Diferencias sobre el ingreso de comerciantes y los cuidados vecinales en caminos cercanos a la zona de frontera se dirimieron el jueves último en una confrontación entre miembros de comunidades originarias. Hay denuncias cruzadas, con acusaciones mutuas. El problema original, sin embargo, parece ser, en el marco de la cuarentena por la pandemia del coronavirus, la falta de personal policial y de Gendarmería en la triple frontera entre Argentina, Paraguay y Bolivia en el municipio de Santa Victoria Este.
El intendente de este pueblo, Rojelio Nerón, había relatado a Salta/12 que ante la falta de fuerzas oficiales en la zona de cruce del río Pilcomayo decidió hablar con las autoridades de Yacuiba, en Bolivia. “Tengo relación con el alcalde y me ayudó poniendo gente del Ejército boliviano” en parte de esta frontera, dijo. Pero ante la realidad contó que miembros de la comunidad de La Nueva Curvita, ubicada antes de llegar a Santa Victoria Este, decidieron asentarse sobre la ruta provincial 54 para monitorear el paso de quienes ingresan al municipio. La acción es, de hecho, avalada por el funcionario comunal.
Un control similar se apostó sobre la misma ruta pero a la altura de la comunidad Misión La Paz, cuya frontera es con Paraguay, por el puente internacional que comunica con el paraje Pozo Hondo, del lado paraguayo. El jueves una persona quiso ingresar con su camioneta a la comunidad y al ser frenado el conductor preguntó por Alejo Gallardo, presidente del por ahora intervenido Instituto Provincial de Pueblos Indígenas (IPPIS). En ese momento se encontraba en el control Ricardo Rojas e impidió el ingreso.
Según la denuncia que Rojas hizo en la Policía, Gallardo se dirigió con otras 15 personas cuestionando la actitud de Rojas y lo golpeó en la cara. Mientras esto acontecía otras personas empezaron a sacar las ramas ubicadas en el camino. El agredido afirmó que Gallardo agarró una piedra y se la lanzó golpeando la muñeca de su mano izquierda.
Gallardo, por su parte, afirmó en diálogo con Salta/12 que fue su hijo quien lo defendió golpeando a Rojas en defensa propia. Añadió que quien iba en la camioneta era el contratista de cinco casillas que se erigen dentro de la comunidad y que deben ser concluidas.
Sin comerciantes en la comunidad
Pero Gallardo dio a conocer que el malestar se arrastra por el impedimento del ingreso de comerciantes a Misión La Paz. Sucede que durante las fechas de cobro de beneficios sociales se suelen realizar ferias en los distintos parajes más grandes de Santa Victoria Este. Pero con las medidas de seguridad autogestionadas los comerciantes esta vez no pudieron pasar a Misión La Paz, que es donde tuvo lugar la confrontación entre Gallardo y Rojas.
El miércoles Gallardo ya había denunciado en el destacamento policial de Santa Victoria Este el impedimento del acceso de los comerciantes a Misión La Paz durante las fechas de cobro. Incluso sostuvo que la orden policial fue instar a que se levante el control, y el compromiso de quienes están en él, de actuar en consecuencia.
Gallardo consideró que estas actitudes pueden generar un desabastecimiento en los comercios de la zona yendo por encima de lo establecido por el decreto nacional cuando se trata de actividades esenciales. Y entendió que si bien la pandemia es peligrosa, en la zona debería haber presencia de fuerzas de seguridad como Gendarmería Nacional o la Policía de la provincia.
Sin embargo, la confrontación generó enojo en Misión La Paz, que espera dirimir en una asamblea el alejamiento de Gallardo (que es del Pueblo Chulupí) de la presidencia del IPPIS.
Gallardo, en tanto, tuvo respuestas desde el Concejo Deliberante santavictoreño, al que había presentado la nota para revertir el impedimento del paso de comerciantes. “Hemos resuelto que sea solamente gente de la zona”, dijo el presidente del cuerpo legislativo municipal, Rafael Andrada, al negar que se haya avalado el ingreso de comerciantes que cruzan desde Bolivia. En la resolución que se aprobó el jueves se dispuso que se permita “el abastecimiento de artículos de limpieza y alimentos a través del transporte de cargas por rutas y caminos vecinales del municipio”.
El IPPIS, intervenido
El IPPIS es una institución de carácter autárquico. Está conformada por una comisión directiva que tiene nueve vocales, representantes de los nueve pueblos indígenas reconocidos oficialmente por la provincia: Wichí, Guaraní, Kolla, Diaguita Calchaquí, Chorote, Toba, Chané, Tapiete y Chulupí. Los integrantes de estos pueblos viven por lo general en grupos denominados comunidades, ubicadas en distintos puntos de la provincia.
Este año deben elegirse candidatos para renovar las autoridades del Instituto, pero será en la segunda mitad del año. El sábado 13 de octubre las comunidades elegirán a sus representantes. Posteriormente, el 1° de diciembre, elegirán los vocales, uno por cada uno de los nueve pueblos que participan de la conducción del IPPIS. La presidencia va rotando entre los representantes de los pueblos y en las últimas elecciones, de 2018, se debía dirimir el cargo entre los pueblos Chané, Chulupí y Diaguita Calchaquí. Gallardo, quien fue votado por las comunidades chulupíes como vocal, fue elegido presidente. En marzo del año pasado, a menos de seis meses de asumidos los vocales, el gobierno provincial intervino la el área administrativa-financiera de la entidad por tres meses que se prorrogaron hasta el presente.
Oficialmente se indicó que se habían detectado “numerosas irregularidades en la administración económico – financiera, consistentes en una deficiente e informal registración de los ingresos y egresos de fondos”. Se añadió la “falta de desarrollo que garantice la integridad y confiabilidad de los datos que contienen, como así también la falta de libros contables manuales y de un sistema de registración financiero – presupuestario”. A ello sumaban una auditoría que advertía que “durante los años 2018 y 2019 se habría entregado fondos con cargo de rendición a los responsables de las distintas etnias sin que hubiesen rendido el destino asignado a los mismos, como también el retiro de dinero de la cuenta bancaria ‘sin asignación específica’ y sin intervención del área contable, es decir sin contar con la pertinente orden de pago”.
La historia del IPPIS es, de todos modos, una historia de recurrentes intervenciones.
