La Legislatura tucumana debate este jueves la adhesión a la Ley Micaela, la norma que establece la capacitación obligatoria en materia de género y violencias machistas para quienes desempeñan una función pública en cualquiera de los tres poderes del Estado. Tucumán es la única provincia que aún no adhirió a la Ley, existente desde 2018, y que viene retrasando el debate desde hace semanas. Por su parte, tres legisladores de la oposición habían presentado un proyecto de modificación a la norma para establecer la objeción de conciencia a la capacitación.
"Hay legisladores en el recinto que se presentan como representantes de las Iglesias en lugar de representar a la sociedad", advirtió Marieta Urueña Russo, referente de Ni Una Menos Tucumán, y se mostró preocupada por "ciertas declaraciones que se escucharon esta mañana, como la propuesta de retirar, del texto de la norma, la palabra género".
En la apertura del debate la legisladora Marta Najar, presidenta de la Comisión de Protección a los Derechos de la Mujer, presentó el proyecto que tiene dictamen de mayoría. La novedad que propone el dictamen es que los encargados de la aplicación y control de la ley serán los titulares de cada poder del Estado y no el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación. "Es una forma de fragmentar la implementación y así vaciarla de contenido", señaló Soledad Deza, abogada feminista y referente de Mujeres x Mujeres, y explicó que, esta decisición "abre el juego a que cada poder del Estado haga lo que quiera con los contenidos de las capacitaciones".
El otro dictamen, por la minoría, fue presentado por la legisladora Nadima Pecci de Fuerza Republicana, que promueve la capacitación, sin perspectiva de género, contra la violencia hacia la mujer, familia y por los derechos de los niños. Lo curioso de este dictamen es que si el agente público viera afectadas sus convicciones personales o religiosas podría negarse a recibir la capacitación.
Días atrás, el legislador Ricardo Bussi, quien pertenece a la misma fuerza política que Pecci, se pronunció en contra de la Ley Micaela y del feminismo, al que definió como "una moda que nació hace seis años".
En tanto, el gobernador Juan Manzur y funcionarios del Poder Ejecutivo provincial se manifestaron a favor de una adhesión a la ley.
"Somos conscientes de la grave situación de violencia e inequidad de género, y que se ha acrecentado en estos tiempos inéditos que nos atraviesan", dijo Manzur a los medios locales en alusión a los casos registrados en el ámbito doméstico durante el aislamiento por el coronavirus.
Afuera del recinto, entre la movilización de organizaciones feministas y de derechos humanos, un grupo llamado "Médicos por la vida" colgó una bandera celeste y blanca con un claro mensaje antiderechos.
En lo que va del año 2020, se registraron 10 femicidios en la provincia de Tucumán, de los cuales cuatro sucedieron durante el aislamiento social y obligatorio. El último caso se dió a conocer este jueves por la mañana, en el mismo momento en que comenzaba el debate en la Legislatura. "En la povincia tenemos, desde el inicio de la cuarentena, más casos de femicidios que de muertes por coronavirus", señaló Urueña Rosso y remarcó que "la Ley busca un cambio de visión respecto al tratamiento de las problemáticas de género, que es necesario y urgente".
