Omar Perotti abrió la semana con dos alfiles de su gabinete jugando a la ofensiva y con anuncios de espesor para tallar en la agenda que impone la pandemia. Anunció un paquete de créditos blandos para el sector productivo por 2200 millones de pesos, y definió una propuesta de pago de 6100 millones de pesos para saldar la deuda que el Estado provincial mantiene con unas 150 empresas constructoras de obra pública.
El ministro de Producción, Daniel Costamagna, rodeado por los directivos de cada área, presentó ayer un abanico de líneas de préstamos a tasa blanda y tasa cero en algunos casos, con el propósito de reanimar el aparato productivo en sus estratos más débiles o más golpeados por la paralización económica que impuso el aislamiento general por el coronavirus. Lo definió como "un esquema de fortalecimiento del espacio productivo de Santa Fe", en acuerdo con el gobierno nacional, comunas y municipios, cámaras empresarias y organismos externos de crédito como el Consejo Federal de Inversiones (CFI), por ejemplo. En total, son 2200 millones de pesos que el gobierno se propone inyectar en el paisaje fabril y comercial de la provincia, a través de créditos de modesta envergadura, con devolución de corto plazo y en condiciones blandas.
Costamagna anunció primero que la Casa Gris licitará entre los bancos con presencia en la provincia un esquema de subsidios de tasas para préstamos que apunten a sostener la producción e incorporar tecnología en bienes de capital para la industria, el comercio y servicios. Para esto se destinan 1.000 millones de pesos.
En simultáneo habrá un fondo específico de riesgo fiduciario a través de Garantizar Sociedad de Garantía Recíproca para respaldar préstamos a empresas hasta 400 millones de pesos.
Se anunció también una línea de asistencia financiera canalizada vía agencias y asociaciones para el desarrollo que están en el interior profundo y son el vínculo con las micro y pequeñas empresas. El gobierno dijo haber destinado 125 millones de pesos para este sector, como para distribuirlos en créditos de hasta 100.000 pesos y a una tasa del 3,5%.
Por la vía del Inaes y las organizaciones del mutualismo y el asociativismo, se informó de otro fondo de 300 millones de pesos para comerciantes, emprendimientos gastronómicos y cooperativas de trabajo que no fueron exceptuadas del aislamiento.
Para clientes del agente financiero estatal, el Banco de Santa Fe, se anunció una línea crediticia de $1200 millones orientada a mipymes, para pago de haberes y recomposición de capital de trabajo. Aquí se incluye la compra de insumos para el agro. El plazo es de 180 días y la tasa, 24% anual.
La provincia consiguió con el CFI otra cartera de préstamos por $400 millones para monotributistas de categoría C en adelante, en sectores como ciencia y tecnología, turismo, agroalimentos, apicultura, frutihorticultura, lechería, porcinos, ganadería. Serían créditos de hasta $400.000, a devolver en dos años, con seis meses de gracia y al 7% anual. Para préstamos de 400.000 a 2,5 millones, el plazo es el mismo y la tasa sube a 14%, pero ya no para monotributistas y, además, se requiere garantía prendaria o hipotecaria.
Por último, Costamagna prometió que habrá 23 millones en créditos para el sector algodonero y 5 millones para la producción ovina y caprina, todo proveniente de fondos nacionales. Y reveló además una bonificación de tasa a 0 interés para préstamos a empresas que se reconvirtieron en la pandemia para producir insumos para la emergencia sanitaria.
"Este esfuerzo es muy grande e inyecta más de 2200 millones de pesos para preservar el sector productivo y garantizar el empleo", cerró el ministro.
6100 millones a pagar
El gobierno definió una propuesta de pago a las empresas licitatarias de obra pública con las que el Estado provincial arrastra una deuda multimillonaria, y que la gestión de Omar Perotti desde el día 1 le reprocha a Miguel Lifschitz. Será con títulos públicos o cheques diferidos, y abulta un volumen de 6100 millones de pesos.
La ministra de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat, Silvina Frana comunicó la propuesta de pago a las dos cámaras que nuclean en la provincia a las empresas constructoras: son unas 150 las acreedoras. La ministra reveló que hubo propuesta de pago, pero no entró en detalles. Solo la valoró como positiva. “La propuesta de pago a los contratistas de obra es muy buena en este marco económico y de pandemia. Lo que está claro es que no es lo mismo estar analizando estas propuestas en mayo, en medio de la pandemia; que en diciembre, cuando nosotros habíamos propuesto inicialmente la ley de Necesidad Pública", fustigó en un tiro por elevación a la reticencia legislativa que por aquel entonces asumió Miguel Lifschitz.
"La propuesta a contratistas de estado de la reunión con ambas cámaras significa resolver un enorme problema que nos dejó la gestión anterior. Estamos haciéndonos cargos de pagar toda la deuda que paralizó la obra pública en la provincia de Santa Fe", cargó la ministra.
