El gobierno prepara un decreto para extender por otros 60 días la prohibición de despedir personal con el argumento de la "fuerza mayor". La medida original fue adoptada a través de un decreto a fines de marzo y vence el 31 de mayo, pero a pedido de la CGT y con la idea de mantener a toda costa la relación laboral, el gobierno nacional la extendería hasta fines de julio. La prohibición implica que en caso de despido se debe ir a juicio y el resultado será la reinstalación y el pago de salarios durante el tiempo que no se cobró. En el caso de los no registrados, la situación judicial es más difícil porque tendrán que demostrar el vínculo laboral. Esto extiende a todos los trabajadores la situación de protección contra despidos que tienen delegados sindicales o la imposibilidad de despedir por razones de discriminación.
El gobierno insiste en que la prioridad en el contexto de crisis económica es mantener la relación laboral, es decir, evitar despidos. Para cumplir ese objetivo, se pusieron en marcha un paquete de medidas. Por un lado, el Estado nacional a través del programa ATP se ocupa de pagar alrededor del 50 por ciento de los salarios de los trabajadores del sector privado, al tiempo que redujeron las contribuciones patronales y pospuso el cobro de impuestos a los empresarios, junto a los créditos a tasa subsidiada. Al mismo tiempo, el Ejecutivo aprobó el acuerdo entre la UIA y la CGT para pagar hasta el 75 por ciento del salario de los trabajadores que están suspendidos por las restricciones sanitarias. Con el levantamiento gradual de la cuarentena, se espera que aumenten las tensiones laborales.
