El juez de Garantías 2 de Tartagal, Héctor Fernando Mariscal Astigueta, hizo lugar a la solicitud del fiscal penal de Salvador Mazza, Armando Cazón, y declaró la incompetencia material y territorial de la justicia provincial, en una causa que tiene a cuatro imputados detenidos tras el robo millonario de una antena de alta tensión en la localidad de Aguaray y que formaba parte del acuerdo binacional de interconexión eléctrica entre Argentina y Bolivia. La causa pasará al fuero federal.

La intervención del fiscal provincial se produjo a partir de las actuaciones de la Brigada de Investigaciones de la Policía de la provincia en Tartagal y Salvador Mazza, luego de que el administrador de un proyecto de obras de compensación tomara conocimiento a través de un puestero y denunciara que el pasado 23 de febrero, un grupo de personas volteó una torre de cableado de alta tensión ubicada frente a la comunidad Tres Quebradas, de Aguaray. El denunciante también indicó que en el lugar había una camioneta negra con siete hombres a bordo.

En la ampliación de la denuncia, el administrador manifestó que el costo de la antena robada y destruida es de 30 mil dólares y que el costo total del daño fue de cuatro millones de pesos.

La Policía luego se enteró de que los propietarios de una ladrillera ubicada en el paraje Virgen de la Peña tenían en su poder hierros similares a los de la antena. Según la información oficial del Ministerio Público Fiscal, al llegar al lugar los policías fueron recibidos por un hombre que manifestó trabajar como changuero, quien informó sobre los nombres de los dueños del lugar. También observaron que las bases para sostener maquinaria estaban construidas con hierro galvanizado y presentaban un código alfanumérico con el logo de una antena.

Ninguno de los dueños pudo justificar la procedencia de los materiales y solo uno de ellos adujo que fueron comprados por 2 mil pesos a unos paisanos del paraje Yacuy. En total, 279 caños fueron secuestrados con hierros color gris galvanizados, con código alfanumérico y logo de la empresa damnificada.

Teniendo en cuenta las denuncias, testimonios, informes policiales, imágenes fotográficas, inspecciones oculares y elementos secuestrados, el fiscal Cazón entendió que los elementos fueron suficientes para imputar provisionalmente a cuatro personas por los delitos de robo calificado, las cuatro están detenidas.

La antena de alta tensión formaba parte del Corredor de Intercambio Juana Azurduy, instalada por la contratista y encargada del proyecto ESE&CC para el abastecimiento de energía al sistema local desde Bolivia.