La Fiscalía Penal de Graves Atentados contra las Personas de Tartagal imputó provisionalmente a seis funcionarios más por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público en el marco de la investigación de la muerte de dos hermanos del Pueblo Wichí, fallecidos en marzo pasado. Con éstos, ya son siete las personas imputadas, todas parte del sistema de salud. El Ministerio Público Fiscal de Salta informó que la Fiscalía no descarta que pueda haber más responsables en la estructura jerárquica tanto provincial como nacional.
Entre los acusados está el médico Edgar Machicao, que había denunciado penalmente a la madre y el padre de los chicos fallecidos.
Los nuevos imputados son el agente sanitario Nelson Américo Andrada; los supervisores de zona Mateo Talimpe y Víctor Rubén Palomo; el encargado de Atención Primaria de la Salud (APS), Gregorio Moreno; el licenciado en nutrición, César Adrián Murillo, y el médico Edgar Machicao. Estas imputaciones se suman a la de Mercedes Susana Ávila, quien se desempeña como coordinadora de la Niñez en Santa Victoria Este, localidad cabecera del departamento Rivadavia.
El decreto de imputación de recuerda “en fecha imprecisa, con posterioridad al 20 de marzo de 2020, Mercedes Susana Ávila, quien se desempeña como Coordinadora de la Niñez (Formación de desarrollo integral), en Santa Victoria Este, y el agente sanitario Nelson Andrada, se dirigieron a la vivienda ubicada en Vertientes Chicas, a treinta kilómetros aproximadamente de Santa Victoria Este, cuyo hijo de un año de edad, había fallecido".
Ahí se entrevistaron con el padre y la madre de este niño y "constataron que otra hija, de cinco años de edad, se encontraba en grave estado y requería asistencia médica, pese a lo cual no arbitraron los medios pertinentes para que la menor fuese asistida de inmediato"y la nena "finalmente falleció en fecha 26 de marzo de 2020”. En el certificado de defunción se consignó como causa de fallecimiento “shock séptico”.
En cuanto al nutricionista Murillo, el encargado de Atención Primaria Gregorio Moreno y el supervisor de zona Rubén Palomo, el decreto de imputación fiscal sostiene que no efectuaron los controles correspondientes en relación al estado de salud de los menores mencionados". Y sobre el médico Edgar Machicao lal Fiscalía sostuvo que radicó una denuncia penal en la que hizo constar que la causa del deceso del niño de un año, fue “gastroenteritis con deshidratación severa”, sin que ese diagnóstico le constara debidamente.
Prioridad 3
Las audiencias formales de imputación se hicieron el pasado jueves y ayer. Talimpe, Palomo y Andrada se abstuvieron de declarar. En cambio, Moreno, Murillo y Machicao, decidieron declarar ayer, asistidos por una defensora oficial.
El Ministerio Público Fiscal detalló que Moreno dijo que la familia cuyos dos hijos fallecieron estaba calificada como de “Prioridad 3”, según las normativas establecidas por el Ministerio de Salud Pública de la Provincia. El encargado de APS dijo que esa normativa establece que las familias en Prioridad 1, son visitadas una vez cada tres meses; las de Prioridad 2, dos veces en tres meses; y las de Prioridad 3, deben recibir tres visitas en tres meses.
Murillo por su parte dijo que en el Área Operativa 8, hay unas 3 mil familias, alrededor 13 mil habitantes, de los cuales unos 2500 son menores de 6 años y la mayoría de ellos son de pueblos originarios, con necesidades básicas insatisfechas y en estado de alta vulnerabilidad. Destacó que la única ambulancia disponible estuvo abocada al traslado de otro niño y no estaba en el lugar para ir al domicilio de Vertiente Chica a verificar la situación de la niña; y que solicitó a la Policía del lugar que lo trasladara hasta allí, en cuatro oportunidades, pero primero le dijeron que el móvil debía volver de un operativo y luego, que debían cargar combustible. Y al final en este móvil fueron más tarde Ávila y Aranda a ver a la familia.
El nutricionista dijo también que desde que se decretó la emergencia sanitaria por la Covid-19, en marzo pasado, las comisiones con recursos humanos y movilidad de la Nación y de fundaciones que colaboraban con la atención sanitaria se retiraron del lugar. Agregó que quedó una sola ambulancia disponible para toda el Área Operativa 8 y consideró que la estrategia territorial debió reorganizarse con recursos humanos locales. La emergencia por la pandemia vino a sumarse en esta zona a la emergencia socio sanitaria que ya se había decretado por las sucesivas muertes de niños, sobre del Pueblo Wichí, por causas vinculadas a las condiciones estructurales de pobreza y vulnerabilidad en que viven.
En el decreto de imputación, la Fiscalía también hizo constar “que atento a la etapa procesal en la que se encuentra la causa, todo lo expuesto es sin perjuicio de la determinación de responsabilidades que eventualmente pudieren surgir en la estructura jerárquica tanto provincial como nacional”.
La intervención de la Fiscalía Penal de Graves Atentados contra las Personas se produjo a partir de las actuaciones remitidas en enero pasado por la Procuración General de la Provincia.
