Delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público y abandono de persona; basado en que, pese a conocer las condiciones de vida de la comunidad wichí no combatieron la situación con política alguna. En ese resumen se enmarca la denuncia penal que se presentó este viernes ante el Ministerio Público Fiscal (MPF) de la provincia, a nombre de Juan Grabois, fundador y referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP).
La denuncia apunta al gobernador Gustavo Sáenz, y a su antecesor, Juan Manuel Urtubey. Grabois adjuntó el informe que hicieron los profesionales de las Brigadas Sanitarias. Los grupos convocados y organizados por la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) actuaron en el norte provincial desde febrero de este año, hasta unos días antes al 20 de marzo, cuando se inició la cuarentena en el país.
En enero se conocieron las primeras muertes del año de niños en el norte salteño, en su mayoría del pueblo wichi. La realidad, siempre ignorada, generó alerta en el gobierno nacional. Se instrumentaron políticas para mejorar las condiciones de vida de las comunidades. Pero se focalizaron sobre todo en Santa Victoria Este, de donde son la mayoría de los niños que fallecieron.
Hasta fines de marzo con las denuncias que llegaron a los medios se pudieron contabilizar 13 niños y niñas fallecidos por causas evitables. Muchos de estos nenes arrastraban un problema de desnutrición, por lo que la deshidratación tras una diarrea se convertía en mortal.
Antes de esta denuncia, el MPF había iniciado de oficio una investigación. En los informes oficiales del Ministerio de Salud de la provincia surgió que entre enero y febrero murieron 25 niños de hasta 5 años en los departamentos Rivadavia, San Martín, y Orán. Las causas de fallecimiento debían ser evaluadas por el Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF). Pero ante el inicio de la pandemia, y la sobrecarga del CIF en tareas que la Policía dejó de hacer, aún no hay resultados.
En la denuncia de Grabois, se sostiene que estas omisiones “han llevado incluso a la muerte de personas por falta de asistencia”. Para el denunciante, la falta de contemplación de políticas públicas para este sector por parte de los mandatarios contribuyeron “a aumentar el riesgo que implica la grave situación sanitaria en que se encuentran las comunidades interrumpiendo un curso causal salvador que por obligación debería haber operado”.
El informe de las Brigadas
En febrero desde la UTEP se organizaron equipos multidisciplinarios para actuar en la emergencia sociosanitaria en el Chaco salteño. Realizaron operativos sanitarios en las comunidades (indígenas y criollas) de Misión Chaqueña, Carboncito, Misión La Esperanza, Ballivián, Mosconi, Tartagal, El Mistol, Misión Salim, Kilómetro 16, Misión Taperigua, entre otras, todas del departamento San Martín.
Los informes de los profesionales que intervinieron en esos operativos describen las realidades de las comunidades. La situación habitacional es “de extrema vulnerabilidad con una gran cantidad de la población viviendo en condiciones de hacinamiento dentro de una zona endémica de tuberculosis y el Chagas”. La situación laboral no es la mejor, pues no hay acceso al sistema laboral formal. Por el contrario (y como se relevó en más de una ocasión incluso en denuncias de la AFIP), el empleo en la zona se caracteriza por “condiciones de explotación en fincas, con cultivos transgénicos, utilizando agroquímicos sin la protección adecuada, y manejando máquinas peligrosas”.
Evidencias de esa situación quedaron marcadas en los cuerpos que cuentan con lesiones generadas por accidentes laborales. El principal aporte que les permite algo de certidumbre para satisfacer sus necesidades es el de seguridad social.
Mencionaron también las consecuencias de la falta de acceso al agua. “Aproximadamente el 65 por ciento de la población atendida no cuenta con el servicio”, indica el informe. El 50 por ciento expresó que tiene escaso acceso y un 22 por ciento directamente no cuenta con provisión alguna. La población pediátrica, “en especial de los 6 a los 24 meses, es la más perjudicada”, sostiene la denuncia. Sucede que “la deshidratación aguda constituye la principal causa de muerte en este mismo grupo etáreo”.
Las patologías más diagnosticadas fueron infecciones urinarias y parasitosis. Se indicó que esta última enfermedad es el resultado, a su vez, de “un síndrome de mala absorción, anemia y desnutrición”. Las infecciones urinarias aumentan la morbilidad de las mujeres que la padecen y constituyen un foco de infecciones perinatales, principal causa de muerte materna.
En algunas comunidades el agua llega en camiones cisterna. Pero “el almacenamiento en grandes receptáculos al aire libre actúa como caldo de cultivo para larvas de mosquitos vectores de dengue y otras fiebres hemorrágicas, como así también de otros patógenos en general”.
El acceso a la comida es otro de los problemas. Según la denuncia, “los miembros de las comunidades manifestaron la imposibilidad de comer de manera cotidiana”. Pues indicaron que hay familias que pasan “días y semanas sin ingesta sólida”, o con “una sola comida diaria”. La falta de alimento se nota también en las consultas reiteradas por “dolor de cabeza, mareos, debilidad, cansancio, inflamación abdominal, todos signos y síntomas de un síndrome anémico producto de la desnutrición”.
La falta de agua afecta la cocción de los alimentos. Esto a su vez, genera el consumo de comidas fritas y “se observa una relación directamente proporcional con los casos de litiasis (una enfermedad renal)”. No escapa al informe la situación de los desmontes: “la pérdida de monte nativo afecta la obtención de alimentos en base a métodos tradicionales, de recolección, ‘campeo’ (regionalismo de la caza) y pesca”.
La salud, otra política deficiente
Los informes detallaron que la falta acceso a educación sexual y métodos anticonceptivos genera que la tasa de embarazo adolescente esté “tres veces por encima de la media para Argentina”.
La incidencia en la mortalidad por cáncer de cuello uterino también es alta. Pues la mayoría de las mujeres no acceden al PAP. “Se encontró un 40 por ciento de cánceres de cuello uterino evidenciados a nivel macroscópico en las jornadas de realización de PAP por parte de las brigadistas”, especifica el informe adjuntado a la denuncia.
La mayoría de las personas con diabetes e hipertensión no tienen diagnóstico ni tratamiento, a lo que se suman las llamadas “enfermedades de la pobreza” como el Chagas y la tuberculosis.
Esta ausencia va de la mano con “un precario e inexistente primer nivel de atención de la salud”, enmarcado en una red de hospitales sin especialistas suficientes.
La precarización laboral de los trabajadores, las denuncias por mala praxis, los tratamientos sin seguimiento ni controles, y la falta de una política reforzada en lo intercultural y la formalización laboral de agentes nativos que permitan hacerla posible, aparecen en la denuncia como una combinación complicada.
Las cuestiones de género también fueron visibilizadas. Para quienes conformaron las Brigadas, las “mujeres de la comunidad ven corcetado su derecho a gozar una sexualidad libre, plena y segura. Ven limitada la expresión de su subjetividad y encuentran como único horizonte posible la maternidad y las tareas de cuidado doméstico. Si bien muchas de las comunidades estaban referenciadas por cacicas, casi la totalidad de las mujeres de la comunidad sufren o han sufrido algún tipo de violencia de género. Lo cual se enmarca en un conjunto de violencias que parten del no acceso a la salud sexual”.
