La Asociación de Pensamiento Penal presentó un amicus curiae (amigo del tribunal) ante la Corte de Justicia de Salta solicitando el cese del "agravamiento ilegítimo" en las condiciones de detención de las mujeres alojadas en la Unidad Penitenciaria Nº 4 y que se encuentren en situación de riesgo ante un posible contagio de la Covid-19. Esta medida se realizó para acompañar un recurso de apelación del defensor general de la provincia, Pedro García Castiella, luego de que un Juzgado de primera instancia le rechazara un habeas corpus. 

Desde la Asociación de Pensamiento Penal plantearon que la resolución denegatoria de la jueza Claudia Puertas ante el habeas corpus colectivo y correctivo presentado por el defensor general es contraria a la Constitución Nacional, a tratados internacionales de derechos humanos y a la Constitución de la provincia de Salta. Señalaron que la situación que atraviesa la sociedad ante la pandemia de la Covid-19 es de especial gravedad y que requiere de resoluciones judiciales a la altura de las circunstancias. 

El abogado de la Asociación, Josué Díaz Cueto, explicó a Salta/12 que en la Unidad Carcelaria 4 hay hacinamiento y que falta la responsabilidad estatal para hacerse cargo de un posible contagio. "La directora de la Unidad Carcelaria dijo que se puso a disposición el pabellón 4 o Unidad D para casos sospechosos de Covid- 19, pero el lugar es comunitario, para 12 personas. Si se encuentra a una mujer sospechosa de Covid-19 se la tiene que meter en esa celda. Que sea una celda comunitaria choca con la necesidad de aislamiento", manifestó el letrado.

En el habeas corpus García Castiella solicitaba la prisión domiciliaria de al menos 21 mujeres que se encontraban en los grupos de riesgo contemplados por protocolos de la Nación y de Provincia. En su denegatoria la juezaz Puertas dispuso que se realicen controles médicos diarios cada 12 horas a las internas que integran el grupo de riesgo. 

Díaz Cueto señaló que por fuentes informales del penal tiene conocimiento de que serían alrededor de 40 las mujeres en situación de riesgo. "Es un dato que interpela a las autoridades porque no aparece dentro de la información oficial. Son personas con VIH, obesidad, tuberculosis, hipertensión, además hay cuatro madres con niños y niñas que no son incluídas dentro de la población de riesgo, no había embarazadas para el momento de presentación del amicus", indicó. 

El letrado también planteó que el lugar de enfermería y de consultorio médico es multifuncional y de 3 por 3 metros. "No hay tubo de oxígeno, no hay insumos, no hay cama, hay una sola camilla. La atención es demasiado promiscua y básica. No se puede atender a dos personas al mismo tiempo", precisó.  Además de la infraestructura deficitaria, el abogado planteó que el lugar es un "caldo de cultivo" y que falta higiene. "Las internas están en riesgo de padecer consecuencias graves de salud por Covid-19", insistió.

"Hace dos semanas volvieron a trabajar las internas en talleres de carpintería y de imprenta, si bien es de manera progresiva y reducida. No se les proporcionó alcohol en gel, barbijos, no había higiene y ni la asepsia necesaria", aseguró Díaz Cueto en base a fuentes informales que tiene del penal. 

"Desde la Asociación de Pensamiento Penal consideramos que no se está pidiendo excarcelamiento masivo sino que es necesaria la evaluación de cada caso en concreto", afirmó.

La dirección de la Unidad Carcelaria N° 4 informó ante el pedido de las autoridades judiciales que incorporó una unidad de aislamiento para casos de sospecha de la Covid-19. "Es un pabellón de semi libertad que cuenta con celda comunitaria y tiene un cupo de alojamiento para 12 (doce) personas privadas de la libertad, comedor y baño, todo sería de uso comunitario", detalla el amicus curiae.

La Asociación planteó que el Sistema Nacional de Estadísticas sobre la Ejecución de la Pena detalló a su vez que la Unidad Carcelaria contaba con una población total de 122  personas privadas de la libertad, de las cuales hay 81 condenadas, 40 procesadas, y una interna en otras circunstancias. Indicó que la Unidad tiene una infraestructura para alojar 80 personas privadas de la libertad, marcando una sobrepoblación de 42 personas, que representa un 52,5%. Circunstancias que marcan la "imposibilidad de hacer efectivo el aislamiento recomendado".