Alrededor de mil familias se asentaron hace cuatro días en la parte final del barrio San Calixto en terrenos privados de la zona sur de la ciudad de Salta. Piden la presencia de funcionarios de gobierno y del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV).

"Cada vez hay más familias. La gente limpió todo el descampado y es la tercera noche que pasamos. Estamos mojados y en la nada. Hay mujeres embarazadas y bebés. No se acercó nadie del Gobierno, la Policía valló todo pero no reprimió. Vinieron personas de la firma de la gaseosa Marinaro, supuestamente son los dueños. Dicen que tienen los papeles. Nos amenazaron con que nos vayamos por las buenas. No nos mostraron una orden de desalojo", expresó la vecina de la toma Vanesa Montilla. 

Montilla tiene 32 años y 6 hijos a cargo. Contó que es moza, que trabajaba de forma no registrada en un local del centro y hace dos meses está sin trabajo por el cierre ante la pandemia, dijo que le pagaban por día y con la propina. No cuenta con recursos para acceder a comprar un terreno y especificó que hace 14 años tiene un expediente que pasó de Tierra y Hábitat al IPV pero no salió sorteada. 

"Dijimos que la intención no es adueñarnos de la tierra sino que se presente alguien del gobierno y del IPV. Somos muchas familias, tenemos expedientes desde hace años, hay muchísima gente en espera de un terreno", expresó Montilla.

La vecina señaló que las familias no tienen ingresos ante la pandemia que ha parado a la economía informal, y se les ha complicado pagar alquileres, "no tienen donde estar". 

"Hay mucha gente con la problemática habitacional. No estamos pidiendo que nos regalen nada, queremos pagar como se debe. Estamos unidos. Vamos a seguir porque no tenemos a donde ir. Nos tiene que dar la mano alguien, y solucionar los problemas que tenemos, está en peligro la salud de todos si se arma un foco de contagio. Estamos en medio del frío, con hambre, es por algo, no por gusto, las familias necesitamos un terreno", manifestó la vecina. 

La Policía de Salta informó que "los damnificados propietarios legítimos de los terrenos tomados son varios, en su mayoría ya realizaron la denuncia". Dijeron que están a la espera de que de los que faltan formalicen la denuncia. Detallaron que dispusieron la presencia de policías en el lugar en carácter preventivo. En la causa interviene la Fiscalía Penal N° 3.

Este es uno de los asentamientos más numerosos que se estableció por estos días, en que los efectos económicos de la parálisis por la pandemia del coronavirus, vienen exacerbando las dificultades de familias no propietarias para pagar el alquiler de una vivienda. 

Cerca del San Calixto, esta misma semana otras 50 familias tomaron terrenos en el barrio Justicia. También en este caso pidieron a las autoridades que dispongan medidas para que puedan comenzar a pagar los terrenos que ocuparon.  

Y en el barrio Parque La Vega unas 800 familias mantienen otra toma. En este caso la intervención del fiscal penal Pablo Paz pospuso un posible desalojo compulsivo, como ocurrió la semana con familias que se asentaron en un terreno en la ciudad de Tartagal, que fueron reprimidas por la Policía. 

El Ministerio Público Fiscal informó ayer que la mediación en el caso de Parque La Vega continuará la otra semana. Indicó que las familias se comprometieron a remitir un listado con la situación de todas las personas. "A partir de ello, se mantendrá una nueva audiencia con funcionarios de Tierra y Hábitat" y del Instituto Provincial de la Vivienda.

Déficit de 72 mil viviendas 

La historiadora Raquel Adet planteó que en Salta hay un déficit habitacional de 72.000 viviendas, a lo que se suma que no hay acceso al crédito, hay pocos terrenos y esos pocos son muy caros a causa de la especulación inmobiliaria. "Acceder a un lote es prácticamente imposible para los sectores carenciados de la población, hundidos en la catástrofe social que dejó el macrismo, que el senador tan brillantemente representa", manifestó la historiadora al responder al senador provincial Guillermo Durand Cornejo quien había reclamado que la Policía reprimiera a quienes toman terrenos privados. 

"Ante el drama de esas familias, las más pobres y desprotegidas, que por el abandono del Estado apelan al último recurso de tomar un terreno para conseguir un lugar donde vivir, el senador reclamó a los gritos la represión y se enfureció porque la Policía no cumplió con la triste misión de apalear a los que nada tienen", sostuvo Adet. 

Durand Cornejo invocó a la "sacrosanta propiedad privada y catalogó a los ocupas como delincuentes (...) Nada dijo del derecho a una vivienda digna consagrado en la Constitución Nacional que ningún gobierno ha respetado ni garantizado", añadió la historiadora y militante de derechos humanos. 

Adet destacó que al déficit habitacional "se suma la crisis provocada por la pandemia que ha dejado a miles de personas sin trabajo y sin poder pagar un alquiler, que se están quedando en la calle. Es lo que pasó con la familia desalojada el 14 de mayo de un terreno que había ocupado en barrio Los Paraísos (Cerrillos). El padre es un albañil que no pudo trabajar por la paralización de actividades provocada por la cuarentena, no pudo pagar el alquiler de la pieza donde vivía con sus cuatro hijos y fue expulsado por la dueña. Es lo que pasó también con Martín Osorio, un trabajador informal padre de cinco hijos que el 27 de abril fue desalojado de un terreno que había tomado en barrio Ceferino, y es lo que pasó con muchas de las familias desalojadas por la Policía en barrio Justicia (sudeste de la ciudad) el 16 de mayo", detalló Adet.

Y calificó al senador como "un hipócrita o un incoherente. Porque si el que la viola (la ley) es un socio político suyo, como por ejemplo el rico y poderoso senador Romero, que se quedó orondamente con las 90 hectáreas de La Ciénaga, no se indigna, no dice nada y, por supuesto, no se le ocurre llamar a la Policía. Pero si un pobre que no tiene donde caerse muerto ocupa una parcela de tierra se mesa los cabellos, se rasga las vestiduras y pide palos, palos y más palos".