“Margarita me armó una piecita en su casa, tengo colchón y hasta mesita” dice Pamela que tiene 35 años y que a principios de este mes recibió el ofrecimiento de su vecina del piso de arriba para quedarse con ella después de haber tenido que irse de su monoambiente por no poder pagar. Ellas son vecinas del barrio de Monserrat, se habían cruzado en el supermercado y en los espacios comunes del edificio: “Yo le conté que me estaban desolajando, ella me ofreció su casa y entonces compartimos lo poco lo que tenemos, es así”. Con el “es así” Pamela resume el vericueto afectivo de rescate que utilizó al ver afectada su situación habitacional a partir del aislamiento social que ya cumplió dos meses y sigue.
Pamela es oriunda de Salta, se define como diaguita calchacquí y trabajadora sexual, llegó a Buenos Aires una semana antes del comienzo de la cuarentena y al poco tiempo comenzó a recibir las amenazas del dueño del departamento que alquilaba: "¿Viste el decreto que mandó el presidente?, bueno eso no se cumple". Pamela se refiere al decreto 320/20 publicado en el Boletín Oficial el 29 de Marzo de este año, se trata de medidas de protección para inquilinxs tanto de alquileres formales como de arreglos informales. El decreto, entre otras cosas, prohibe los desalojos, extiende los contratos de alquiler y establece el congelamiento de precios hasta septiembre de este año.
Romina Tuliano Conde es abogada y pertenece al Ministerio Público de la Defensa, desde allí vienen realizando asesoramiento jurídico frente a una amenaza que no da tregua: quedarse sin casa en medio de la pandemia. “Detectamos que en los primeros días del mes estallan los problemas relacionados con el pago del alquiler y amenazas de los propietarios, sobre todo de quienes tienen alquileres informales en hoteles, pensiones y villas. Muchas de las personas que alquilan de manera informal creen que no tienen derecho a permanecer en la vivienda y que el decreto no contempla su situación, esto es el primer mito que derribamos cuando atendemos las consultas: nadie puede sufrir un desalojo hasta septiembre de este año a lo largo y a lo ancho de todo el territorio nacional”, afirma.
Nadia tiene 40 y es cocinera, en Abril le suspendieron en sueldo y en Mayo no pudo pagar el alquiler, vive en un departamento de dos ambientes en San Cristobal en el mismo edificio que el propietario: “Me amenaza con que va a cortar los servicios y me golpea la puerta a cualquier hora”. Las amenazas de suspensión de luz o gas y la invasión de la propiedad alquilada -muchas veces los dueños tienen la llave en su poder- son algunas de las estrategias mas comunes de amedrentamiento frente a un miedo que Romina describe como el mas común por parte de los dueños: “Que ocupen la casa y no se vayan más”. Desde el Programa de Derechos económicos, sociales y culturales de la Defensoría General de la Nación atienden consultas y muchas veces realizan intervenciones telefónicas con los locadores: "Les explicamos que no pueden realizar ninguna acción de carácter intimidatorio y que tampoco tienen en el marco del decreto ninguna posibilidad legal de desalojar a quienes están alquilando” aclara.
Rubi tiene 37 años, es una mujer trans y migrante, vivía en una casa con sus dos hijos Jonathan(4) y Dylan(2), con su pareja Yoni que tiene 27 y es varón trans y con su amiga Valentina que es trabajadora sexual. El dueño de la vivienda que alquilaban llevaba tiempo exigiéndoles que se fueran desde antes que comenzara la emergencia sanitaria, una vez declarado el aislamiento social, Rubi, que trabajaba vendiendo comida en la calle y era sostén de la familia, se quedó sin ingresos. El dueño aprovechó esta situación y el nivel de precariedad de la vivienda para decirles que se fueran definitivamente: “Ponía como excusa que el techo estaba roto y que era un peligro. Y esta bien pero es el único techo que teníamos” cuenta Rubi que ahora vive con casi toda su familia en una habitación de un hotel de Once que pudieron gestionar a través de los subsidios habitacionales. Es casi toda la familia porque Valentina no se pudo mudar con el resto: “Con ella vivimos siempre juntas, siempre nos ayudamos, cuando pase la pandemia vamos a conseguir un lugar más grande en donde podamos estar juntas de nuevo”, se lamenta Rubi. Valentina se acerca todos los días al hotel en donde esta su amiga con su tupper y entre todxs se reparten la comida.
Lucía Fuster Pravato, es parte del equipo de la legisladora porteña Ofelia Fernandez, en el contexto de la pandemia se encuentran trabajando en articulación con la subsecretaria de políticas de diversidad de la Nación con Alba Rueda a la cabeza, el programa de Género y Diversidad Sexual del Ministerio Público de la Defensa a cargo de Josefina Fernandez y el Bachillerato Popular Mocha Celis: “Las respuestas que estamos dando son muy artesanales articulando una lógica militante para que el Estado active los dispositivos que tiene, pero al no ser respuestas estructurales, es necesario atender "caso a caso" un problema que requiere una estrategia transversal y estructural”, afirma Lucía. Desde el despacho de la diputada feminista presentaron un proyecto de ley en la Legislatura para realizar acuerdos entre el estado y los hoteles que comúnmente hospedan turistas en la ciudad.
El proyecto contempla que estos lugares destinados al turismo puedan ser aprovechados para solventar las carencias habitacionales de personas en situación de calle o desalojadas, con especial atención en mujeres, travestis y trans. El informe la "Revolución de las mariposas", realizado por el Bachillerato Popular Mocha Celis y el Ministerio Público de Defensa de la Ciudad expresa que el 65% de la población travesti trans vive en hoteles y pensiones y el 3% está en situación de calle. Otro dato de vital importancia en este contexto es que el 70% vive en situación de prostitución y otro 15% tiene trabajos informales, lo cual expone que el 85% de la población travesti trans de CABA en plena pandemia carece de los ingresos necesarios para la subsistencia en cuarentena.
Pamela es una mujer trans de 52 que vive hace cuatro años en la habitación de un hotel ubicado en Córdoba y Pueyrredón. El alquiler sale 11 mil pesos mensuales que nunca dejó de pagar hasta este momento que perdió el trabajo que tenía en el local de un amigo. Debe parte de Abril y todo Mayo, el dueño del hotel -que tiene cinco más en CABA- la hostiga continuamente, desde que comenzó la cuarentena fue a amedrentarla seis veces a ella y a otras personas que también alquilan y no tienen para pagar: “El día 15 de la cuarentena me sacó las cosas a la calle, era de noche, le expliqué que no había fletes y que estaban prohibidas las mudanzas, le dije del decreto y nada. Me decía ´yo a vos te saco por las buenas o por las malas´ la última vez vino con 4 albañiles para seguir amenazando y yo lo único que tenía encima se lo tuve que dar, fueron 1.000 pesos y me quedé sin nada. Tirarte las cosas por las escaleras o sacarlas a la calle es típico. Mucha gente es desalojada y como tiene que irse a la calle no se lleva las cosas y el dueño se las queda”. En el hotel en donde esta Pamela hay 20 grupos familiares, de los cuales 6 no han podido pagar por no tener ingresos, sin embargo no se van a ir, se organizaron para que el dueño no pueda echar a nadie.. Quienes sufren este tipo de aprietes tienen la posibilidad de denunciar frente a las fiscalías -de CABA y en las provincias- que además reciben la denuncia a través de internet, se trata de una herramienta para defenderse de la violencia propietaria que en los casos de alquileres informales se recrudece aún más. A Pamela todavía no le salió el subsidio habitacional con lo cual además de soportar las amenazas del dueño, acumula una deuda que no sabe de que manera va a pagar en el futuro.
Además de los hoteles y pensiones, los alquileres en las villas de la ciudad son caldos de cultivo para la violencia propietaria. En la villa 31, las organizaciones sociales vienen denunciando las maniobras del gobierno de la ciudad con las falsas relocalizaciones: “Yo dije no a esas casas desde el primer momento. Además de estar construidas con cartón, tienen problemas de agua y de cloacas. Hay algunos que ni siquiera están estrenados y tienen rajaduras en los pisos y paredes. Muchos de los vecinos que se mudaron ya tienen problemas” cuenta Mirta que vive en el sector bajo autopista del barrio Mujica, ella como muchas otras vecinas, se negó a relocalizarse en las viviendas del Sector YPF, un lote de 26 edificios que el gobierno de Horacio Rodriguez Larreta describe como “viviendas sustentables y de calidad con materiales de alta tecnología”. Mirta vive con sus hijos y su marido en una casa que construyeron entre todxs: “En mi casa yo tengo piezas para mis hijos y la carpintería en donde trabaja mi esposo. Es mi casita hecha de material, y en todo caso la secretaria de integración social urbana tendría que haber planificado esto con las vecinas y los vecinos del barrio y no de la manera en que lo hizo" concluye Mirta.
La forma de hostigamiento y violencia habitacional es devastadora: en el barrio Carlos Mujica desde Junio que comenzaron los procesos de relocalización, se realizaron demoliciones en las que rompen caños de agua que luego no reparan, dejan los escombros en la calle y no hacen ningún tipo de mantenimiento del alumbrado público. Todo esta vinculado al proceso de relocalización que finalmente resulta ser un mecanismo de desalojo encubierto. Mirta lo describe como abandono de persona y recuerda el caso de Ramona víctima de la desidia del gobierno de la ciudad: “Lo de Ramona nos puede pasar a cualquiera de las vecinas de acá, estamos expuestas al dengue, al coronavirus, a la topadoras y lo único que podemos hacer es resistir”. Miriam vive a una cuadra de Mirta, es militante de la agrupación Barrios de pie, trabaja en un comedor comunitario y tiene 50, a su hijo que es trabajador de la construcción, lo quieren desalojar desde el mes pasado: "Todo el tiempo ves a la gente con sus cosas en la puerta, puede ser por la relocalización o por otra cosa. Cuando sabemos que es por el tema de los dueños, como en el caso de mi hijo, nos acercamos para hablar, decirles que ahora no pueden desalojar a nadie pero la respuesta del otro lado es que esos alquileres les sirven para vivir. Es muy difícil pero hay que lograr que se entiendan ambas partes", concluye Miriam.
Según la Encuesta de la Ciudad (2018), el 33% de la población total de CABA alquila, esto equivale a un total de 1.033.961 personas: el 12,97% renta casa, el 78,60% departamento y el 7,43 % esta repartido entre piezas de inquilinato, conventillos, hoteles y pensiones. La misma encuesta señala que el 7,56% de la población total vive en villas : el 22% declara ser propietarix, el 12,6% inquilinx y el 64% ocupa la vivienda en relación de dependencia, por trabajo, préstamo o cesión.
Nadie debería quedarse sin una casa, mas aún en un contexto de emergencia sanitaria como el que estamos atravesando. Pero una casa no es a cualquier precio, es libre de la violencia propietaria y machista. Libre de los aprietes de quienes se aprovechan de una población vulnerada. ¿Qué pasará en septiembre con la deuda acumulada de quienes alquilan? ¿qué medidas hay que pensar a largo plazo para atender este conflicto? Cuando el “quedarse en casa” es una medida de cuidado impulsada frente a la emergencia ocasionada por el Covid-19, atender las posibilidades habitacionales de la población mas vulnerada también es una demanda urgente.
