El 19 de mayo, nuevamente, la ciudadanía chilena explotó. El “modelo chileno” que hasta hace muy poco era un ejemplo a seguir por las clases políticas de varios países latinoamericanos, volvió a crujir. Pero lo hizo en el contexto de la pandemia mundial por la covid-19 y en un día donde se registró un record de contagios y muertes.

Lo significativo es que las nuevas manifestaciones se producen en barriadas pobres de Santiago. El Bosque, La Pintana, La Granja y San Ramón fueron las primeras en el sector sur de la ciudad. También, hubo protestas y barricadas en Villa Francia, en la comuna de Estación Central, en Maipú y en Cerro Navia. Igual en sectores pobres de Valparaíso, San Felipe, Olmué o San Antonio.

Si las protestas anteriores a la pandemia tuvieron como detonante reclamos de los sectores de la clase media precarizada (aumento del pasaje de Metro), ahora los detonantes están asociados a la falta de alimentos.

La política social chilena centrada en lo que se conoce como las teorías del gerenciamiento, no dio respuesta adecuada, en una situación de emergencia, a un tema esencial como el alimentario. A pesar del crecimiento económico (cuyo eje ya explicáramos en otra nota en Página/12 , la política social chilena no ha podido avanzar en la superación de la pobreza, la reducción de la vulnerabilidad, la mayor igualdad económica o la reducción de la desigualdad del ingreso. En términos generales y salvo honrosas excepciones, para la política social chilena el problema central estriba en un problema de eficiencia del gasto, es decir ¿cómo se gastan los “cuantiosos” recursos?

Una pregunta ronda hoy por hoy las preocupaciones de varios políticos argentinos: ¿por qué en Argentina, no hay estallidos del mismo tipo? Siendo que la política social del periodo del 2015/19 no llegó ni siquiera a plantearse la eficiencia del gasto, sino simplemente giró en torno a pautas más parecidas a la beneficencia que a la política social.

La respuesta es simple. El gobierno de Alberto Fernández no reaccionó tarde y acuciado por la pandemia, sino que mucho antes tuvo un diagnóstico correcto de la situación de precariedad social de la sociedad argentina y el ministro Daniel Arroyo, apenas asumió el cargo, lanzó el plan Argentina contra el hambre, que incluyó en un solo movimiento políticas de seguridad y soberanía alimentaria.

Evidentemente este plan ha sostenido buena parte de los graves problemas que la pandemia ha producido en los sectores más vulnerables. Argentina contra el hambre, particularmente la tarjeta alimentaria, ha actuado rápidamente en mejorar la demanda de alimentos de los que más lo necesitan. Una segunda etapa, seguramente deberá trabajar sobre la oferta. En un mercado alimentario como el argentino donde la oligopolización y la rigidez de la demanda permiten subas permanentes, los marcos regulatorios deben ser iniciados en breve. Por ejemplo, es imperioso descalzar los precios del mercado interno de los precios de exportación en aquellos productos de primera necesidad como el aceite, la carne o la harina de tal manera evitar el traslados de precios (passthrough).

Verdaderamente, como muchas cuestiones sociales que ha dejado al desnudo esta pandemia, el diagnóstico realizado por el Gobierno fue correcto y el remedio instrumentado por el ministro Daniel Arroyo ha sido oportuno.

Javier Ozollo es doctor en Ciencias Sociales. Director Maestría en Politica Social – UNCuyo . Miembro de RIPPSO