El Ministerio de Economía consideró que “no es factible” aplicar en el segundo semestre una nueva fórmula de movilidad jubilatoria. En diciembre el Gobierno dispuso la suspensión de la actual ley por 180 días, y buscará extenderla por el mismo período, es decir, hasta fin de año. Por tanto, los próximos dos aumentos, en septiembre y diciembre, volverían a darse por decreto. La cartera económica considera que no puede volver a aplicarse la fórmula que rigió entre 2017 y 2019 dado que los jubilados perdieron poder adquisitivo e implica “un costo fiscal muy alto”. En tanto, asegura que las variables económicas que deben definirse para un esquema de movilidad “se encuentran alteradas por la extraordinaria situación”.

La actual ley de movilidad es la que promovió el macrismo y se sancionó en 2017. Esa norma fue suspendida por 180 días en diciembre de 2019, plazo que termina el próximo 20 de junio. Por eso es que los aumentos de marzo y junio fueron por decreto. Así fue establecido por la ley de solidaridad social, que también aseguraba que se conformaría una comisión para redactar una nueva ley de movilidad. Debido a la pandemia, la comisión se constituyó recién el lunes de esta semana. Tanto el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, como los funcionarios de Economía consideran que la suspensión debe mantenerse otros 180 días. 

“La nueva fórmula debe tener como propósito la estabilidad de los haberes previsionales en el tiempo, así como ser consistente con el objetivo de recuperar la sostenibilidad fiscal del Estado Nacional”, aseguró Roberto Arias, secretario de Política Tributaria, quien participa de la comisión por el Ministerio de Economía.  Las restricciones fiscales son “centrales” en los aumentos de las jubilaciones. Las prestaciones previsionales representan un 46 por ciento del gasto primario nacional y un 8,6 por ciento del PBI en el 2019.

La cartera económica descarta volver a la fórmula del macrismo, que actualizaba las jubilaciones por la inflación, con un rezago de seis meses. En cuanto a los haberes, Arias escribió en su Twitter: “Generó una importante pérdida de poder adquisitivo. Los jubilados de menores ingresos perdieron 15 por ciento contra la inflación entre diciembre de 2017 y 2019”. En cuanto a las restricciones fiscales, agregó: “El rezago de la fórmula produce que, en escenarios macroeconómicos de desaceleración de la inflación, crezca el gasto en términos reales haciendo insostenible la dinámica fiscal de ese proceso”.

En cuanto a la justificación de continuar los aumentos por decreto por sobre establecer una nueva ley, aseguró: “Más allá del diseño de fórmula, las variables económicas implicadas en su funcionamiento se encuentran alteradas por la extraordinaria situación económica, consecuencia de la pandemia. Estos cambios extremos en actividad económica, recaudación y salarios, generan un contexto de volatilidad e incertidumbre que hacen no recomendable en este momento vincular los haberes de los jubilados (y el principal gasto nacional) a una regla de movilidad”.

El Gobierno dejó trascender en distintas oportunidades que busca volver a una fórmula similar a la de 2009, con una movilidad basada en salarios y recaudación. “Cuando la recaudación disminuye en términos reales y con los movimientos extremos de otros indicadores, un índice de movilidad muy posiblemente operaría con fuerza en perjuicio de los jubilados”, opinó Arias. Actualmente la recaudación y los salarios se encuentran en caída libre. Por estos motivos es que desde Economía consideran seguir con las subas por decreto. Estas subas, anticipan, buscarán “cuidar el poder adquisitivo de los haberes” y priorizar a los adultos mayores “que cobran un haber mínimo”. Con los últimos dos aumentos y los 13 mil pesos de bonos, las jubilaciones mínimas, que representan más de la mitad del total, crecieron en términos reales y superaron a los aumentos previstos por la movilidad suspendida.

Economistas y abogados consultados por PáginaI12 coinciden con esta mirada. Sin embargo, alertan por las desventajas. “Las subas implican pérdidas con respecto a la ley anterior, y eso podría derivar en un aumento de los juicios al Estado”, afirmó Sergio Rottenschweiler, economista especializado en seguridad social. En tanto, el abogado previsionalista Federico Bobrovsky aseguró que ya comenzaron las consultas sobre posibles juicios, aunque no lo recomienda para el corto plazo, por existir una declaración de emergencia económica. Pero anticipó: “Achatar la pirámide mucho tiempo genera problemas a futuro, porque después se puede producir un nuevo Badaro”. Entre 2002 y 2009, las jubilaciones se aumentaron por decreto. Hasta 2005 se dieron mayores subas para los haberes mínimos, tal como ocurrió en marzo de este año. Y desde 2006 se mantuvieron las subas por decreto pero en forma general, como ocurrirá el mes que viene. Pero en 2006, la Corte Suprema por medio del fallo Badaro estableció que es deber del Poder Legislativo establecer el cumplimiento de la movilidad de los haberes, también fijado en el artículo 14 bis de la Constitución.