La Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) volvió a meter un palo en la rueda de los negocios inmobiliarios que viene promoviendo Horacio Rodríguez Larreta con las tierras públicas que pertenecían al Estado Nacional y que fueron transferidas a la Ciudad durante la gestión de Mauricio Macri. Luego de solicitar una medida cautelar el lunes por los terrenos conocidos como Triángulo de Salguero, este martes, la agencia encargada de la gestión y disposición de los bienes inmuebles nacionales, presentó otra cautelar, esta vez, para que se ordene al Gobierno porteño “no alterar la situación de hecho o de derecho de los terrenos” del sector denominado "Estación Villa Crespo", situado en la Línea del Ferrocarril San Martín, en la Comuna 15. La rezonificación de ambos proyectos para su posterior venta iba a ser tratada este jueves por los legisladores, pero finalmente la sesión pasó al jueves 28.
La medida presentada por el director de la Agencia, Javier Cippitelli, ante la Justicia Nacional en lo Contencioso Administrativo, solicita habilitar la feria judicial y que "se dicte de manera urgente una medida de NO INNOVAR" a los fines de que se ordene al Gobierno porteño no alterar la situación del sector donde el oficialismo busca crear la Urbanización Especial Entorno Estación Villa Crespo. Terrenos en los que el jefe de gobierno porteño impulsa la construcción de torres de 45 metros de altura que, sospechan los vecinos y las organizaciones sociales de la Comuna que se oponen al proyecto, servirían para ampliar el polo comercial de la mano del Megaestadio Movistar Arena, que tiene permiso de uso precario sobre uno de los predios.
El escrito sostiene que la medida para que no se altere la situación de hecho o de derecho, debe durar "al menos hasta que finalice el proceso de investigación" fijado por el Decreto 149/2020, firmado en febrero pasado por el presidente Alberto Fernández, por el cual instruye a la AABE a revisar "la legalidad de los procesos que derivaron en la disposición, cesión, enajenación, transferencia, desafectación, asignación en uso o dación en pago, de inmuebles del Estado Nacional" a la Ciudad de Buenos AIres desde el 10 de diciembre de 2015 hasta el 10 de diciembre de 2019.
Del resultado de dicha investigación, cuyo plazo inicial de 60 días fue extendido producto de la pandemia de coronavirus, podrían surgir ilícitos o irregularidades que podrían implicar la nulidad de los traspasos.
En este sentido, el texto advierte que: "No es casual que mientras el Estado Nacional se encuentra en revisión de las diversas transferencias de inmuebles efectuadas por la anterior Gestión al GCBA..., este último intente y aproveche la situación actual para comenzar a efectuar todos los trámites administrativos necesarios para lograr la venta del inmueble y de esta manera perjudicar los derechos del Estado Nacional Argentino, en otras palabras la de todos los argentinos".
La rezonificación de las dos parcelas paralelas al viaducto donde estaba la estación ferroviaria Villa Crespo, avanzó pese al rechazo de organizaciones sociales, vecinos, comuneros y sectores de la oposición. El oficialismo porteño aprobó en noviembre pasado en primera lectura la ley (2795) para darle una nueva normativa urbanística, determinando su capacidad constructiva. Cuatro meses después se realizó la audiencia pública obligatoria, una de las últimas que se realizaron antes de que se declarara la cuarentena, en la que los vecinos y organizaciones del barrio y comuneros dejaron en claro su rechazo al proyecto inmobiliario en la comuna.
Con relación a la presentación de la AABE, el legislador Juan Manuel Valdés (Frente de Todos) dijo a este diario que "esto marca que el Gobierno (Nacional) tiene una posición clara en cuanto a investigar y frenar el proceso de privatizacion de tierras públicas que llevó adelante el macrismo. Tomar los bienes públicos como una inmobiliaria es un ciclo que se terminó, y el gobierno porteño debería tomar nota", advirtió.
En la misma línea, su compañero de bancada, el legislador Santiago Roberto, dijo a Página/12 que "esto es parte del curro inmobiliario que impulsó Macri y perfeccionó Larreta, que en cinco años vendió tierras del Estado como nunca lo ha hecho nadie. Es un hecho político significativo revisar la totalidad de las decisiones por las cuales el macrismo le cedió tierras a la Ciudad", explicó, y agregó "pero sobre todo estamos preocupados porque a 61 días de la cuarentena, no hay protocolo específico para los barrios vulnerables y muchos problemas urgentes en medio de la pandemia, y convocan para tratar una rezonificación para favorecer a sus amigos".
El texto presentado por Cippitelli, enumera también una serie de irregularidades que se están investigando sobre los terrenos que fueron cedidos por Nación, durante el gobierno de Macri, a Ciudad como forma de pago porque la Ciudad se hizo cargo de una deuda de 175 millones de dólares (una parte de la deuda de 400 millones de dólares que tomó el Estado nacional con la Corporación Andina de Fomento) para costear el Paseo del Bajo.
Entre esas irregularidades que se encuentran bajo análisis , se señalan: la dudosa necesidad que Nación financiara una obra que era sólo para la Ciudad; la posible violación de la normativa vigente para transferencia de inmuebles que la gestión de Macri habría violentado, al igual que la propia AABE durante dicha administración; también se pone en duda la utilización de un inmueble para cancelar parcialmente una deuda porque colisiona con la normativa prevista.
Para la presidenta del Área de Ambiente de la Comuna 15, Nancy Bolaño, "la venta de terrenos públicos para grandes negocios inmobiliarios a espalda de los vecinos ha sido el sello del Gobierno de la Ciudad. No nos oponemos al desarrollo del barrio, pero tiene que hacerse con una consulta real, atendiendo el reclamo de los vecinos".