Como en las viejas imágenes del navío que atraviesa las columnas de Hércules en un mar tormentoso, Argentina enfila hacía dos picos letales y antagónicos: el punto más alto de la epidemia, por lo menos en el ámbito de la zona metropolitana de Capital y Conurbano y el punto de inflexión de una economía parada, después del cual será más difícil recomponerse.

Más que nunca vale la figura del piloto de tormentas que se aplica para los políticos en momentos decisivos. El país se introduce por un estrecho con el mar embravecido. Un toque leve para un lado o para el otro puede llevar la embarcación hacía los arrecifes.

En el pico de la infección, resulta muy difícil abrir la cuarentena. A pesar de la fuerte presión de sectores del poder económico, una apertura indiscriminada echaría por la borda el esfuerzo con resultados altamente positivos que implicaron estos días de cuarentena.

Y al mismo tiempo hay cientos de negocios y empresas al borde de la quiebra a pesar de la ayuda del gobierno. Muchos de los que empiecen a cerrar en este tramo ya no volverán a abrir o demorarán mucho en hacerlo con la consecuente pérdida de fuentes de trabajo.

Jair Bolsonaro, Boris Johnson al principio y Donald Trump la hicieron más fácil. Estrellaron el barco contra la epidemia y que se salve el que sepa nadar, los demás son descartables. El barco escoró por la epidemia y se fue a estrellar con la economía. Y así convirtieron a sus ciudades en paisajes dantescos con decenas de miles de muertos. Las fosas comunes en el Central Park es una postal del infierno que quedará en la retina de los norteamericanos por muchos años.

Argentina evitó esas situaciones y se introdujo en un embudo flanqueado por los escollos de la epidemia y la economía y está llegando al pasaje más estrecho donde la muñeca del timonel-político deberá esmerarse hasta el mínimo detalle. La caída de once puntos del PBI es la boya de alarma.

Desde el otro lado se avizoran las luces rojas cuando el país ya cuenta con unos diez mil infectados y casi 500 muertos, 400 de ellos en la zona metropolitana y del conurbano. Son cifras bastante menos alarmantes que las de la mayoría de los países de la región y de muchos del resto del planeta. Los especialistas infieren de esas cifras que estaría próximo el pico de la epidemia.

Es un momento crítico porque si bien el esfuerzo es respaldado por la gran mayoría de la sociedad, también está llegando a un punto de fatiga por el confinamiento y la falta de trabajo. Es extremado y milimétrico el cálculo que se debe aplicar. Se lanza el subsidio para los salarios de las empresas y aparecen cobrándolo ejecutivos de corporaciones como Vicentin y Techint, que se ha enriquecido con préstamos del Estado que no van a devolver, en el primer caso, o que ya ha ordenado despidos masivos, la otra.

Para complicar un panorama ya complicado, el mismo Grupo Clarín que quiso favorecerse con este Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción lanzó una campaña contra esos mismos subsidios. “Ayuda oficial: El gobierno lleva gastado por la cuarentena, 20 mil millones de dólares, la mitad del préstamo del FMI”, fue uno de los titulares esta semana. Piden la plata y cuando la reciben, critican que se la den.

El título es mentiroso, porque se trata de pesos argentinos y no dólares, no tiene que ver con ninguna deuda y además va al bolsillo de los trabajadores y no a cuentas offshore de amigos del gobierno, como sucedió durante el macrismo. Critican con mala fe pero se anotan en los beneficios.

Alberto Fernández recibió en Olivos a representantes del movimiento Garganta Poderosa y después de escucharlos les agradeció porque los datos que le hacían llegar sobre las villas en la CABA eran diferentes. El Presidente trata de no partidizar la problemática, pero tampoco quiere cargar con responsabilidades de las autoridades de aplicación en cada distrito.

Un ejemplo: Si una persona se infecta en un barrio de clase media, es trasladada en ambulancia. En la villa ya bautizaron “coronabús” al ómnibus donde trasladan a la gente infectada junto con su entorno, convirtiéndolo en otro foco infeccioso. Fueron algunos de los detalles que escuchó el presidente. Una de las consecuencias fue que se empezaron a instalar dos centros de aislamiento cerca de la villa Padre Mujica para evitar la gira en coronabús.

Los debates se intensifican. Desde 2001, cuando comenzaron a distribuirse los planes Trabajar para los desocupados, hubo un gran revuelo mediático para criticar que se les diera plata. Se exigió una contraprestación a los trabajadores desocupados que eran favorecidos. Ahora, la mayoría de los planes son para cooperativas de trabajo que llevan implícita esa contraprestación.

Por su parte la diputada del Frente de Todos Fernanda Vallejos propuso que en vez de subsidiar a las grandes empresas, el gobierno compre parte de sus acciones. O sea que el subsidio no sea gratis, sino a cambio de acciones, como sucede en varios países de Europa que han comenzado el salvataje de empresas.

La propuesta armó tremendo revuelo. Lo más probable es que salga antes el aporte extraordinario de las grandes fortunas, cuya discusión está más avanzada. Pero resulta interesante que los que exigieron una contraprestación a los trabajadores desocupados que reciben subsidios, sean los mismos que exijan que los subsidios a las grandes empresas no la tengan.

En ese canto de sirenas apareció la denuncia de un Centro Simón Wiesenthal cada vez más desprestigiado por el uso politiquero de la sigla que ganó prestigio con la captura internacional de criminales nazis.

La política de salud durante el gobierno de Mauricio Macri se basó en el ajuste permanente, en desfinanciar programas, suspender acciones, abandonar hospitales y reducir la salud pública al mínimo posible. Alberto Fernández representa la idea contraria y debe afrontar una epidemia con la salud pública que heredó de un gobierno contrario a la salud pública.

La lucha contra la epidemia revalorizó ante la sociedad a la salud pública, lo cual implica un demérito para el gobierno pasado. Si existe un símbolo indiscutido de la salud pública es el sanitarista Ramón Carrillo.

La denuncia contra este símbolo de la medicina social y salud como derecho, hecha sin documentos, ni pruebas que la sostengan, resultó funcional a la necesidad de la derecha de esmerilar esa idea de salud pública. Lo quisieron ensuciar antes como “corrupto”, pero Carrillo, que manejó una caja inmensa durante el peronismo, murió pobre en Brasil.

Carrillo salvó la vida de decenas de miles de argentinos. No solamente merece estar en un billete, sino que tendría que haber plazas y monumentos con su nombre. La denuncia provino de la sede para América Latina del Wiesenthal a cargo del argentino Ariel Gelblung, relacionado en la colectividad judía con el sector de Rubén Beraja, acusado del encubrimiento del atentado contra la AMIA. En ese sector participan el ex ministro Claudio Avruj y el diputado ultramacrista Waldo Wolff.

El periodista Horacio Lutzky, que investigó el atentado a la AMIA, lo relaciona con el negocio del tráfico de armas que se realizaba desde Argentina. En su libro La explosión, menciona a Gelblung como directivo de la empresa Terminal Portuaria Intefema, “dedicada exclusivamente a facilitar el contrabando de armas”. Este personaje es el que denunció a Carrillo.

La nave va.