Carla Morales Ríos y Juan Carlos García, denunciantes del sacerdote Emilio Lamas por violaciones cometidas cuando era párroco en la localidad de Rosario de Lerma, siguen esperando el juicio e iniciaron una campaña en las redes sociales para sumar apoyos en contra de la prescripción de la causa. 

El inicio del debate oral y público estaba previsto para el 7 de mayo pero se pospuso porque falta la resolución de la Corte de Justicia de Salta ante el pedido que realizó el abogado José Fernández, quien ejerce la defensa del cura, para que prescriban los delitos. Otro de los motivos de la suspensión es la pandemia de la Covid-19, por la que hubo feria judicial extraordinaria. 

"Lamas tiene que pagar por lo que hizo. Yo era niñe y él un cura. Tiene que haber justicia para mí, para nosotros con Juan Carlos y también para otra gente que habló pero que no se anima a denunciar. Cansa y agota que no se nos escuche. No sé qué les pasara por la cabeza si dejan libre a un cura pedófilo, manifestó Morales Ríos a Salta/12. 

El sacerdote fue imputado por abuso sexual con acceso carnal y promoción de la corrupción de menores, ambos delitos agravados a su vez, por la guarda y por tratarse de un sacerdote. En la causa interviene el fiscal penal de la Unidad de Delitos Contra la Integridad Sexual 1, Sergio Federico Obeid. 

"No se ha expedido la resolución de la Corte, de ahí se verá si hay fecha de juicio o no. Con el tema de la pandemia se paralizó todo. Han adherido muchas personas a la campaña por la no prescripción en redes sociales. Hay otras víctimas, de Lamas y de otros curas, que tienen juicio eclesiástico y están esperando conocer cómo se resuelve nuestro caso. Quieren creer en la Justicia (ordinaria) para denunciar pero antes quieren ver si la justicia salteña nos escucha. La espera es económica y psicológicamente desgastante", manifestó García.

También se refirió al pedido de prescripción y a los cuestionamientos sobre los motivos por los que no denunciaron antes estos hechos. Recordó que había pedido ayuda en 1991 a la Policía de Rosario de Lerma y a la jueza de Menores Silvia Bustos Rallé pero no fue escuchado ni protegido. 

"En el 91 yo pedí ayuda a la jueza de Menores Bustos Rallé. El año pasado se reunió conmigo y me pidió que no la haga quedar mal porque se tenía que jubilar. Me hizo pasar sin celular porque no quería que la grabe, no dejó entrar a mi abogado. Me dijo que mi papá no quiso poner la denuncia (en ese entonces) porque no tenía plata para abordar todo eso. Me dijo que ella había informado al juez Galvarino. Yo puse en evidencia que pedí ayuda. Yo le dije que el cura me había violado", expresó García.

Por su parte, Morales Ríos relató que tenía 13 años cuando sufrió el abuso sexual del que fue víctima por parte del sacerdote, hoy tiene 40 años. Recién en 2010 lo pudo contar a su familia. En diciembre de 2017 la Curia la llamó para exponer su caso bajo secreto pontificio.

"La Iglesia me llamó porque en 2015 o 2016 un día escribí en facebook que había sido abusada por un cura", indicó Morales Ríos. "Vine a Salta, fui a la Catedral y di testimonio. Estaban (el vicario judicial y juez único del Tribunal Eclesiástico de la Arquidiócesis de Salta) Ignacio Loyola Pinto, el abogado de Lamas y tres personas más. Era la primera vez que pude contar todo lo que me había pasado. Me hicieron jurar por la Biblia que no iba a decir nada (por fuera de la Iglesia)", sostuvo Morales Ríos. 

Ella esperaba respuestas pero no las obtenía. En 2018 pudo unir su historia con la de García, cuando vio en las noticias su denuncia pública contra el cura. Ambos luchan ahora por justicia.

Después de conocerse la denuncia de García contra Lamas, la madre de Carla hizo público también que su hija había sido abusada por el mismo cura. "Un lunes o martes me empezó a sonar el teléfono, me llamó un periodista y me decía que mi mamá acababa de declarar que yo también había sido abusada por el cura. A la noche veo que mi mamá habló en un medio y todo lo que dijo", contó Morales Ríos. Fue ese impulso y respaldo de su madre el que la llevó a ella también a hablar de forma pública y a denunciar en la justicia ordinaria, en 2018. 

Además, explicó que ha venido poniendo el cuerpo ante esa denuncia, visibilizando como sobreviviente, pero también relató que sufrió una parálisis facial el año pasado y ansiedad, entre otras circunstancias que asocia a las consecuencias psicológicas que ha desencadenado la situación traumática de abuso y la espera por la resolución de la causa judicial. "Es volver a la revictimización, somos las pobres, las indígenas, las travestis, las negras las que no tenemos justicia", aseveró. 

Morales Ríos se encuentra cumpliendo la cuarentena en Salta, estaba viviendo en Buenos Aires pero tuvo que "rematriarse" por las circunstancias desencadenadas ante la pandemia que le impidieron seguir con sus proyectos laborales. 

Desde el cuarto de su casa en Rosario de Lerma empezó a escribir, a transmutar la angustia que sentía por la suspensión del juicio e inició una campaña para la no prescripción de la causa contra Lamas. "Mi cuerpo tiene una historia. En mi lucha no hablo solamente del abuso sino también de por qué se llega a esta instancia, por la falta de abogado, y porque hubo familias engañadas por un cura, que eran pobres, circunstancias que la Justicia desconoce", expresó. Morales Ríos espera y pide a la justicia salteña "que Lamas cumpla una condena".

García ha conformado en la provincia la Red de Sobrevivientes contra el Abuso Sexual Eclesiástico. "Es impresionante la cantidad de abusos por parte de sacerdotes. En la Salta conservadora, tradicionalista y religiosa, se ha dejado oculto, se ha tapado todo esto que es un delito y un dolor que psicológicamente nos sigue afectando a todos los que hemos sido abusados. Si no hay justicia en mi caso voy a seguir luchando por las otras víctimas", afirmó. Añadió que tienen el apoyo de la Red Nacional de Sobrevivientes de Abuso Sexual Eclesiástico. 

"En todos los juicios contra curas pedófilos, incluso en Chile y México, la Iglesia busca golpearte moralmente y después económicamente. A mí me dejaron sin trabajo en la Municipalidad de Rosario de Lerma. La tercera estrategia es el planteo de la prescripción en la Justicia", planteó García.