Está previsto que hoy en la ciudad de Tartagal haya una nueva audiencia ante la jueza Claudia Yance, de Violencia Familiar y Género, en el proceso de "control de legalidad" de la decisión de la Secretaría de la Niñez de la provincia de sacar del entorno familiar a dos hermanitos, una nena de 11 años y un nene de 8, por considerar que no estaban siendo cuidados como corresponde por su madre, una mujer wichí de 39 años. 

Para la jornada de hoy están convocados un tío de los chicos, dos hermanas mayores y el padre, un trabajador rural de una finca en Orán. La madre, Carmen Jerez, declaró el viernes pasado. 

El proceso salió a la luz en esta instancia por la protesta pacífica que lleva adelante la madre, y una amiga, frente al edificio del Poder Judicial de Tartagal. Antes, cuando sucedió el hecho central que parece haber originado la internación de los chicos, también tuvo exposición pública: la noche del 25 de abril último un incendio consumió la casa en la que estaban los hijos de Carmen, en el humilde barrio San Cayetano de la localidad de Embarcación, que corresponde al departamento San Martín.

En el incendio falleció Emanuel, gemelo del nene ahora internado en el Hogar de Niños de Tartagal. Sietemesinos, los gemelos nacieron en un parto complicado que incluso tuvo al borde de la muerte a la madre. Emanuel no veía, ni hablaba y tampoco podía caminar, "era como un bebé". En el momento de "la tragedia", los tres hermanitos estaban solos. La hermana mayor de edad que los tenía bajo su cuidado los había dejado unos minutos para llevar a su hijita a la casa de su suegra. Cuando volvió, la casa estaba en llamas. Carmen Jerez, que vivía con sus tres hijos menores en una casilla del ferrocarril, los había dejado con la hermana mayor para ir a trabajar a la finca de Orán, a 44 kilómetros de Embarcación. 

Carmen se enteró del incendio a las 22, y a las 23 ya estaba en Embarcación. Ahora, mientras protesta en Tartagal, piensa que desde esa misma noche comenzó el proceso que la separó de sus hijos. “La Policía los ha sacado a los chicos en violencia, no han respetado la cuarentena, no han venido con barbijo, lo han sacado a lo brutal, casi se cae el chiquito del móvil. Usted no se imagina cómo han trabajado acá de mal, no han respetado el duelo, le hacían cada pregunta, los chicos lloraban, yo les decía mirá, yo no quiero ver a los chicos sufrir, no les pregunten, ya basta, los chicos se van a traumar”.

Ni bien ocurrió el incendio, el fiscal penal Pablo Cabot inició una investigación con el fin de determinar si se cometió un delito. Un "hombre de la Fiscalía" al que Jerez le recrimina maltrato verbal, informó, según asegura la madre, que un día la nena estaba sola en la casa, cuando en realidad estaba acompañada por su abuela.

Después tuvo otro episodio que al parecer influyó en contra de la madre. Una noche estaba lavando ropa en lo de un vecino, los hermanitos, que estaban con ella, se quedaron dormidos y en un momento el nene desapareció. Salió a buscarlo y se encontró con que lo tenían tres policías. Según Carmen, uno de ellos la retó a los gritos y ella respondió reclamando respeto. 

“¿Me acompaña hasta la comisaría?”

La tarde del sábado 2 de mayo, la Policía fue a buscarla a su casa, le dijeron que fuera a la comisaría junto con los nenes. Ni bien llegó, hubo una formación de ocho policías, “me dicen, vamos, vamos, vamos, a los chiquitos los llevamos, órdenes de Tartagal. Ellos empezaron a gritar, a llorar". Carmen pidió explicaciones pero los policías se cerraban en que eran órdenes de Tartagal. “Los chicos gritaban, yo los abracé y empecé a orar, le digo a Dios que los calme a los chicos”.

Después de mucho insistir, le entregaron una constancia de que por lo "ordenado por la dra. Gómez de la Secretaría de la Niñez y Familia de Tartagal, se le hace saber que los niños (…) quedarán alojados provisoriamente en el Hogar de Niños Walterio Ansaldi (…) hasta que se disponga nueva medida”. 

“No sé por qué trabajan así, saben la tragedia que hemos pasado, hemos perdido todo. Ustedes saben bien, ustedes saben que yo he ido a trabajar a Orán”, dijo Carmen que recriminó a los policías. Recordó que antes de que terminaran de acomodarse sus hijos, el móvil arrancó con fuerza y el niño, que tiene retraso madurativo, casi se cae. 

La madre dijo que esa mañana había recibido la visita de "una doctora, que sería de Desarrollo Social ahora", que le preguntó cómo estaba. “Y claro, me llega ese dolor de que cuando estaba vivo no venían, y ahí en ese momento” dijo que no necesitaba nada. 

La abogada Graciela Gómez es la directora de la Delegación de la Secretaría de Niñez del departamento San Martín. Consultada por Salta/12, se excusó de dar mayor información en que "es un proceso de familia y el Código Civil establece que son reservados para las partes”, y todavía “más teniendo en cuenta que están involucrados derechos de niños".

Sí señaló que esta Secretaría interviene "en virtud de la competencia que le otorga la ley 26061, que es la ley nacional del sistema de protección, y la ley provincial 7970”. Estas leyes “nos otorgan competencia para adoptar medidas de protección y medidas excepcionales”, que son “aquellas medidas que disponen la separación temporal de los niños o adolescentes que estén en riesgo y deban ser separados de su grupo familiar e ingresados en algún dispositivo del Estado, en un hogar de niños. Eso es lo que ocurrió en esta situación. Se dictó una medida excepcional”, que “está sujeta al control de legalidad” que lo realiza el Juzgado de Familia, en este caso la jueza Yance. Interviene también el asesor de incapaces de Embarcación, José Cortez. 

“El proceso está en marcha, va a continuar en todas sus instancias, está todo establecido y se siguieron todos los pasos previstos por la ley”, sostuvo cuando se la consultó por la protesta de la madre. 

Gómez indicó que la Secretaría de la Niñez interviene "siempre respetando la cultura e idiosincrasia, pero se interviene con el mismo rigor en realidad, haciendo aplicación de la misma ley, no diferenciando”. A pesar de ello, añadió que no le exigen "lo mismo a una persona criolla que a una persona perteneciente a un pueblo originario". 

"Me voy a matar, mamá"

El 3 de mayo, al día siguiente de que se llevaran a sus hijos, Carmen Jerez los siguió a Tartagal. Y empezó su manifestación, con una bandera, un cartel y una cadena con la que se ata a la reja de la Ciudad Judicial tartagalense. 

Pudo ver a sus hijos poco después de su llegada, por el cumpleaños de la nena. “¿Sabe lo que me ha dicho ella? Que se iba a matar ahí adentro si no la saco, que está cansada, en lloro me ha dicho”. 

Al nene lo vio otra vez el viernes pasado, a través de un portón abierto, y alcanzó a notar que tenía “una gaza grande en la cabeza. Que está golpeado, no sé qué habrá pasado”.

Carmen es hija de madre wichí y padre criollo. Nació en Misión Chaqueña, y se crió entre Embarcación y la ciudad de Salta. Hizo hasta el primer año del secundario. A los 18 años se juntó. Tuvo siete hijos. El primero, al que llamó Emanuel, murió a los nueve meses. Recordándolo, le puso como segundo nombre Emanuel a otro de sus hijos, y luego a uno de los gemelos. “Yo vengo sufriendo por el primero, Emanuel, Emanuel, mire ahora, otro Emanuel se me fue”.

“El viernes me ha pedido la jueza que esté tranquila, quiere que ya me vaya a descansar, que ya no ponga el cartel ahí, le digo si no pongo el cartel usted no me atiende”. “Yo no lo maté a él, si yo no pongo ese cartel ustedes no me van a atender y los chicos sufren”. “Soy una madre luchadora (…) venía luchando con los chicos, así, llevándolos adelante, Emanuel al hombro (…) mucho tiempo no he tenido silla de ruedas, por fin hace poco me entregaron la silla de ruedas”. “Lo cargaba yo en mis espaldas. A Emanuel siempre lo trajinaba en la espalda”.

"Lo veo como un secuestro" 

En Tartagal Carmen Jerez conoció al cacique Reynaldo Durán, de la comunidad wichí Zanja Honda, a cinco kilómetros, que se solidarizó con su reclamo. 

Para el cacique, lo que está pasando es un “atropello” hacia una mujer que “hizo lo posible para hacerlos crecer a los chicos y ahora vienen y se los quitan”. Y es un "atropello” también para un chico con discapacidad, que “lo tienen detenido acá”. 

“Los chiquitos tienen que estar con su madre”, insistió en conversación con Salta/12. Y si bien reconoció que la Justicia tiene la facultad para separar a los niños de su madre, reclamó particularmente que no se les haya informado previamente. Dijo que no corresponden que los "saquen así como un secuestro, yo lo veo así como un secuestro porque ellos no han presentado un papel, de un fiscal o de un abogado” disponiendo la medida. “No había ninguna notificación primero, ellos han ido así de prepo los han sacado”.

Durán lamentó que los pueblos indígenas no cuenten con una representación especial en los tribunales.