La falta de regularización de la tenencia en la zona de frontera norte reeditó un conflicto por la propiedad de la tierra. Un titular registral denunció por usurpación a vecinos del paraje  El Sauzal, en jurisdicción del municipio de Salvador Mazza, el último pueblo antes del límite internacional con Bolivia. La denuncia es por vivir en ese lugar y por haber reabierto un camino para evitar pasar por tierra boliviana para conectarse con el resto del país argentino.

Los vecinos, por su parte, aducen la posesión de las tierras, dado que son familias que, según afirmaron, en algunos casos están desde hace casi un siglo. Desde ambas partes esperan la intervención del Ejecutivo Provincial.

Si bien el gobernador Gustavo Sáenz estuvo por la zona el sábado último, no llegó al sector que, según anunció el titular registral Héctor Barroso, será cercado con alambres, y cuidado mediante garitas de seguridad privada, en plena frontera. Barroso afirmó que esto sucederá a más tardar en 15 días. Ante ello, los vecinos de El Sauzal pidieron la intervención del Concejo Deliberante de Salvador Mazza, dado que si no se frena la intención del titular, quedarán aislados otra vez.

Barroso aduce ser el titular registral de tres catastros en los que se ubican parte de las familias del barrio Sector 5; el camino que se reabrió para que las familias de El Sauzal lleguen a Salvador Mazza sin salir de Argentina, y las tierras en donde se encuentran las viviendas de estas familias y la comunidad guaraní Iporé.

Los catastros 4.329, 17.078 y 14.311 están del lado argentino y limitan con Bolivia. Barroso dijo que fueron comprados por su padre a otros privados en 1978. En parte de los dos últimos catastros se asienta el Sector 5. El titular registral afirmó que en 2018 acercó una propuesta al gobierno de Juan Manuel Urtubey. En aquel momento ofreció 15 hectáreas para el Sector 5, una extensión de 100 metros de ancho por tres kilómetros para hacer el camino entre el paraje El Sauzal y Salvador Mazza, y 30 hectáreas para regularizar a los pobladores de El Sauzal.

El gobierno aceptó solo 12 hectáreas de las 15 ofrecidas para el Sector 5, y pagarle a Barroso lo valuado por la Dirección General de Inmuebles: 2.400.000 pesos por hectárea, en aquel momento 66 mil dólares por hectáreas, según Barroso. El titular registral había solicitado 5 millones de pesos por hectárea. “Igual acepté”, sostuvo. Pero el trámite quedó frenado en el área financiera de la provincia y pasó a la actual gestión de gobierno. Aún no se concretó el pago de ese acuerdo y pese a que solicitó audiencia con Sáenz, el propietario sostuvo que solo lo llamaron funcionarios de segunda línea. Él insiste en hablar directamente con el gobernador. 

Barroso afirmó que en 15 días cercará las tierras que reivindica como suyas. Esa presunta propiedad involucra 1.500 metros de un proyecto de forestación en una parte del Sector 5 que involucraría algunos patios de vecinos. El empresario aseguró que también cerrará las tierras de El Sauzal y el camino reabierto. En total, afirmó que serán cercadas unas 1.800 hectáreas en la zona de frontera.

Evitando el paso

El sábado último Sáenz fue a algunos barrios de la zona de la frontera. Pero sólo llegó al barrio El Chorro, sin pasar ni por el Sector 5 ni llegar hasta El Sauzal. Los vecinos de este paraje le tenían preparados los papeles para tratar con él la compleja situación registral de las tierras que ocupan.

“Parecía que jugábamos al gato y al ratón”, se quejó el concejal Raúl Arroyo al contar a Salta/12 lo acontecido ese día. El mandatario salteño sólo fue acompañado por el intendente, Rubén Méndez. Otros concejales lo buscaban para presentarles sus reclamos y los de los vecinos de Salvador Mazza. Pero la búsqueda fue vana y no lograron dar con el requerido visitante.

Arroyo está denunciado por usurpación. Las denuncias las hizo Barroso cuando el edil ayudó a los vecinos de El Sauzal a reabrir un camino que tiene unos 10 años, y ampliarlo para el paso de ambulancias en caso de ser necesario. Pero también, porque el concejal presentó un proyecto para regularizar el camino como “vecinal”. El pedido no es nuevo, ya en 2013 el entonces intendente Carlos Villalba había presentado ante la Dirección de Vialidad de la Provincia una nota para que se formalice al camino como “provincial”.

Barroso también elevó un pedido al Concejo Deliberante de Salvador Mazza para que Arroyo sea expulsado del cuerpo legislativo por su falta de “conducta ética”.

En la nota advirtió que iniciará acciones judiciales contra la Municipalidad por haber ingresado maquinarias viales en su propiedad privada sin tener instrumento público que lo legalice. Añadió que no se puede avalar un proyecto que está fuera de la ley “disfrazada en apariencia por las personas que usurpan el lugar en cuestión con la finalidad de tener un camino que en función del comportamiento histórico fue para hechos delictivos”.

Casi un siglo de posesión

En la nota que los vecinos elevaron el viernes al Concejo Deliberante de Salvador Mazza pidieron “intimar a los supuestos propietarios de las tierras”, o sea, a Barroso, "a no realizar el cierre perimetral en sus catastros", pues dentro de ellos “tenemos construidas nuestras viviendas y nuestros ancestros vivían o viven algunos desde hace aproximadamente 100 años”.

Luis Maizares Ríos, de más de 70 años, es “nacido, criado y estudiado”, en El Sauzal. Sus parientes de menor edad mostraron los papeles del pago de impuestos por sus antecesores en 1947, cuando ya vivían en el lugar. Esos impuestos de “pastaje” eran pagados a la Dirección de Rentas de la provincia. “Un día, en los ’70, fui a pagar y me dijeron que ya no me correspondía porque yo había nacido ahí”, dijo Maizares.

Al igual que Barroso, los vecinos sostienen que estas tierras son muy valiosas ya que están en la frontera misma “y algunas veces se usan para cosas no muy santas”. En este punto está el cuestionamiento de cómo fue que los nuevos presuntos dueños de las tierras consiguieron comprarlas. A entender de los habitantes históricos, las tierras son fiscales. Barroso aseguró que no y dijo que para que se autorice la compra-venta en zona de frontera, los trámites demoraron 8 años.

Según los papeles que mostraron los vecinos, estarían desde antes de que el padre de Barroso comprara las tierras a otros titulares registrales. La situación no es privativa de este caso. En toda la provincia hay aún muchos casos sin regularizar tierras, pese a que existe desde 2010 una ley que suspende los desalojos de campesinos y dispone un programa de regularización de tierras.

Maizares agregó que si bien ellos fueron los primeros en el lugar, en 1963 fue la misma Gendarmería que “trajo a la gente” a la frontera, y esos son los demás habitantes del paraje.

Como en toda zona habitada, hay una escuela. Al primer edificio “lo levantamos nosotros”, dijo Maizares. Pero se “lo llevó la Quebrada” en un desmoronamiento. Al segundo edificio le pasó lo mismo. Ante ello, la escuela 4225, “Soberanía Argentina”, fue levantada en otro lugar que, según Barroso, está dentro de lo que él considera su propiedad y por lo tanto, en su opinión, haber construido la escuela ahí constituye una usurpación más, pero en este caso del Estado.