El hecho de que directivos de la gigante metalúrgica Techint, entre otras empresas, hayan sido beneficiados por el programa de Asistencia de Emergencia para el Trabajo y la Producción (ATP) que otorga el Gobierno para paliar la crisis causada por la cuarentena generó la reacción crítica de dirigentes gremiales. El canillita y senador bonaerense del Frente de Todos, Omar Plaini, y el titular de la CTA Autónoma, Pablo Micheli, cuestionaron que el beneficio llegue a gerentes. En ese contexto reclamaron que el beneficio solo sea para los trabajadores. En el Consejo Directivo de la CGT no hay, al menos por ahora, una posición unificada pero en general respaldan esta herramienta que implementó la Casa Rosada para auxiliar a las empresas en el marco de la crisis que se profundizó por la pandemia de coronavirus. Desde el Gobierno consideran que los sindicalistas molestos están mal informados y afirman que el mecanismo de la ATP ha beneficiado a 2,2 millones de trabajadores o, lo que es lo mismo, signfica una ayuda de 35 mil millones de pesos.

Plaini fue el primero en hacer público su malestar. El actual senador provincial aseguró que los trabajadores canillitas están viviendo “una situación desesperante. Estamos reclamando, hicimos varias notas al ministro de Trabajo pidiendo una asistencia económica. Necesitamos esos 10 mil pesos del IFE (Ingreso Familiar de Emergencia) para parar la olla”, indicó. Estas quejas de Plaini tienen un tiempo. Hace más de un mes que pidió, y ahora lo reiteró, que los afiliados de su gremio sean incluidos en la asistencia de la Anses pero aseguró que todavía “no hay respuestas”. Es por ello que Plaini dijo sentirse con “impontencia y bronca” cuando trasciende que el gobierno nacional ayudó, a través de las ATP, a empresas más que importantes. En ese sentido dijo que va a “seguir peticionando que la clase trabajadora sea el eje central de todo el desarrollo humano”.

En tanto, Micheli primero criticó que hubiera “importantes directivos” de grandes empresas beneficiados con el ATP y consideró que pagarles a estas personas “es una burla”. Luego le apuntó a Moroni: “Pareciera el ministro de Trabajo de otro gobierno, porque no tiene nada que ver con lo que plantea el presidente Alberto Fernández. Tiene mucho más interés de que les vaya bien a los empresarios en detrimento de los trabajadores”, aseguró.

El Consejo Directivo de la CGT por ahora no emitió una declaración oficial y tampoco hay una opinión unificada. Algunos de los conductores de la central obrera no comparten esta lectura que hacen Plaini y Micheli. Es más, consideran que hay cierto grado de desconocimiento de cómo funcionan las empresas privadas. Uno de los principales dirigentes cegetistas prefiere manejarse con cuidado en cuanto a las críticas hacia el gobierno: “Es posible que siendo trabajador del Estado, donde los salarios y la estabilidad laboral están garantizados, o incluso siendo independiente quizá no vivan la realidad que tienen otras organizaciones sindicales del sector privado y se habla con demasiada liviandad”, dijo a PáginaI12. Pero, por si acaso, reconoció que “puede haber alguna gran empresa que no merezca recibir el ATP”.

La ATP se implementa con una compleja instrumentación que involucra a los ministerios de Economía (Martín Guzmán), Desarrollo Social (Daniel Arroyo), Trabajo (Claudio Moroni) y la AFIP, todos bajo la coordinación de la Jefatura de Gabinete. El “canal” por el que ingresa la solicitud es la AFIP que conduce Mercedes Marcó del Pont y se eligió esta institución porque es la que posee el mejor y más sofisticado sistema de información con el que se realiza la evaluación de las solicitudes para acceder a la ATP.

El punto fue que en un principio este beneficio sólo incluía a las empresas que tuvieran cien empleados, pero ese número quedó rápidamente corto. Entonces se amplió a todas aquellas que eran consideradas actividades escenciales. Eso disparó otras críticas porque ahí aparecieron otras actividades, como las estaciones de servicio que estaban autorizadas a funcionar pero no había autos en la calle, que reclamaron poder acceder a esta ayuda. Eso se amplió pero cuando se levantó el límite de empleados hubo una avalancha y por ahí se colaron las empresas gigantes como Techint y comenzó el problema porque muchas pymes quedaron relegadas.

Según informaron desde la AFIP, se presentaron 450 mil empresas que representan 8 de cada 10 de las que existen en la Argentina. De este universo sólo accedieron al beneficio unas 258 mil firmas, algo así como 5,5 de cada 10. A partir de eso, la ATP llega a unos 2,2 millones de trabajadores que, en dinero, representan unos 35 mil millones de pesos. Cada ATP puede representar hasta dos salarios mínimos o la mitad del sueldo del empleado. Las que todavía no pueden acceder a este auxilio son las cooperativas pero para ellas el Comité de Evaluación y Monitoreo del programa está elaborando un abordaje especial porque, a diferencia de una empresa, las cooperativas no tienen trabajadores.

En cuanto a la polémica que desató el hecho de que los gerentes de Techint accedieran al beneficio, desde las oficinas de la AFIP sostienen que la responsabilidad es de la empresa que al entregar la nómina de beneficiados, tal como lo exige la resolución que implementa las ATP, deben incluir el CUIT, CUIL y CBU de sus empleados y ahí fueron los de su plantilla gerencial. Por lo tanto, nadie en el Estado quiere hacerse cargo de que en algún lado, como suele decir Maradona, “se escapó la tortuga” porque Techint no es la única, también está la empresa Vicentin que recibió el beneficio pese a que sus autoridades están imputadas penalmente en una denuncia por préstamos irregulares recibidos del Banco Nación durante la gestión del macrista Javier González Fraga. Otra de las grandes empresas que recibe la ATP es La Nación.

Hubo otro problema que generó este beneficio y fue que al mismo tiempo que se implementó se produjo un peligroso incremento del valor del dólar disparando la brecha entre el oficial y el paralelo. Por ese motivo, el gobierno determinó que aquellas empresas que reciben auxilio para pagar los sueldos no podrán operar con ninguno de los mecanismos que existen para hacerse de dólares como el contado con liquidación, distribuir utilidades y comprar sus propias acciones. Esto lo definió el Comité de Evaluación y Monitoreo del programa que otorga la ATP. Ahora bien, en caso de que quisieran continuar jugando con el dólar deberán renunciar al beneficio y devolver el dinero que recibieron del Estado en concepto de ayuda.

 

Para esto la AFIP habilitó un sistema para que se concreten las devoluciones. Hasta ahora hubo muy pocas empresas que renunciaron al beneficio en tanto que otras pymes continúan esperando poder acceder al Programa de Asistencia de Emergencia para el Trabajo y la Producción.