El gobierno provincial y las empresas constructoras retomarán mañana las negociaciones en torno a la oferta para el pago de la deuda que la provincia mantiene con los contratistas de obra pública, con certificados impagos en algunos casos desde julio.

El primer encuentro se realizó el jueves pasado en Casa de Gobierno. Los ministros de Economía Walter Agosto y de Infraestructura Silvina Frana presentaron los detalles de la oferta estructurada a partir del decreto 415 del gobernador en el cual establece condiciones y límites de la oferta.

En la práctica se trata de una operación de deuda por 6.000 millones de pesos para “renegociación de contratos públicos y la cancelación de deuda consolidada y flotante al 31 de diciembre de 2019”. Es el monto máximo que le autorizó la Legislatura para ese concepto. En lugar de pedir un préstamo u otro instrumento de crédito, en este caso hará que lo financien los propios acreedores. Para eso emitirá títulos por hasta 4.500 millones de pesos y cheques de pago diferido por hasta 1.500 millones más.

A partir de esas dos herramientas financieras, la oferta que Agosto y Frana presentaron  consiste en pagar 75 por ciento con títulos y 25% con cheques de pago diferido.

Los títulos pagarán intereses desde su emisión, a tasa badlar con un tope de 40%. El capital de la deuda recién comenzará a amortizarse el año próximo y en 8 cuotas trimestrales. Se termina de pagar a mediados de 2023. 

Los cheques de pago diferido tienen fecha de vencimiento en febrero, marzo, abril, y junio de 2021. No reconoce intereses.

En el caso de las deudas menores a 5 millones (es el caso de unas 40 pequeñas empresas) se les ofrece cancelar parte en efectivo.

Por los contratistas participaron los presidentes de las delegaciones Rosario y Santa Fe de la Cámara Argentina de la Construcción, Pablo Nazar y Renato Franzoni. Los empresarios se manifestaron disconformes con el ofrecimiento y quedaron con los funcionarios en llevar para la reunión de mañana una contrapropuesta.

"Es muy difícil aceptar una cosa así, la situación de muchas empresas es gravísima. No proponen pagar nada en efectivo y los plazos son muy extensos. En el caso de los cheques de pago diferido, se propone empezar a pagar en febrero del año que viene una deuda consolidada al 31 de marzo de este año. Es decir a un valor de 11 meses atrás y no reconocen intereses. Le dije al ministro que hay un desequilibrio enorme. Con mi empresa fui a refinanciar con YPF compras de combustibles y otros insumos que vencieron en marzo para reprogramar a junio. YPF me aplica una tasa de interés del 99% anual", ejemplificó Nazar, quien de todos modos destacó la predisposición de los ministros para escuchar contrapropuestas.

En tanto, la ministra Silvina Frana dijo a Rosario/12 que "fue la primera reunión para tratar la alta deuda que heredamos del gobierno anterior". Sostuvo que todo esto se complicó con la pandemia: "Una cosa es estar dando esta discusión en mayo, con la recaudación en caída libre, y otra muy distinta es si hubiéramos tenido la ley de emergencia aprobada en diciembre".

"La pandemia nos obligó a reorientar todos los recursos a ese objetivo. Nosotros queremos resolver esto, por eso la idea es que en julio podamos entregar los instrumentos de pago. Aparte nosotros queremos comenzar con nuestro propio plan de obras, lo cual está muy complicado por la caída de recursos".

Uno de los aspectos a dilucidar, al menos para la prensa, es la cifra definitiva de los certificados de obra pública consolidados al 31 de diciembre que entran en esta reestructuración de deuda. Consultadas ambas partes por este punto, Nazar de la CAC delegación Rosario señaló que se verificaron 3.400 millones en toda la provincia, mientras que el gobierno sostiene que fueron 6.200 millones.