Organismos de derechos humanos, organizaciones sociales, gremiales y estudiantiles, y agrupaciones políticas expresaron ayer su "más enérgico repudio" a la represión policial desatada el jueves último sobre un grupo de familias indígenas y criollas que habían tomado un predio privado en la ciudad de Tartagal. La represión no se limitó al lugar donde se había ordenado un desalojo, sino que avanzó sobre territorio de comunidades originarias.
En el pronunciamiento, las organizaciones y personas firmantes, afirmaron que hechos como éste dejan al descubierto "una modalidad de actuación sistemática de las fuerzas de seguridad basada en prácticas violatorias de los derechos humanos, abusivas, discriminatorias e ilegales avaladas y/o consentidas por el Poder Judicial y Ministerio Público mediante un uso desmedido de la fuerza represiva, dirigidos generalmente hacia los colectivos más vulnerables".
El ataque policial, ordenado por el juez de Garantías de Tartagal Nelson Aramayo, a solicitud del fiscal penal Gonzalo Vega, se concretó en horas de la madrugada del 14 de mayo. En el pronunciamiento se destaca que por distintos testimonios se sabe que "con la excusa de un desalojo, sin intimación previa, se desató una represión feroz, cuando todavía era de noche y por varias horas, contra un grupo de personas en un terreno ubicado sobre la calle Urquiza, entre San Lucas y pasaje Betania de la ciudad de Tartagal".
"De modo ilegal y abusivo el operativo se extendió a los barrios de las comunidades guaraní, chorote y toba, en los que se registró una violencia absolutamente desproporcionada, ingresando a domicilios particulares sin orden judicial y recurriendo a gases lacrimógenos, disparos con balas de goma, insultos y golpes, inclusive a niños, niñas, embarazadas y discapacitados. Miembros de comunidades indígenas fueron severamente lesionados con estas acciones, al igual que el periodista Julio Nogales que se encontraba cubriendo los hechos", reseñaron los firmantes del pronunciamiento, entre ellos, la Mesa de Derechos Humanos de Salta, que reúne a cuatro organizaciones de DDHH, la diputada nacional Verónica Caliva (FdT) y la Maestría de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Salta.
Añadieron que "estos hechos miserables desnudan la grave crisis habitacional y alimentaria que vive la Provincia de Salta, en especial en sus grandes centros urbanos como es Tartagal, agravada por las restricciones definidas en el marco del Covid-19, por la cual miles de personas se ven obligados a vivir hacinados, sin los servicios mínimos necesarios, en condiciones de insalubridad, expuestos a enfermedades y a diferentes tipos de violencia".
Además de solidarizarse con las víctimas de la represión, repudiaron estos hechos y "a las fuerzas y órganos intervinientes" que deberían, recordaron, "garantizar la vigencia del estado de derecho y las garantías constitucionales, antes que facilitar su vulneración".
Asimismo, exigieron que haya una investigación y se sancione a los responsables de la represión, y haya "garantía de no repetición".
También demandaron "la urgente apertura de los canales necesarios para avanzar en respuestas sobre la crisis alimentaria, sanitaria y habitacional de la población afectada"; la titularización de los territorios indígenas en toda la Provincia. Y la "urgente puesta en funcionamiento del Comité Provincial para la Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Inhumanos, Crueles o Degradantes".
Acompañamiento
Anoche el gobierno provincial informó que técnicos de la Secretaría de Asuntos Indígenas "brindaron acompañamiento a integrantes de familias originarias que fueron desalojadas de un predio privado en la ciudad de Tartagal, donde también se ubicaron familias criollas".
El gobierno indicó que está previsto que el lunes funcionarios de Asuntos Indígenas "continúen realizando dicha intervención para arbitrar las medidas necesarias que garanticen los derechos de las comunidades".
Según se indicó, tras conocer de la represión, el equipo técnico de la Secretaría fue a Tartagal para reunirse con representantes comunitarios y también recabar información del trámite de la causa en la que la Justicia provincial ordenó el desalojo compulsivo, concretado en horas de la madrugada.
