El titular de la Oficina Anticorrupción (OA), Félix Crous, anticipó que una auditoría en ese organismo dio cuenta de hechos “sugestivos” ocurridos durante la administración de su antecesora, Laura Alonso, y reveló “en el área de investigaciones se encontró un gran desorden administrativo", particularmente en casos vinculados a la gestión de Mauricio Macri.

“No tengo ningún interés de hacer ningún eje sobre la gestión anterior en la Oficina Anticorrupción, pero lógicamente hay que mirar” lo que pasó, dijo Crous, pero comentó que durante una auditoría a cargo de la Sindicatura General de la Nación (Sigen) e iniciada por pedido de la OA, se encontraron algunos “datos sugestivos” que habrá que investigar.

Citó como ejemplo hechos en que la OA contrató de manera directa a personal tercerizado para trabajos que podría haber hecho el personal propio de la OA. “Hay que meter el ojo por el tema de los costos”, explicó.

De la misma manera reveló que "en el área de investigaciones de la Oficina Anticorrupción se encontró un gran desorden administrativo”, particularmente “en los casos que se iniciaban contra el Poder Ejecutivo de la gestión anterior (a cargo de Mauricio Macri) y que quedaban espasmódicamente detenidas”.

Ese tipo de hechos “no se justifican” porque “ni los flujos burocráticos de la oficina ni la naturaleza del trabajo hacen ingobernable a la oficina”, dijo Crous durante una entrevista por Radio Cooperativa.

En la charla también contó cuáles son los casos que la OA investiga hasta el momento. Uno de ellos es la “subvaluación injustificada de una zona muy cotizada de Puerto Madero durante la gestión anterior”, dijo sin dar precisiones. Se refirió a la transferencia de 110 hectáreas de Puerto Sur al gobierno de la ciudad para su explotación inmobiliaria. 

El otro tema “en el que estamos trabajando es el episodio vinculado con las compras del Ministerio de Desarrollo Social” y por las cuales el ministro Daniel Arroyo le pidió la renuncia a más de una decena de funcionarios de esa cartera. “Estamos muy avanzados en ese y pondremos a disposición del fiscal nuestra observaciones”, señaló Crous.

Por otra parte, el funcionario ratificó que ese organismo “acotará su participación en muchas de las querellas” iniciadas durante el macrismo. “Estamos en 30 y solo estuvimos en las que tienen tapas de diarios muy importantes. No hay querellas contra funcionarios de la gestión anterior y las demás son querellas estelares”, criticó en alusión a lo hecho por Laura Alonso.

De esta manera, la labor de la OA se limitará a hacer denuncias y “entregárselas a la procuraduría de investigaciones administrativas, es decir a la fiscalía específica, que es la continuidad natural de la Oficina Anticorrupción en el caso de sospecha del delito”.

“La regla será que cuando seamos querellantes, seremos un querellante pasivo, más observador y controlador que proactivo, porque para eso están los fiscales”, añadió.

En este sentido reiteró que la razón fundamental por la cual la OA se apartó de las querellas iniciadas por el macrismo contra funcionarios del gobierno de Cristina Kirchner se basó en que, en términos procesales, el Estado no puede tener dos partes que lo representen. Y lo explicó:

“Es el fiscal el que representa al Estado nacional. Del otro lado está el defensor”, y esas dos partes son las que “equilibran los platos de la Justicia”. Sin embargo, si de un lado “hay cuatro representantes del Estado (el fiscal, la OA, la AFIP y la Unidad de Información Financiera –UIF-)”, hay un desequilibrio. “Ni siquiera estaba unificada la acusación”, agregó.

“Mi posición es que nunca el Estado debió haber sido admitido como querellante en ningún juicio, ni en los cuatro años anteriores ni en los quince desde que empezó este desquicio de que haya una múltiple representación del Estado en causas penales”, remarcó y recordó también que “este desquicio empezó en los ‘90”.