Luego de once días de acampe en el Hospital Municipal de Salud Animal de Salta los cinco trabajadores que pedían su reincorporación decidieron levantar la medida de fuerza en la madrugada del viernes. Desde la Secretaría de Protección Ciudadana dijeron no entender el reclamo, debido a que los contratos de los trabajadores habían finalizado el 31 de enero de 2020.

“La decisión se tomó durante la noche de hoy (por el viernes), cuando tuvimos unos fuertes vientos ante el clima (frío) que se presentó. Estábamos en unas condiciones en las cuales no podíamos afrontar la manifestación”, sostuvo quien se desempeñaba como operario en el hospital, Rodrigo Zambrano.

Si bien el clima interfirió en la decisión final, Zambrano dijo que se trató de una “seguidilla de cosas”. Entre ellas, el aviso de que iban a ser denunciados por la Municipalidad de Salta.  “Un funcionario de la Municipalidad nos avisó que se iniciaría una presentación penal por protestar en la vía pública durante la cuarentena”, explicó el trabajador.

Esta advertencia causó temor entre los manifestantes porque “si nos realizaran la denuncia penal ya no podríamos conseguir trabajo en ningun lado”. “Imaginensé si ahora no conseguimos nada, como sería si tenemos esas denuncias. Eso nos tiró para atrás”, explicó.

El secretario de Protección Ciudadana, Nicolás Kripper, reconoció que hicieron esta advertencia pero aseguró que no incurrieron en amenazas sino que “como organismo municipal queríamos dar cumplimento a la cuarentena y estábamos viendo que no se cumplía el distanciamiento social y tampoco las normativas de higiene”. Además, resaltó que la protesa se dio “con un tema que ya estaba hablado”.

En ese sentido, Kripper dijo a Salta/12 que “no se entendía el reclamo” porque “era un tema que ya habíamos tratado en una reunión con los gremios donde se daba a conocer que los contratos por agrupamiento político habían llegado hasta el 31 de enero”. “Había imposibilidad de continuar el contrato”, subrayó.

De los cinco trabajadores en protesta, el funcionario dijo que uno de ellos conservó una fuente laboral en el Instituto Provincial de la Vivienda de Salta, y que en el caso de continuar su contratación con el municipio se incurría en una “incompatibilidad” porque no se puede tener dos empleos en el Estado.  

En tanto, los trabajadores advirtieron que fueron echados en febrero sin que les hayan pagado ese mes y sin aviso previo de desvinculación. Aseguraron que no se respetó el artículo 5 del Convenio Colectivo de Trabajo , que permite la contratación de familiares cuyos padres eran trabajadores activos y fallecieron o se jubilaron bajo las leyes previsionales vigentes. Además manifestaron no pertenecer a los contratos de agrupamiento político. 

Con respecto al aviso de una posible denuncia penal, Kripper dijo que se evitará iniciar las acciones legales “entendiendo que ha primado la buena fe y los trabajadores levantaron las medidas de protesta”.

El funcionario aseguró que la prioridad es “poner al servicio de los barrios” el área de Bienestar Animal y que ya se encuentran trabajando en los Centros Integradores Comunitarios (CIC) de los barrios Unión y Asunción. “La atención se hace con personal propio donde se acerca un responsable veterinario y un operario”, agregó. “El hospital atiende de forma normal y todos los días. Además estamos trabajando para activar en cada lugar de la ciudad”, sostuvo.

Kripper añadió que desde el inicio de la gestión del 10 de diciembre “nos hemos concentrado en hacer más efectivo el servicio”. Contó que se llevaron adelante castraciones y se sumó un móvil para la actividad. Destacó que aún en la cuarentena “no abandonamos la atención de los animales”. También se dio atención al refugio de animales, a la alimentación de aquellos que transitaban la ciudad y el control de fauna. Más la vacunación antirrábica. 

Más razones para levantar

Zambrano contó que a los dichos de posibles acciones legales, se sumó el sexto positivo de Covid-19 en la provincia, cuyo conocimiento incentivó a los trabajadores a reforzar las medidas de seguridad por su salud y las de sus propias familias. Ayer por la tarde se conoció el séptimo caso de Covid-19. 

Otra razón tiene que ver con la asistencia alimentaria y económica en sus hogares. "Nuestras familias no tienen el sustento económico para pasar el día”, dijo el trabajador. Por ello, para “priorizar el plato de comida en nuestras casas" decidieron "levantar esta forma de protesta, pero vamos a continuar manifestándonos”. “Todos los días tenemos que poner el pan en nuestras mesas” y ante esa realidad volverán a las “changas” que venían realizando y que por el acampe en el ingreso del hospital se vieron frenadas.

“Veremos de qué manera continuamos porque nosotros queremos nuestros trabajos de vuelta”, y por eso “estamos muy agradecidos con los vecinos que nos brindaron su apoyo y asistencia alimentaria”, manifestó Zambrano.

Los trabajadores solicitaron que al menos se les abonen los días trabajados en febrero. Zambrano contó que el 18 de febrero les notificaron que ya no tenían tareas que desempeñar en la institución. Sin embargo, con la recomendación de los gremios, ellos siguieron firmando planilla hasta completar el mes. Los operarios contaron que ese tiempo trabajado aún no fue compensado, pero que les "dijeron que nos iban a liquidar esos días, y ojalá sea así”, expreso el trabajador.