se resolvió aprobar una encuesta a nivel nacional a directivos, docentes y familias para evaluar la respuesta del sistema educativo argentino en el marco de la continuidad pedagógica.
“Nuestro principal objetivo como Ministerio es garantizar el derecho a la educación. En este contexto, se profundizan las desigualdades ya que la realidad de cada hogar es muy distinta en cada rincón del país. Por este motivo, todos los actores que conformamos el sistema educativo, estamos de acuerdo que ”, planteó el ministro Trotta.
La resolución final aprobada por todos los ministros provinciales establece un dispositivo de evaluación que se centrará en el acompañamiento y seguimiento de las trayectorias escolares generando registros de devolución a familias y estudiantes del proceso que está teniendo lugar. Es decir, el propósito de este tipo de evaluación es más bien poner énfasis en la valoración del proceso evaluativo con sentido formativo no dando lugar al uso de escalas de calificación numérica ni conceptual.
Si bien los representantes de los sindicatos docentes no tienen potestad para votar resoluciones en el marco del Consejo Federal de Educación, sí tienen la posibilidad de dar su voz y hacer recomendaciones al Ministerio de Educación, tal como lo marca la Ley Nacional de Educación.
En ese sentido, la titular del gremio docente Ctera, Sonia Alesso, señaló durante la asamblea virtual que se “deben garantizar reuniones por niveles y modalidades para establecer las particularidades curriculares en cada caso y asegurar también marcos federales, especialmente en los años y ciclos de pasaje en los distintos niveles”.
Asimismo, enfatizó la importancia de que se “garanticen las condiciones de trabajo tanto en el periodo de continuidad pedagógica a través del teletrabajo como en la vuelta a la escuela como espacio físico de trabajo y la inmediata cobertura de cargos y designación de suplentes, como así también la situación de los docentes reemplazantes en todo el país".
El gremio de los docentes privados, Sadop, también presentó diversas recomendaciones ante los Ministerios de Educación nacional y provinciales reunidos manera virtual en el CFE.
Sadop propuso establecer un horario a la jornada laboral, el cual no puede ser superior al que se tenía antes de la pandemia. “Trabajar desde casa no significa estar disponible las 24 horas. Hay que marcar las tareas respetando turnos, días y horarios”, sostuvo Jorge Kalinger, secretario General del Sindicato ante la Plenaria del CFE.
El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), el cuerpo que nuclea a los rectores de las universidades públicas del país, también participó de la asamblea. Su vicepresidente y rector de la Universidad Nacional de Jujuy, Rodolfo Tecchi, señaló a Página/12 que la normativa de la evaluación “formativa” si bien rige para todas las escuelas del territorio nacional, las escuelas preuniversitarias configuran un caso especial ya que están sujetas a la autonomía universitaria. “Cada universidad va a tomar como referencia la resolución del Consejo Federal de Educación en torno a la evaluación. Pero hay algunas cuestiones que no se podrán flexibilizar ya que las escuelas preuniversitarias tienen otro tipo de exigencias”.
Otro de los temas que se votaron en la reunión del Consejo fue la aprobación de una Evaluación Nacional del Proceso de Continuidad Pedagógica que se pondrá en marcha a partir del 26 de mayo y sus resultados serán dados a conocer en julio. Ésta incluye una encuesta a directivos, docentes y hogares y tiene como objetivo relevar el estado de situación y analizar los procesos de continuidad pedagógica como aspectos clave para evaluar en qué grado se está garantizando el derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes.
En ese sentido, Trotta explicó: “Tenemos la responsabilidad como Estado de brindar insumos y evidencias para la toma de decisiones con información fehaciente. Por lo que establecimos consensos en torno a la necesidad de avanzar en una encuesta nacional que llevará el nombre de Evaluación Nacional del Proceso de Continuidad Pedagógica que nos permitirá medir los procesos que estamos llevando adelante”.
La muestra de 5 mil escuelas será representativa de las 52 mil escuelas de la educación obligatoria del país -tanto estatales y privadas como rurales y urbanas- y la encuesta será respondida de forma anónima por 5 mil directivos y 25 mil docentes a través de preguntas cerradas y abiertas, y entrevistas en profundidad. Los hogares serán consultados a través de encuestas telefónicas. Esta línea será desarrollada en colaboración con Unicef para las posibilidades de interacción y de desarrollo de actividades educativas en los hogares.
Por último, durante la asamblea también se convino comenzar a confeccionar los protocolos para el regreso a las aulas cuando el Comité de expertos en salud lo disponga, teniendo en cuenta la readecuación de la infraestructura escolar y considerando la experiencia que están empezando a transitar los países europeos.
“Sostenemos la importancia de garantizar el derecho a la educación como responsabilidad concurrente entre el Estado Nacional y los Estados jurisdiccionales”, expresó Trotta y agregó: “La planificación del retorno a clases presenciales, la reorganización de las actividades educativas y el establecimiento de protocolos de seguridad sanitaria son temas centrales que ocupan a nuestro Ministerio”.
