La crisis sanitaria y económica que generó el coronavirus dejó expuesta la desigual social existente en Chile. Bastaron tres días de cuarentena obligatoria en Santiago para que los barrios populares salgan a las calles a reclamar comida . Como respuesta el gobierno de Sebastián Piñera mandó a los carabineros. Luego lanzó un plan de asistencia alimentaria destinado a 2,5 millones de familiares del que todavía no tienen noticias en las barriadas de la capital. “No queda otro camino que salir a protestar. Nuestra gente tiene miedo a morirse de hambre”, sostuvo en diálogo con Página/12 Doris González del Movimiento Ukamau, una organización social con arraigo en los barrios populares de Santiago y varias zonas del país. Lejos de ceder, el coronavirus sigue su paso implacable por Chile: en los últimos dos días se registraron más de 3.500 contagios diarios.
El plan Piñera
El ejecutivo chileno desplegó una estrategia diferente a la de Argentina para enfrentar la pandemia. El presidente buscó evitar a toda costa las cuarentenas, que en un primer momento sólo fueron decretadas para las zonas más ricas de Santiago. “Una cuarentena total no es sostenible. Nadie podría asegurar que las familias tengan los medicamentos, los alimentos y los servicios básicos", reconoció el mandatario. La estrategia chilena se sostenía en un pilar fundamental: el testeo masivo. Chile es uno de los países que más exámenes hace por millón de habitantes en Latinoamérica. Esto llevó a que a fines de abril el gobierno asegurara con tono triunfalista que el pico de casos ya había pasado. De hecho Piñera llegó a alentar la reapertura de shoppings. Nada más lejos de la realidad. Lo peor estaba por llegar.
En mayo el número de casos comenzó a ascender de manera dramática. Desde el día 13 Chile superó el millar diario y en los últimos dos días sumó 3.500 y 4.000 nuevos contagios respectivamente. El sistema de salud tocó su punto límite en la capital, Santiago, donde la capacidad instalada llegó a un 90 por ciento de ocupación. La Región Metropolitana, a la que pertenece Santiago, concentra casi el 80 por ciento de los casos. En total allí hay 41.179 personas contagiadas, cuando en todo el país suman 53.617. Los muertos por la enfermedad son 544.
Cuarentena total
Estos datos llevaron a Piñera a hacer lo que no quería: el viernes pasado decretó una cuarentena obligatoria para la Región Metropolitana. Tres días después la olla de presión estalló en los barrios más pobres de la capital chilena. En la localidad de El Bosque, ubicada en la periferia sur de Santiago, cintos de personas salieron a las calles para denunciar la falta de alimentos. “En el sector donde fue la protesta están hacinados. La mayoría vive en departamentos muy pequeños, con escasas condiciones higiénicas. A veces no tienen para comprar o deben conseguirse o pedir fiado en un negocio. (...) El hambre no se puede soportar, más cuando hay hijos de por medio”, informó José Miguel Laiño, vecino del barrio, al sitio El Desconcierto. Las protestas siguieron en varias villas de la capital. A la noche hubo cacerolazos. El jueves el Ejecutivo prolongó la cuarentena hasta el 29 de mayo.
Desde las organizaciones sociales dicen que las ayudas del gobierno son insuficientes. “Los bonos no están llegando a los territorios. Tampoco se está cuidando a los adultos mayores que tienen que hacer largas filas para un cobrar un subsidio muy bajo. Lo que se ha venido legislando es la protección a los grandes empresarios, dejándoles carta libre para despedir gente”, sostuvo González, vocera de Ukamau. A las pocas semanas de conocerse el primer caso de la covid-19, el 3 de marzo, el presidente envió al congreso una serie de leyes. Una de ellas avaló que los empleadores dejen de pagar los salarios en aquellas ramas afectadas por el cese de actividades. Estas personas pasaron a cobrar un “seguro de cesantía” que representó el 70 por ciento de su sueldo y a partir de los meses siguientes se redujo. Además habilitó a que las empresas acortaran jornadas laborales, y también los sueldos. Sólo entre marzo y abril se produjeron casi 500 mil despidos, según informó la ministra de Trabajo María José Zaldívar.
La vuelta a las ollas populares
La restricción de actividades y ahora la cuarentena obligatoria dejaron a miles de chilenos sin su sustento diario. El gobierno no planteó alternativas al “quedate en casa”. Las organizaciones con trabajo en los territorios tuvieron que redoblar esfuerzos. “El gobierno hizo muchos anuncios pero no llega nada al bolsillo de la gente. A mediadados de abril empezamos dando cien raciones diarias de comidas. Ahora estamos cerca de las 700 y no damos abasto”, manifestó del otro lado del teléfono Jorge Sotelo de la Asamblea de Organizaciones Sociales y Políticas. Esta organización milita en la populosa región de Puente Alto, al sur de Santiago. Allí tuvieron que extremar las medidas de cuidado ante el avance de la covid-19. “Llevamos contabilizadas 23 familias con coronavirus. Se tienen que aislar y para eso nosotros les llevamos un plato de comida porque sino salen, ¡no les queda otra!”, explicó Sotelo. En los barrios, ante la ausencia del Estado acatar la cuarentena no es una opción. “En el centro de Puente Alto la gente sigue su vida casi normal. Si hoy salís a la calle vas a ver colas por todos lados. Puede ser un desastre”, sostuvo el militante social.
Las villas chilenas son el resultado del neoliberalismo feroz que impera en Chile. El modelo atravesó todos los gobiernos desde la dictadura de Pinochet hasta hoy. La revuelta social del año pasado dejó en claro que el pueblo no quiere seguir así. Las organizaciones sociales absorbieron parte del descontento y se plantearon como alternativa para empoderar al pueblo trabajador. “Estamos empezando iniciativas de economía popular. Hace poco formamos una Cooperativa (COPAM) que se transformó en un aliciente para miles de familias. Estamos comprando productos de primera necesidad a un precio mucho más bajo”, sostuvo González. Para la dirigente las protestas que empezaron esta semana van a repetirse. “La gente va a seguir mostrando su rabia y la necesidad de cambiar la relación con el Estado. No queremos que nos sigan marginando de las decisiones políticas”, manifestó la vocera de Ukamau.
Informe: Juan Manuel Boccacci
