El informe de Naciones Unidas da cuenta del accionar de las empresas en el ámbito científico, donde tienen llegada a ministros, secretarios, universidades y financia grupos de investigación: “Las empresas a menudo ponen en tela de juicio las pruebas científicas de los peligros asociados a sus productos. Las compañías han sido incluso acusadas de fabricar pruebas deliberadamente para infundir incertidumbre científica y retrasar las restricciones. También se han formulado acusaciones graves de que se ha ‘comprado’ a científicos para que reformulen los aspectos clave del debate relativo a este sector”. Por contraparte, denuncia que los científicos que dan a conocer riesgos para la salud y el medio ambiente en detrimento de los intereses de las empresas “pueden ver su reputación, e incluso su propia persona, gravemente amenazadas”.