“Hoy vemos un campo fértil para que pasen cosas. La gente está deseando que pasen cosas”, describe Alfredo Serrano Mansilla, director del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag). Se refiere a cambios estructurales, de fondo, en el funcionamiento de la economía nacional. El 90,3 por ciento de los entrevistados en el último sondeo de la consultora consideraron que “el Estado debe dirigir e impulsar la economía”. Incluso esa fue la opinión mayoritaria entre quienes no votaron a Alberto Fernández el año pasado. El 88,2 por ciento de las personas que se declaran opositoras al Gobierno coincidieron en que el Estado debe ocupar un rol preponderante en las actuales circunstancias.

Es lo que viene sucediendo desde la llegada de la pandemia. El 89 por ciento de los hogares del país tienen al menos un integrante que recibe un ingreso directo o un crédito subsidiado por parte del Estado. Los planes de asistencia a empresas y particulares, que necesitan incluso más impulso para extender la cobertura a sectores que aún no alcanzan, insumirán una inversión pública inédita de 1,7 billones de pesos entre abril y junio, el 5,6 por ciento del PIB. La necesidad de financiar semejante explosión del gasto público, que irá en ascenso en la medida que la cuarentena se extienda, como se prevé, también registra una alta comprensión por parte de la ciudadanía, que apoya la creación de impuestos extraordinarios a las grandes fortunas y a sectores concentrados de la economía.

Esa transformación estructural, no sin dificultades ni resistencias, está brotando en el país. No solo a nivel nacional, sino en provincias y municipios, que están imponiendo aumentos de impuestos y tasas a bancos, hipermercados, productores rurales, compañías de telefonía móvil e Internet. Hay una ebullición de iniciativas en marcha y otras en la misma dirección que apuntan a lograr una mayor equidad tributaria, como un camino posible para hacer frente a una crisis que se anticipa aguda y de largo alcance. Es importante que el Estado nacional sea el que encabece el proceso, para darle solidez y coherencia.

El reparto de cargas impositivas es algo que deberá cambiar en la nueva normalidad. Los que hicieron punta en ese camino fueron los gobiernos de La Pampa y los municipios bonaerenses de Castelli, General Lavalle, 25 de Mayo, Hurlingham y Lanús. En el primer caso, la legislatura provincial aprobó un aumento de la alícuota de Ingresos Brutos del 9 al 14 por ciento para 14 bancos privados que operan en la provincia. Los 67 millones de pesos que se esperan recaudar se destinarán a un fondo para financiar créditos a tasa cero para las pymes. En Hurlingham, el intendente Juan Zabaleta (FdT) decretó una suba del 50 por ciento en la tasa de Seguridad e Higiene que abonan bancos y entidades financieras. La recaudación será de 4 millones de pesos por bimestre, que se destinarán a fortalecer las políticas sanitarias y alimentarias en el marco de la pandemia. En Lanús, que gobierna el dirigente del PRO Néstor Grindetti, el Concejo Deliberante sancionó por unanimidad un alza del 30 por ciento de la tasa municipal sobre grandes contribuyentes. Es por seis meses y recae sobre 300 grandes empresas que facturan más de 50 millones de pesos y no fueron afectadas por la pandemia, como hipermercados, bancos, industrias alimenticias, compañías de telefonía e Internet.

El mismo concepto de cobrarles más a quienes ostentan mayor capacidad contributiva en la emergencia fue el fundamento que utilizó el intendente de Castelli, Francisco Echarren (FdT), para la creación de un aporte extraordinario de productores rurales de más de 50 hectáreas, equivalente a 42 pesos por hectárea. La medida fue aprobada por el Concejo Deliberante y logró sortear un primer intento de impugnación judicial por parte del diputado provincial Luciano Bugallo (JxC). En General Lavalle, el intendente José Rodríguez Ponte (UCR) presentó un proyecto para cobrar un cargo extraordinario a grandes productores rurales y pesqueros y fue aprobado con modificaciones por el Concejo Deliberante. En 25 de Mayo, el intendente Hernán Ralinqueo (FpV) avanzó con una contribución de los rubros que no suspendieron la actividad durante la cuarentena.

Esos ejemplos repercutieron en distintos puntos del país. En General Roca, Río Negro, la CTA de los Trabajadores elevó una iniciativa para subir las alícuotas de Ingresos Brutos a bancos y financieras privadas, productoras y distribuidoras de luz y gas, cadenas de supermercados y empresas de telefonía móvil, y un aumento extraordinario del impuesto inmobiliario rural para campos de más de 10 mil hectáreas. En Neuquén, el diputado Mariano Mansilla (FdT) presentó un proyecto muy parecido para duplicar Ingresos Brutos este año a aquellos mismos sectores empresarios y terratenientes, más petroleras y empresas de servicios petroleros. En Junín, el vicepresidente del Partido Justicialista, Matías Screpis, pidió implementar un aporte extraordinario de contribuyentes con facturación mayor a 5 millones de pesos que no hayan suspendido su actividad. En la Ciudad de Buenos Aires, el legislador Santiago Roberto (FxV) presentó un proyecto de ley para cobrar por única vez un impuesto del 1 por ciento a los bancos, aseguradoras, plataformas digitales y juegos de azar, entre otros, que en 2019 hayan pagado Ingresos Brutos desde 30 millones de pesos.

Esas iniciativas tienen como referencia a nivel nacional el impuesto sobre las grandes fortunas que impulsa el presidente del bloque oficialista en Diputados, Máximo Kirchner, que elaboró junto al diputado Carlos Heller. Este último analizó detalles finales del proyecto esta semana con el presidente Alberto Fernández. La expectativa de recaudación por el aporte extraordinario de 12 mil contribuyentes, con patrimonios superiores a 200 millones de pesos al 31 de marzo de este año, ronda entre 3500 y 4000 millones de dólares. La propuesta ingresará finalmente a la Cámara baja entre la semana que viene y la otra, para ser debatido primero en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, donde el FdT tiene mayoría para obtener dictamen. El Frente de Izquierda reclama que el impuesto sea de carácter permanente y no excepcional, como plantea el oficialismo.

El 76 por ciento de los consultados por la Celag sobre el impuesto a las grandes fortunas se manifestaron de acuerdo con su aplicación. Los votantes del oficialismo apoyaron la idea en un 89,6 por ciento, mientras que los de la oposición lo hicieron en un 64,6 por ciento. Serrano Mansilla, doctor en Economía y director del centro de estudios, advirtió en otro informe que la tasa efectiva de pago de impuestos en la Argentina es menos de un tercio de la tasa legal. “La tasa efectiva de pago como imposición promedio de las empresas es del 7,6 por ciento, contra una tasa legal del 30 por ciento”, indicó. “La mayoría de las empresas usan múltiples mecanismos establecidos en la ley para reducir la base imponible sobre la que se aplica el tipo impositivo”, cuestionó. “Es una situación común a toda América latina, donde las empresas pagan menos de lo que deberían y existe espacio fiscal, incluso sin necesidad de reformar el marco legal vigente, para que grandes empresas se comprometan a aportar más recursos para financiar al Estado”, recomendó.

La AFIP empezó a trabajar en esa dirección con los precios de transferencia, en operaciones de comercio exterior entre firmas vinculadas. La crisis del coronavirus le abre una oportunidad al Gobierno para empezar a producir cambios sensibles en un área clave como la política tributaria. Hay campo fértil para ello.