Las sucesivas modificaciones que sufrió el régimen de asistencia al trabajo y la producción (ATP), originalmente planteado como un mecanismo de auxilio a los trabajadores de pequeñas y medianas empresas de hasta 100 empleados, permitió el aprovechamiento del subsidio por parte de grandes empresas, incluso transnacionales o firmas radicadas en guaridas fiscales. Matías Cremonte, presidente de la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas, apuntó además contra empresas que solicitaron la asistencia del Estado y siguen tomando medidas en contra de sus trabajadores, como despidos o suspensiones con recorte de salarios. Y respaldó la iniciativa de la diputada nacional Fernanda Vallejos, quien propuso que el Estado se quede con una participación de las grandes firmas a las que asiste por la pandemia.
Esta propuesta provocó una reacción destemplada del establishment y originó la presentación de un proyecto, por parte de la oposición, para prohibir que las ayudas que otorga el Gobierno puedan condicionarse a la participación en el capital social por parte del Estado. Cremonte, desde la AAL, apoyó la iniciativa de la legisladora y calificó como “absurda” la presentación del bloque opositor.
“Creo que lo que planteó la diputada Vallejos es algo absolutamente razonable que se discute en el mundo, no es una invención argentina, porque el Estado está invirtiendo para salvar empresas que por ahí no pueden devolver inmediatamente ese crédito. Entonces, ¿por qué no lo pueden devolver con acciones o con una participación?”, sostuvo el abogado laboralista.
Por su parte, dirigentes de las pequeñas y medianas empresas nacionales se manifestaron “azoradas por las reacciones y argumentaciones sin fundamento ante las expresiones de la diputada Vallejos”. Los representantes de las pymes agrupadas en la CEEN (Central de Entidades Empresarias Nacionales) destacaron que, “salvo que resulte sólo un ejercicio de cinismo y tergiversación intencionada, no es concebible que se señale como `extorsión´ o `asalto´a una medida que sería elemental para la preservación del patrimonio público a través de la capitalización accionaria, como ocurre en forma habitual en países que ellos mismos denominan como serios”.
Juan Ciolli, vicepresidente del CEEN, apuntó que “indigna que mientras en forma masiva las pymes estamos bregando por subsistir y sólo accedemos muy limitadamente a líneas de crédito ante las exigencias de garantías impuestas por los bancos, se plantee una defensa servil y cínica hacia grupos con posiciones dominantes, muchos de ellos privilegiados con prebendas estatales o aun, varios de ellos, sospechados por evasión tributaria y fuga de capitales por su relación con guaridas fiscales”.
