El costo de los productos que integran la canasta básica alimentaria subió 3,1 por ciento en abril, lo que determinó que una familia de dos adultos y dos hijos menores de edad necesita ingresos por 17.895,63 para no caer en la indigencia. Así lo informó este miércoles el Indec. El centro de estadística oficial agregó que el costo de la canasta básica total avanzó 1,4 por ciento, con lo que una familia requirió 45.594,98 pesos para no ser pobre.

Según el informe del Indec, la canasta alimentaria, que mide la evolución de los precios de los productos de alimentos necesarios para la subsistencia, y que marca el umbral por debajo del cual se cae en la línea de indigencia, acumuló una suba del 14,8 por ciento en el primer cuatrimestre. En tanto, la canasta total, con la que se mide la necesidad de alimentos y bebidas, indumentaria y el pago de servicios, se incrementó 9,3 por ciento entre enero y abril, debido a que las tarifas de los servicios públicos se encuentran congeladas desde principios de año.

En la última estimación del centro de estadística oficial para el segundo semestre del 2019 se registró que el 35,5 por ciento de los habitantes estaban por debajo de la línea de la pobreza, lo que representó un aumento de tres puntos y medio frente al 32 por ciento registrado de finales del 2018. A su vez, el nivel de indigencia medido entre julio y diciembre del año pasado fue de 8 por ciento, con un incremento de 1,3 puntos en relación al 6,7 por ciento del segundo semestre de 2018.

De esta manera, sobre una población de 47 millones de habitantes, alrededor de 16,4 millones de personas no tuvieron los ingresos suficientes para adquirir la alimentación, servicios básicos e indumentaria, que se requieren para no ubicarse por debajo de la línea de pobreza.

El director del Observatorio de Deuda Social de la UCA, Agustín Salvia, advirtió que el impacto de la pandemia genera mayor vulnerabilidad e impacto en los sectores medios y bajos de la población. “Estaremos en 45 por ciento de pobreza", dijo Salvia y agregó que “el resultado es obvio a raíz del impacto que sufrió el país por el coronavirus, que obligó a medidas de aislamiento social, lo que generó un derrumbe en indicadores económicos”.

Desde el sector público se tomaron medidas claves para proteger y garantizar ingresos a los segmentos de menores recursos de la sociedad. El Estado avanzó en iniciativas como la IFE, los programas ATP y créditos subsidiados para amortiguar los impactos de la crisis sobre la población vulnerable. Esta semana se informó que el sector público llega al 89 por ciento de los hogares con alguno de estos programas de emergencia ante el avance de la pandemia.