El directorio del grupo Vicentin le dijo a la comisión de diputados provinciales que sigue su concurso de acreedores que la intención es superar el default declarado en diciembre pasado y arreglar el pasivo de 1.400 millones de dólares por el que ya ha afrontado pedidos de quiebra. Pero sí aclararon que para sortear esta zozobra están en busca de un socio que aporte liquidez, de lo contrario el futuro es incierto. Los legisladores tomaron esa promesa y valoraron la impresión que les dejó el juez del concurso, Fabián Lorenzini, quien despejó la posibilidad de que la agroexportadora con origen en el norte santafesino termine por entregar lo que resta de su participación en Renova, el gigante de crushing de soja, fabricación de aceite y biodiésel que tiene en sociedad con la suiza Glencore y que consta de plantas industriales y puerto y en Timbúes y San Lorenzo. Esta semana definirán una ronda de encuentros con los principales acreedores, sobre todo con directivos del Banco Nación. Quieren saber cómo es que Vicentin llegó a adeudarle durante la gestión macrista de Javier González Fraga 18.200 millones de pesos por un crédito, diez veces más que el monto destinado hoy a préstamos para pymes. Por eso también se reunirán en los próximos días con el fiscal federal Gerardo Pollicita, quien impulsa la investigación penal contra el ex funcionario de la gestión Cambiemos. Sospechan que hay algo más que "sólo malos negocios", tal como les contaron el jueves los ejecutivos en Avellaneda.
Ocho diputados de la comisión ad hoc que preside Luis Rubeo e integran Rubén Giustiniani y Carlos Del Frade, entre otros -de todos los bloques, menos de Juntos por el Cambio- visitaron esta semana al juez del concurso, Fabián Lorenzini (les sorprendió que los recibiera junto al presidente de la Cámara en lo Civil y Comercial de Reconquista); a los sindicatos de la carne, textiles y aceiteros; al intendente de Avellaneda, Dionisio Scarpín (UCR-FPCS); al de Reconquista, Amadeo Vallejos (PJ) y a los directivos del grupo, encabezados por el emblemático referente de la empresa, Quito Vicentin.
Los diputados iniciarán de ahora en más una ronda de encuentros con los acreedores (en total suman 2.600) de la aceitera y algodonera con base en Avellaneda, en el norte santafesino. "El juez nos sorprendió gratamente, creo que su intención es transparente, está por habilitar una web la semana próxima para volcar allí toda la información del concurso", valoró Rubeo. Pandemia mediante, Lorenzini piensa estirar el plazo que vence el 9 de junio para presentar acreencias. Luego, la sindicatura evaluará antes del cierre en septiembre, cuando brinde un diagnóstico previo a definir en firme un plan de pago de deudas. El proceso es vigilado por un comité de acreedores en el que se cuenta el Banco Nación, pero también los mayores: los bancos IFC y FMO, que reclaman 16.000 y 9.000 millones de pesos respectivamente, y la cooperativa ACA, que reclama el pago de granos por 4.900 millones.
A los legisladores les preocupa la posibilidad de que Vicentin, en su necesidad de fondearse, entregue el 34% que le queda de Renova (crushing de soja, aceite, biodiésel y pellets) a su socia, la multinacional Glencore. El juez Lorenzini los tranquilizó: no hay indicios en el expediente de que la empresa intente hacer eso.
En medio de estos devaneos, hace diez días corrió el rumor de que una fábrica de fertilizantes -ALS, con sede en San Nicolás- anda sondeando a acreedores del concurso para comprar algo de lo que Vicentín adeuda.
Otra preocupación de la junta legislativa apunta a la causa penal que impulsa el fiscal Pollicita en Buenos Aires y que tiene a González Fraga como principal imputado. "¿Cómo y por qué el BNA hizo los últimos dos desembolsos el año pasado, cuando Vicentin ya había dejado de cumplir con la devolución de los préstamos?", inquirió Rubén Giustiniani. "De esa manera, cómo y por qué defaulteó siendo que en poco tiempo pasó de ser la empresa N°26 a la N°7 en importancia del país, y de 4° exportadora a 1°. Ellos dicen que una serie de variables financieras los descalzó, pero habrá que ver lo que dicen las autoridades actuales del BNA", razonó el legislador del bloque Igualdad.
Vicentin emplea, de manera directa e indirecta a unas 7.000 personas en Reconquista, Nelson, San Lorenzo y aledaños, a través de su planta de molienda y crushing, la aceitera, el frigorífico Friar la algodonera Avellaneda, una pañalera, entre otras diversificaciones. Esa influencia le expusieron los dos intendentes que visitaron esta semana. "La masa salarial de Vicentin en el polo Reconquista-Avellaneda significa 60 millones de pesos todos los meses. El intendente Scarpín nos dijo que si el grupo desaparece, Avellaneda también", asumió Rubeo.
"Me vine con la sensación de que el grupo empresario quiere sanear la situación y continuar, sin desprenderse de activos", opinó. "Pero sí nos dejaron en claro que buscan un socio para salir adelante y que ponga por lo menos 300 millones de dólares -agregó el diputado del PJ-. Dicen que desde 2017 a 2019 la deuda con el BNA se les duplicó, y entonces hay que averiguar qué pasó. Ellos dicen haber hecho malos negocios, por eso vamos a hablar con el directorio del banco y con el fiscal".
